Las muertes contra la comunidad LGTBI se continúan tratando como un delito común y corriente, sin analizar el hecho en el cual influye el odio, por ser integrantes de un grupo discriminado donde el Estado de Honduras pretende soslayar esta responsabilidad.
En el marco de la resistencia y defensa de los territorios ancestrales, este 13 de febrero de 2020, María Santos, Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas y Negras de Honduras, CONAMINH, denunció agresiones verbales, hostigamiento y amenazas a muerte a varias defensoras que pertenecen al pueblo originario Maya Chortí, en la comunidad de El Florido, Santa Rita, en el departamento de Copán.
A casi seis años después de la resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, en la cual solicitó al Estado de Honduras la adopción de medidas cautelares para beneficiar a más de un centenar de miembros de organizaciones campesinas del Bajo Aguan, en el departamento de Colón, hasta el momento no se ha cumplido con lo demandado por ese ente internacional.
En un conversatorio con integrantes de los pueblos indígenas y de la comunidad internacional, integrantes de diversos sectores explicaron este 10 de febrero de 2020, cuáles son los mecanismos de los Estados para discriminar las decisiones de los pueblos que fue una de las razones del asesinato de la lideresa indígena Berta Cáceres.
El medio surge para ayudar a los periodistas, trabajadores de los medios de comunicación y los grupos vulnerables de Honduras (jóvenes, mujeres, indígenas y personas LGBTI) a ejercer su libertad de expresión y documentar los abusos de derechos humanos.