En un país como Honduras donde hay deslegitimación institucional tal como lo dijera la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, en su visita a la nación a casi dos meses del golpe de Estado en el 2009, es preocupante la combinación de un proyecto reeleccionista del actual presidente de la República, Juan Orlando Hernández , y la casi inmediata iniciativa de Ley del titular del Parlamento Mauricio Oliva del mismo partido del mandatario, para crear un nuevo Código Penal, que tiene como parte fundamental la criminalización de la protesta social.