La corrupción y la complicidad institucional de un sistema de justicia carente de voluntad política para perseguir y castigar el delito, históricamente ha provocado elevados índices de impunidad que a la fecha mantiene sin castigo el 92% de los 75 crímenes contra periodistas y comunicadores sociales.

Políticos, religiosos y empresarios con mucho poder mantienen privilegios en relación a grupos comunitarios, al poseer la mayor cantidad de frecuencias de radio otorgadas el Estado de Honduras a través de Comisión Nacional de Telecomunicaciones,(CONATEL), en detrimento de la libertad de expresión e información a que tiene derecho la sociedad hondureña.

El Título III del Código Penal hondureño indica que la calumnia, la difamación y la injuria son delitos contra el honor, y pese a los esfuerzos de diversos organismos nacionales y extranjeros para despenalizarlos, esos preceptos siguen vigentes y mantienen bajo amenaza de ser encarcelados a periodistas, defensores de derechos humanos, la disidencia política y dirigentes populares, señalados de infringir la norma.