El caso sobre periodistas golpeados y maltratados por policías y militares después de una manifestación de la ciudadanía contra el fraude electoral el 12 de enero del 2018, se encuentra "dormido" en el Ministerio Público, así se le denomina cuando un expediente está engavetado.
Las nuevas modalidades para brindar información en las instituciones del Estado impiden la labor periodística, principalmente porque los funcionarios dejaron de ser accesibles, tanto para los medios de comunicación considerados pequeños por su cobertura, como para los periodistas independientes.
En su informe final de la observación de las elecciones generales, la Unión Europea (UE) le ha recomendado al Estado de Honduras derogar el artículo 335 B del Código Penal, que penaliza con cárcel a los periodistas y demás personas que sean acusadas de hacer apología del odio, o enaltecer y justificar el delito de terrorismo, a través de los medios de comunicación.
Siendo los periodistas y los medios de comunicación los que mantienen informada a la población, el ejercicio periodístico se considera esencial en el funcionamiento de la democracia. Sin embargo, en Honduras, son las mismas instituciones del Estado las que restringen el trabajo de la prensa, condicionándolo no solo en la acreditación sino también con un cerco de militares, como ocurre desde hace varios días en el Congreso Nacional.
El medio surge para ayudar a los periodistas, trabajadores de los medios de comunicación y los grupos vulnerables de Honduras (jóvenes, mujeres, indígenas y personas LGBTI) a ejercer su libertad de expresión y documentar los abusos de derechos humanos.