El Estado de Honduras tiene la responsabilidad de proteger a las personas que se encuentran en situación de calle porque no sólo los adultos mayores o personas con enfermedades crónicas de base son población en riesgo ante la pandemia del COVID-19, también existe otro sector vulnerable que está en la indigencia en el país.
Este 24 de abril de 2020 los abusos policiales en los retenes llegaron a tal extremo de provocar la muerte de un ciudadano, herir a otro de gravedad y detener a un tercero. Todos son hermanos y el hecho ocurrió en la comunidad de El Paraíso en Omoa, Cortés, en la zona Norte de Honduras. Según denunciaron los familiares de las víctimas los responsables son agentes de la Policía Militar del Orden Público, PMOP, del Destacamento Maya Chortí, de Masca, en ese departamento.
Cristhian Martínez, un migrante hondureño, denunció que hay gran cantidad de personas de Honduras que están a la deriva pues fueron sacados de los Estados Unidos hacia el Estado de Tamaulipas en México, pero después llevados a otros sitios, entre ellos a la frontera con Guatemala donde les detuvieron.
La pandemia del Covid-19, ha aumentado la preocupación del Comité de la Diversidad Sexual en Honduras debido a que en su mayoría la población LGTBI se encuentra en calamidad y está concentrada mayormente en los departamentos de Cortés, Francisco Morazán, Atlántida, Colón, Comayagua y Choluteca, de los cuales cuatro son de los más afectados por la pandemia, según un comunicado de prensa difundido este 15 de abril de 2020.
El medio surge para ayudar a los periodistas, trabajadores de los medios de comunicación y los grupos vulnerables de Honduras (jóvenes, mujeres, indígenas y personas LGBTI) a ejercer su libertad de expresión y documentar los abusos de derechos humanos.