Contexto
Sambo Creek, 5 de junio de 2015.- El día de ayer finalmente el Juzgado de Tela emitió un veredicto a favor de la comunidad de Barra Vieja, la que se encontraba procesada por el supuesto delito de usurpación de su territorio ancestral
El veredicto fue una sorpresa ante la persistente actitud asumida por el poder judicial de desdeñar los reclamos interpuestos por el pueblo Garífuna en relación a los despojos sistemáticos que se han venido dando en las últimas décadas.
La querella emprendida por el Instituto Hondureño de Turismo (IHT) y la Empresa Nacional Portuaria (EPN) en contra de la comunidad Garífuna de Barra Vieja, se convirtió en una amenaza para los mas de 450 pobladores que sufrieron varios intentos de desalojo, a manos de las fuerzas de seguridad del estado.
Según el veredicto del Juzgado, la ENP no pudo demostrar que son dueños de la tierra donde esta ubicada la comunidad de Barra Vieja. Además se señaló que los acusados no son usurpadores, por lo tanto se les suspendieron las medidas sustitutivas a todos los acusados.
Cabe resaltar la actitud asumida una vez más por la Procuraduría General de la República de denegar la condición indígena del pueblo Garifuna, tal como pretendió en las audiencias efectuadas el año pasado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en relación a los casos de las comunidades Garífunas de Triunfo de la Cruz y Punta Piedra.
La Procuraduría una vez mas recayó en la ignorancia en cuanto a la indigenidad del pueblo Garífuna, con el propósito de socavar la posible protección que confiere el Convenio 169 de la OIT, el que si bien fue firmado y ratificado por el Estado de Honduras hace dos décadas, el Estado nunca procedió a adaptar las leyes nacionales al Convenio, tal como lo indica la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados (1969).
Existe una sistemática ofensiva por parte de grupos empresariales y el crimen organizado de despojar a las comunidades Garifunas de nuestros territorios ancestrales. A partir del golpe de estado del año 2009 se intensificaron las presiones y como resultado del colapso jurídico, la comunidad de Río Negro, Trujillo, fue demolida a instancias del empresario canadiense Randy Jorgenson, el que abocándose a la Ley de Expropiación Forzosa (1913) se apoderó de una de las primeras comunidades Garífunas fundada en Honduras.
El año pasado, a medida que el pueblo Garífuna avanzaba en su lucha jurídica ante la Corte IDH, el estado promovió desalojos en las comunidades Garífunas de Barra Vieja, Armenia y Puerto Castilla. La criminalización de la defensa del territorio ancestral, acompañadas de amenazas de muerte no frenaron los reclamos territoriales planteados por las comunidades.
 Fuente: PROAH |
La doctrina planteada por la Procuraduría en relación a considerar al pueblo Garífuna como extranjeros en Honduras y por ende denegar nuestros derechos territoriales, está impregnada de un enorme racismo. Buena parte de la elite de poder nacional es de origen extranjero y llevan mucho menos de un siglo en el país, sin que se les cuestione en ningún momento su hondureñidad.
Es de esperar que la EPN, el IHT y los verdaderos promotores de un juicio indudablemente político, el INDURA RESORT, apelarán el veredicto. Por supuesto que el torbellino por el cual atraviesa Honduras y la involucración de la elite de poder en el saqueo de las instituciones estatales, no es el panorama más adecuado para persistir en la distorsión jurídica y el prevaricato que tanto ha prosperado en Honduras en las últimas décadas.
!!! Celebramos una vez mas este triunfo de la comunidad de Barra Vieja, que constituye un triunfo de todo el pueblo Garifuna. Así mismo agradecemos a la solidaridad nacional e internacional quienes han venido acompañando la lucha y resistencia de la comunidad de Barra Vieja!!!
Organizacion Fraternal Negra Hondureña, OFRANEH
El abogado Leopoldo Romero, actuando de manera personal, presentó hoy ante la Fiscalía de Derechos Humanos una denuncia calificando como delitos de lesa humanidad, las acciones ilícitas que llevaron al desfalco millonario perpetrado contra el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) y que desembocó en la muerte de más de 2 mil 800 derecho-habientes que no tuvieron acceso a medicamentos y a atenciones especializadas.
El escrito busca que se proceda a generar requerimientos fiscales por el delito de asociación ilícita contra todas aquellas personas naturales o jurídicas que procedieron a crear organizaciones no gubernamentales (ong´s) o empresas fantasmas que cometieron ilícitos contra todo un pueblo y para que se conozca el paradero de medicamentos e insumos que nunca ingresaron en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS).
“La Fiscalía de Derechos Humanos es la llamada a conocer de este delito de lesa humanidad y formular los requerimientos respectivos en los tribunales competentes”, expresó Romero.
La acción legal busca también que “se proceda a la privación de dominio de todos los bienes, no de los que están ahorita en prisión preventiva porque ellos fueron únicamente el medio, y que igual se investigue a los partidos políticos que recibieron de esos fondos para campañas en perjuicio de una población que se está muriendo día a día con enfermedades colaterales como las que han venido por ese drenaje de cantidades exorbitantes de fondos y que todos deben de ir a prisión”, sostuvo Romero.
Por el delito de lesa humanidad vamos a señalar a todas las personas que tuvieron que ver con el drenaje de todos estos fondos, sean personas naturales o supuestamente jurídicas, porque algunas empresas fueron creadas como medios para cometer estos ilícitos, por lo tanto todos tienen responsabilidad en el país, ya sean funcionarios públicos que pueden estar actualmente en el gobierno, candidatos presidenciales de corrientes de partidos e igualmente los que fueron beneficiados y que tienen esos fondos, porque de eso no se ha recuperado casi nada, expresó el profesional del derecho.
“El presidente de la República (Juan Orlando Hernández) es el primer ciudadano responsable en ponerse a la orden del Ministerio Público para ofrecer toda la información que el conozca y que tenga en poder el Ejecutivo, de lo que se trata es el fortalecimiento de las instituciones del Estado, responsables velar de que no se den este tipo de hechos y que no queden en la impunidad”, explicó Romero.
Añadió que de no encontrar un eco a la denuncia, haría un llamado a todos los familiares de los fallecidos en el IHSS, porque en el marco del derecho de petición, también el sistema judicial debe abrir un expediente de oficio para investigar esto. Se trata de que se judicialice y se mande a la cárcel a verdaderos responsables de este descalabro y que además esos bienes de los que hicieron uso, se les priven, para resarcir todos los daños que ha sufrido el sistema.
El abogado Leopoldo Romero manifestó que un amigo suyo que necesitaba de un tratamiento de hemodiálisis y del cual no tuvo acceso, falleció posteriormente, por lo que su bufete está abierto para aquellos familiares que se vieron afectados por la muerte de sus parientes en el IHSS.
Romero dijo que la Junta Interventora debería estar colaborando y no ocultando documentos y que debería llamarse al fiscal Aldana (actualmente en el exterior) para que declare como testigo, todo lo que sabe sobre las investigaciones en el desfalco al IHSS y que superarían los 6 mil millones de dólares.
“La solución no es sacar fuera del país a un fiscal para ocultar lo que está sucediendo en Honduras”, sostuvo el abogado Leopoldo Romero.
El Tribunal de Sentencia de Tela, Atlántida se apresta a dar un veredicto contra el pueblo garífuna de Barra Vieja, en un juicio donde la dilación y la parcialidad hacia el proyecto turístico Bahía de Tela , a través de la Empresa Nacional Portuaria, ENP, como mampara, es una ilegalidad que no logran esconder.
En la tarde de hoy 04 de junio de 2015, el pueblo garífuna espera el veredicto, donde no hay ninguna esperanza de que se les restituyan sus derechos sino que se proceda a fijar una sentencia donde se asuma “como caso cerrado” para el Estado de Honduras. Muchos millones de dólares están en juego para el capital, pero cientos de familias del pueblo Garífuna de Barra Vieja no se quedarán de brazos cruzados, pues han dicho que solo muertos los sacan de allí.
El pasado 13 y 14 de mayo inició la audiencia de debate en ese tribunal. La sala estaba repleta no de público sino de procesados y procedas por usurpación de tierras, eran hombres y mujeres que por década están en su tierra, la cual fue vista como una mercancía y el despojo llegó.
El Estado de Honduras a través de las instituciones involucradas en este caso como la Procuraduría General de la República, PGR, el Ministerio Público y el Instituto Nacional Agrario, INA, persistieron en su afán de negar la existencia de la comunidad garífuna de Barra Vieja y en general de todo el pueblo.
Aunque los ancianos de Barra Vieja han brindado múltiples testimonios sobre la presencia del pueblo Garífuna, la que se remonta a finales del siglo XIX, cuando las compañías fruteras desplazaron a los Garífunas del antiguo Triunfo de la Cruz, pero eso no ha valido de nada, porque la rapiña está prevaleciendo, en violación al Convenio 160 de la OIT.
El 14 de mayo se suspendió la audiencia de Debate para “darle tiempo” a la Fiscalía de presentar los testigos que no presentó en esos dos días aduciendo una serie de pretextos, eran un empleado del Instituto Nacional Agrario, INA, para que avala un informe del Consejo Nacional Agrario donde había toda una argumentación favorable al emporio turístico.
El pueblo garífuna, representado a través de la Organización Fraternal Negra de Honduras, OFRANEH, tendrá que ir nuevamente a los tribunales internacionales porque aquí en Honduyras, la justicia les cierra las puertas y hay una campaña discriminatoria para quererles presentar incluso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, CorteIDH, como extranjeros en su propia tierra.
General Álvarez Martínez llegó pistola en mano para que cedieran sus tierras
Según señala la OFRANEH y para dejar constancia histórica del saqueo, la Empresa Nacional Portuaria se apropió de los terrenos de Puerto Castilla, cuando el 1976 el general Álvarez Martínez, pistola en mano, hizo firmar a los miembros de la comunidad de Cristales y Río Negro la cesión del territorio ancestral conocido como la Puntilla y que estaba titulado a favor del pueblo Garífuna desde 1902.
A continuación un comunicado de OFRANEH sobre este despojo
Sambo Creek, 4 Junio del 2015.- Después de varias horas de espera, el juicio de la comunidad Garífuna de Barra Vieja, se reanudó en horas de la tarde del día de ayer, persistiendo el Estado de Honduras en denegar la existencia de la comunidad y la condición de indígenas del pueblo Garífuna.
Se supone que el día de hoy en horas de la tarde se emitirá una resolución, la que es de esperar será a favor de la Empresa Nacional Portuaria. Honduras al igual que en “Alicia en el país de las maravillas”, la sentencia precede a los cargos.
Los tres intentos de desalojo efectuados el año pasado en contra de Barra Vieja, podemos indicar que forman parte de una sentencia a priori, de un juicio que se vino a efectuar meses después de las arremetidas en contra de la comunidad por parte de las fuerzas de seguridad estatales.
Los ancianos de Barra Vieja han brindado múltiples testimonios sobre la presencia del pueblo Garífuna, la que se remonta a finales del siglo XIX, cuando las compañías fruteras desplazaron a los Garifunas del antiguo Triunfo de la Cruz, los que se vieron obligados a relocalizarse en el nuevo Triunfo y en Tornabé.
El cabo Santa Marta, cayo Tornabé -como se le conoce a Barra Vieja en los archivos catastrales- fue donado a la Empresa Nacional Portuaria por el Procurador Nacional de la República, el Señor Serapio Hernández Castellanos, el 18 de septiembre de 1975, a través de la escritura pública No.29, otorgada en Puerto Cortes.
En ningún momento a la comunidad de Barra Vieja o Tornabé se les notificó de la entrega de su territorio a la EPN.
Cabe recordar como la EPN se apropió de los terrenos de Puerto Castilla, cuando el 1976 el general Álvarez Martínez, pistola en mano, hizo firmar a los miembros de la comunidad de Cristales y Río Negro la cesión del territorio ancestral conocido como la Puntilla y titulado a favor del pueblo Garífuna en 1902.
En la actualidad se está fraguando una expulsión más de los habitantes de Puerto Castilla promovida por la EPN, para la construcción de una supuesta ciudad modelo (ZEDE)
La debacle por la cual atraviesa Honduras está cimentada en el saqueo tanto de instituciones como de territorios, situación que se agravó con el golpe de estado del año 2009.
Para los empresarios asociados con el INDURAS RESORT, la presencia de Barra Vieja contiguo a su emporio, se convierte en una afrenta, ya que existen planes para terminar de destruir los humedales de la Laguna de Micos (RAMSAR 722).
El juicio de Barra Vieja no es más que una farsa judicial, ante la garrafal omisión de un procedimiento indispensable que omitieron el año pasado antes de haber intentado los desalojos.
El haber escogido las ruinas del edificio de la Tela Rail Road Company para llevar a cabo el juicio, es una señal inequívoca de no haber superado la etapa neocolonial en la cual se sumió Honduras en el siglo XX y que parece ser, se está repitiendo de nuevo en el siglo XXI.
Organización Fraternal Negra Hondureña, OFRANEH
Tegucigalpa (miércoles 3 de junio 2015).- Los jóvenes (excluidos, marginados y estigmatizados por el actual gobierno), son los principales protagonistas de las movilizaciones de las antorchas contra la corrupción que se realizan día a día en diversas ciudades del país, destacó hoy el sociólogo y catedrático universitario Julio Navarro.
La presencia de jóvenes hoy en día en las calles, marchando con antorchas y convocando a la gente a participar para repudiar la corrupción, es una ola planetaria que nos llega a nosotros con los cambios radicales que se dieron en el pasado en el régimen chino, también los jóvenes en Europa han sido los que han promovido cambios importantes y en América del Sur, los jóvenes también son los que han salido a las calles a reivindicar la destrucción del estado social que se había desviado producto hoy en día del neoliberalismo, explicó Navarro.
“Los jóvenes en nuestro país son las principales víctimas del modelo neoliberal, son las principales víctimas de la violencia y de la inseguridad, son las víctimas de la exclusión, por eso la corrupción es la que ha hecho que los jóvenes se sientan sensibilizados para auto-convocarse para salir a las calles a exigir que se investiguen estos escandalosos actos de corrupción”.
Estos jóvenes reclaman que por fin la clase política, que por fin las instituciones del estado que fueran creadas para vigilar y controlar los beneficios que genera el estado, hoy se hagan realidad, porque las instituciones no han respondido a los graves perjuicios que se han hecho contra el estado, sostuvo el analista.
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Navarro dijo que este fenómeno social ha trascendido a nivel nacional, por ejemplo departamentos que nunca se habían manifestado como Islas de la Bahía, los jóvenes aparecieron con sus antorchas, ¿para qué?, para descubrir dónde está la corrupción, dónde están los responsables y también alumbrar a aquellas instituciones del estado que se han negado a asumir el papel para las que fueron creadas.
“Yo creo que debemos tener esperanzas, no hay que descalificar a los jóvenes, no hay que satanizarlos, no hay que decir que están al servicio de alguien, porque son grupos de jóvenes que saben que ellos serán los principales perjudicados si este sistema no se puede enderezar”, manifestó el sociólogo y catedrático universitario.
Estas movilizaciones de las antorchas escenificadas en casi todas las ciudades del país, han captado la atención a nivel internacional, de tal magnitud que el prestigiado periódico estadounidense New York Times, ha reproducido los mensajes de las movilizaciones de las antorchas, en las que se condena la corrupción en Honduras y se exige la renuncia del presidente Juan Orlando Hernández.
“Lo más trascendente de la acción de los jóvenes, es la simpatía que despierta en toda la población hondureña, lo que hace que los no jóvenes nos sintamos un poco avergonzados de que sea éstos muchachos, los que salgan a reivindicar lo que nosotros hemos creido que es un simple pleito político entre partidos de oposición y gobierno”, detalló Navarro.
El analista se preguntó: ¿el presidente de la República ha respondido a los reclamos de los grupos de oposición?, no, porque el cree que es nada más que una cuestión de carácter político, ahora ¿el presidente hoy en día va a responder a este grupo de jóvenes que se manifiesta en las calles?, estaríamos por verlo pero pareciera que por lo que yo he visto en los medios de comunicación, las descalificaciones de parte de altos dirigentes del partido Nacional, ha hecho que los jóvenes pasen en las calles.
El origen de las manifestaciones se gestó por el descontento generalizado frente a las denuncias de corrupción protagonizadas por funcionarios del partido nacional, involucrados en la creación de empresas fantasmas (empresas de maletín) que obtuvieron fondos multimillonarios del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) por el orden de 2 mil millones de lempiras, desviados posteriormente a las arcas del partido Nacional.
Estas operaciones fraudulentas se gestaron durante la administración del ex presidente, también nacionalista, Porfirio Lobo Sosa y cuando fungía como presidente del Congreso Nacional y actual presidente de la República, Juan Orlando Hernández.
En una comparecencia televisiva de este miércoles 3 de junio y que acuerparon los canales 11, HCH y TEN, el mandatario aseguró: “No tengo nada que ver con el caso del Seguro Social y por eso he dicho, caiga quien caiga, no nos va a temblar la mano, no importa quien sea , si es de mi partido, pariente o amigo, tiene que responder ante el pueblo”.
Tras expresar que más bien él ordenó la intervención de Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), Hernández señaló que en el momento cuando se produjo la entrega de cheques provenientes de empresas fantasmas que desfalcaron al IHSS destinados al Partido Nacional (PN), fungió como presidente de su partido, el ex alcalde y actual vice-presidente de la República, Ricardo Alvarez.
Se estima que el saqueo al IHSS supera los 6 mil millones de dólares, cuyos impactos en la población ha significado que más de 2 mil 800 personas hayan muerto a causa de la falta de medicamentos y atenciones especializadas.
Tegucigalpa (2 de junio 2015).- Un grupo de mujeres cuyo trabajo es brindar servicios sexuales se manifestó hoy en esta capital para demandar justicia por 19 sexoservidoras asesinadas en los últimos dos años y para exigir respeto a su integridad física y emocional.
Las trabajadoras del sexo también denunciaron que agentes del estado como policías y militares son los que más vejámenes cometen en contra de ellas.
La manifestación se inspira al conmemorarse el 2 de junio el Día Internacional de las Trabajadoras Sexuales, cuando en esa misma fecha pero de 1975, decenas de trabajadoras sexuales ocuparon la iglesia de Saint Nizier en Lyon, Francia para llamar la atención sobre su mala situación y exigir el cese de la violencia policial que dejó a dos de sus compañeras muertas.
En Honduras, las trabajadoras sexuales han comenzado a organizarse para defender sus derechos y día a día la membresía aumenta a nivel nacional. Mujeres que trabajan en nigth clubes, casas de cita y hasta "las de prepago" se están sumando a la asociación.
Las manifestantes expresaron que su labor, muchas veces se ve amenazada cuando militares y policías las someten a servicios sexuales sin su consentimiento y además no pagan por los servicios. En estas acciones siempre van de por medio los ataques, los golpes y vejámenes en contra de las prostitutas.
De igual manera pidieron respeto a su integridad como mujeres, como seres humanos que realizan un trabajo como cualquier otro y que por tanto no deben ser sujetas de discriminación por parte de la sociedad.
Tanto como en Tegucigalpa, como San Pedro Sula y La Ceiba, las sexoservidoras se movilizaron para alzar su voz y exigir sus derechos.
La participación de las trabajadoras sexuales llama la atención en una sociedad que como la hondureña, abiertamentente discrimina y excluye a mujeres que ofrecen por dinero servicios sexuales, pero que en la práctica desde siempre los hombres han buscado a dichas mujeres llamadas "de la vida silenciosa o prostitutas" para satisfacer sus deseos sexuales.
La Organización de Naciones Unidas ha prestado especial atención a los malos tratos y a la violencia sexual contra las mujeres, así como daños causados a su salud y dignidad. Para el organismo mundial, la prosptitución es uno de los aspectos más graves de la discriminación respecto a las mujeres, de ahí la necesidad de emprender acciones que tengan por objeto, luchar contra la discriminación sexual mediante la adopción de acciones educativas y preventivas, así como la elaboración de programas de investigación.
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