La coyuntura de enero y febrero, sin lugar a dudas, ha estado marcada por un contexto de descontentos y de fricciones entre la ciudadanía, un sector político del país y el Gobierno de Juan Orlando Hernández, debido al paquete de reformas de no menos de 6 leyes hondureñas, entre ellas el Código Penal, que desde inicios del mes de enero envío el Poder Ejecutivo al Congreso Nacional para su aprobación. Asimismo, por el regreso de la población hondureña a manifestarse en las calles de diversas ciudades del país, en contra de la corrupción e impunidad, y en particular, en oposición al fallo que emitió la Corte Suprema de Justicia en contra de Kevin Solórzano, un joven universitario a quien se vincula al asesinato del ex fiscal del Ministerio Público, Edwin Eguigure. 

Sin duda las dictaduras toman medidas extremas para contener las protestas ciudadanas. En Honduras desde el golpe de Estado se vienen implementando medidas de tipo penal y administrativo para dejar fuera de escena a la oposición, a periodistas y medios independientes, esto queda evidenciado con las reformas penales del presidente Juan Orlando Hernández.

Bueno, señoras y señores, tal parece que ya aprobaron las reformas al Código Penal en el Congreso Nacional, tal y como dijo este gobierno que haría. Y aunque a mi madre no le gusta que opine sobre estas cosas, porque sabiamente dice que solo me ponen en riesgo, yo no aguanto la sensación de malestar en el estómago, un deseo entre vómito, angustia y ganas de salir corriendo a algún lado, cualquiera, que me evada de esta realidad.