Moisés David Cáceres Velásquez, Cesario Alejandro Félix Padilla Figueroa, José Luis Herrera Somoza, Dayanara Castillo, Javier Barahona y Sergio Luis Ulloa Rivera, fueron expulsados, solo Somoza por un periodo académico mientras que los demás por dos consecutivos como sanción de la facultad de Ciencias Sociales dirigido por la decana Martha Lorena Suazo, por haber hecho uso de su derecho a la protesta social.

Desde el 22 de julio del 2015 se inició el juicio. La expulsión se realizó la administración de la ex rectora Julieta Castellanos en diciembre de 2014.

“Lo que se vivió en la universidad era un régimen que trataba de dar un ejemplo a través de nosotros para cualquiera que se opusiera a lo que ellos querían”, manifestó uno de los jóvenes criminalizados quien en el momento de la ser acusado se encontraba en otro , adonde huyó de la persecución en el 2015.

La denuncia por violaciones a los derechos estudiantiles fue interpuesta por la Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos, ASOPODEHU, a través de la abogada Kenia Oliva del área legal de la organización en ese entonces y por la abogada independiente Ivania Galeano.

Crisis universitaria

La universidad en ciudad universitaria situada en Tegucigalpa ha criminalizado a estudiantes que se mantienen en oposición aún en la actualidad por falta de la participación en el Consejo Universitario, reconocido en la Ley Orgánica vigente, por medio de elecciones estudiantiles desde que se reformó la Ley Orgánica desde 2006. En el 2013 a tres jóvenes se les requirió por su accionar en el movimiento estudiantil lo que inició una pauta de represión que se agudizó con los años.

Aparte de las expulsiones antes mencionadas, en el 2015 tres fueron judicializados y en la actualidad están sentenciados por el delito de usurpación. Dicha sentencia solamente está en audio.

En el 2016 se marcó un hito con casi más de 100 días de toma de las instalaciones en ciudad universitaria, como respuesta la UNAH, el Ministerio Público y la policía se unieron para generar una persecución judicial, estudiantes capturados y llevados a la Policía Metropolitana Número Uno, a quienes se les abrió un juicio por usurpación.

En junio de 2017 cuando estaba el juicio contra Cesario Padilla, Moisés Cáceres y Sergio Ulloa, unos 25 estudiantes en solidaridad decidieron tomarse el edificio administrativo de la UNAH. Allí fueron objeto de graves violaciones a los derechos humanos. Guardias de seguridad y policías los amenazaron con matarlos colocándoles armas con bala en boca en sus cabezas. La oportuna intervención de defensores de derechos humanos y el periodista Ronnie Huete, lograron que no se produjera una masacre.

La criminalización disminuyó con la salida de la ex rectora de Julieta Castellanos, pero los procesos judiciales se mantienen dirigidos por el mismo cuerpo legal.

Hace unos días unos 20 jóvenes conciliaron por no poder seguir manteniendo un proceso abierto donde algunos han manifestado que no pueden conseguir un trabajo o tienen bloqueos para graduarse en la UNAH.

El 15 de noviembre recién pasado estaba programada la Audiencia Preliminar, pero por enésima vez las partes no fueron notificada y no se sabe cuándo se reprogramará dicha audiencia.