La situación de contagio por el Covid19 en la Penitenciaría Nacional, ubicada en Támara, Francisco Morazán, se le salió de las manos al gobierno de Juan Orlando Hernández, lo cual debió de preverse desde el principio de la pandemia y los llamados de alerta de diferentes organizaciones que interpusieron recursos a favor de los privados de libertad por el peligro latente que ahora es una realidad, según denunciaron familiares y organizaciones que trabajan en las cárceles.
Valery Elizabeth Palencia, activista de la comunidad LGTBI y miembro del Foro Nacional VIH/SIDA, denunció que el 09 de junio fue asaltada por tres sujetos en su casa en la ciudad de La Paz, quienes para despojarla de sus pertenencias la agredieron con una piedra en la cabeza y cuello.
Desconocidos fuertemente armados y con chaleco color café, supuestamente de una de las ramas policiales, ingresaron por la fuerza a la casa de un defensor de Derechos Humanos Sin Frontera, (DHSF), intimidándolo con un arma y amenazando a la hermana con detenerla por grabar y pedir ayuda desde el celular, este 08 de junio en la ciudad de Tegucigalpa, Honduras.
La Policía Nacional Preventiva fue denunciada de intimidar a pobladores del municipio de Dulce Nombre de Culmí, en el departamento de Olancho, que mantienen un retén de protección contra el virus del Covid19, desde hace varios días.
El medio surge para ayudar a los periodistas, trabajadores de los medios de comunicación y los grupos vulnerables de Honduras (jóvenes, mujeres, indígenas y personas LGBTI) a ejercer su libertad de expresión y documentar los abusos de derechos humanos.