Denuncia
Periodistas, comunicadores sociales, mujeres, jóvenes, pueblos originarios, comunidad LGTBI tienen el espacio para denunciar ataques por ejercer la libertad de expresión e información.
Contexto (991)
Suyapa Martínez, Directora del Centro de Estudios de la Mujer-Honduras, CEMH, dijo que con la admisibilidad del recurso de Inconstitucionalidad contra la prohibición del aborto por las tres causales por la Corte Suprema de Justicia, manda un mensaje al Congreso Nacional para que legisle a favor de los derechos de las mujeres, además de dar un espaldarazo a la lucha de las feministas y movimiento de mujeres que históricamente han luchado por este derecho.
Personas defensoras y defensoras de derechos humanos mantienen grandes expectativas de que la propuesta de anteproyecto de la Ley de Igualdad y Equidad Antidiscriminación (LIE), sea aprobada , lo que contribuirá a mejorar las condiciones de las poblaciones que son discriminadas en el país.
La delegación de solidaridad internacional “Vamos a la Milpa”, apoyará a los ocho defensores de Guapinol presos, hasta lograr su libertad y puedan defenderse en libertad. Pretenden además llevar las voces de la comunidad fuera de Honduras para que sean escuchadas, que logren ponerle fin a la minería, con la cancelación de la licencia ambiental de Inversiones Los Pinares-Ecotek.
La aldea Quejá es un símbolo. De un sistema de reducción de desastres incapaz de cumplir sus obligaciones de ley ante el anuncio de un diluvio potencialmente mortal. Del recuerdo de las 58 personas que murieron soterradas al paso de la tormenta Eta. De un gobierno indolente que tardó siete meses en declararla inhabitable. De una Guatemala en la que decenas de familias se han visto obligadas a regresar a vivir a un lugar donde saben que les acecha la muerte.
Una de las maravillas naturales de El Salvador, lugar predilecto de descanso de la clase pudiente del país, lleva años recibiendo contaminación de restaurantes, quintas y comunidades. La desidia de las entidades municipales, ministerios, Policía y Fiscalía ha creado el escenario perfecto para que los depredadores ambientales se lucren del lago que contaminan con sus desechos. La jueza ambiental de Santa Ana hace maniobras para controlar al “monstruo” y culpa de la impunidad ambiental al Ejecutivo y a la Fiscalía. La situación tiene víctimas: los 8,000 habitantes de 17 cantones que utilizan cotidianamente el agua del lago y que, pese al temor de enfrentarse con los poderosos del lugar, empiezan a organizarse para resistir.
A la aldea Cedeño en Honduras se la está comiendo el mar. La agricultura extensiva, la tala irracional de los bosques de manglar y las granjas de camarón, junto al cambio climático, están provocando la migración masiva de sus habitantes. La comunidad se enfrenta a la voracidad de grandes empresas que anteponen el lucro a la sostenibilidad ambiental y a una institucionalidad pública debilitada y cooptada, de la que no obtienen respuestas.
Defensores de derechos humanos no tienen esperanzas de acceder a la vacunación contra el Covid-19, pues algunos no obtienen respuestas de las instituciones y otros ni siquiera han tenido un acercamiento, una situación que se agrava más en las zonas indígenas donde las comunidades no tienen diagnósticos médicos.
Más de un millón de personas en Honduras reciben información maliciosa que fomenta el analfabetismo digital, promueve el desprestigio contra el honor de las personas y aumenta el contenido malicioso en crisis sociales y políticos, por ello se creó un Observatorio para combatir la desinformación.
Silvia Bonilla, defensora garífuna que recientemente ha sido detenida y judicializada por ejercer la defensa del territorio ancestral, obtuvo sobreseimiento provisional en dos expedientes abiertos por los delitos de usurpación, daños, violencia, intimidación y amenazas, acusación promovida por la empresa Bienes Raíces JUCA S.R.L., que ha criminalizado a 32 personas más.
Al menos 320 instituciones obligadas no cumplieron con su responsabilidad de brindar información pública, por lo cual se establecieron unas 400 sanciones pecuniarias, señaló Julio Vladimir Mendoza, Comisionado del Instituto de Acceso a la Información Pública, IAIP.
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Al menos 320 instituciones obligadas no cumplieron con su responsabilidad de brindar información pública, por lo cual se establecieron unas 400 sanciones pecuniarias, señaló Julio Vladimir Mendoza, Comisionado del Instituto de Acceso a la Información Pública, IAIP.
En Guatemala, un caótico proceso de contención de la pandemia generó el abandono de pacientes con enfermedades crónicas, a tal punto que solo en la Unidad de Atención al Enfermo Renal Crónico se cuenta 460 “pacientes inhabilitados”, a quienes se presume muertos. La pandemia de covid-19 capturó la atención plena del mundo y, en naciones como Guatemala, apartó de la vista otras enfermedades, también de potencial mortal, como la insuficiencia renal y el cáncer.
“Todos han experimentado miedo, ansiedad, tristeza e impotencia”, así describe uno de los doctores entrevistados para este reportaje las consecuencias que vive el personal de primera línea que atendió la pandemia. Diferentes organizaciones del gremio apuntan que la atención del Estado ha sido insuficiente para reaccionar a un trauma colectivo de quienes se presentaron como los héroes del 2020. Las historias personales hablan de ansiedad, estrés, insomnio, depresión y síntomas obsesivo-compulsivos. Esta es una radiografía de las cicatrices que han quedado en quienes combatieron la pandemia.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró que el Estado de Honduras era responsable por la muerte de Vicky Hernández, mujer trans, trabajadora sexual y reconocida activista dentro del “Colectivo Unidad Color Rosa” ocurrida en San Pedro Sula el 28 de junio de 2009, según un comunicado de prensa difundido este 28 de junio de 2021, por este organismo, que coincide con los 12 años transcurridos del golpe de Esatdo del 28 de junio de 2009.
La Corte constató que existían varios indicios de la participación de agentes estatales que apuntan a una responsabilidad del Estado por la violación al derecho a la vida y a la integridad de Vicky Hernández, ocurrida en un contexto de violencia contra las personas LGBTI, y en particular contra las mujeres trans trabajadoras sexuales.
El Estado reconoció parcialmente su responsabilidad internacional, en el entendido que las autoridades no efectuaron con la debida diligencia la investigación por el homicidio de Vicky Hernández.
La Corte señaló que, durante la investigación, las autoridades no consideraron el contexto de discriminación y violencia policial contra las personas LGBTI y las mujeres trans trabajadoras sexuales, es parte del comunicado difundido.
En la sentencia la CorteIDH ordenó las siguientes medidas de reparación:
1.-promover y continuar las investigaciones sobre el homicidio de Vicky Hernández;
2.-realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional;
3.-Realizar un audiovisual documental sobre la situación de discriminación y violencia que experimentan las mujeres trans en Honduras
4.-Crear una beca educativa “Vicky Hernández” para mujeres trans;
5.-Crear e implementar un plan de capacitación permanente para agentes de los cuerpos de seguridad del Estado;
6.- adoptar un procedimiento para el reconocimiento de la identidad de género que permita a las personas adecuar sus datos de identidad, en los documentos de identidad y en los registros públicos de conformidad con su identidad de género autopercibida;
7.- adoptar un protocolo de investigación y administración de justicia durante los procesos penales para casos de personas LGBTI víctimas de violencia; y
8.-diseñar e implementar un sistema de recopilación de datos y cifras vinculadas a los casos de violencia contra las personas LGBTI.
Lea el comunicado íntegro de la sentencia:
Honduras es responsable por violar el derecho a la vida de una mujer transgénero
San José, Costa Rica, 28 de junio de 2021.- En la Sentencia del Caso Vicky Hernández y otras Vs. Honduras, notificada hoy, la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró que el Estado de Honduras era responsable por la muerte de Vicky Hernández, mujer trans, trabajadora sexual y reconocida activista dentro del “Colectivo Unidad Color Rosa” ocurrida en San Pedro Sula el 28 de junio de 2009. El resumen oficial de la Sentencia puede consultarse aquí y el texto íntegro de la Sentencia puede consultarse aquí.
La noche del 28 de junio de 2009, Vicky Hernández se encontraba con dos compañeras en la vía pública de San Pedro Sula, durante la vigencia de un toque de queda que había sido decretado en el contexto del golpe de Estado ese día. Una patrulla de policía habría intentado arrestarlas por lo que se dieron a la fuga y se perdieron de vista. Al día siguiente Vicky Hernández fue hallada sin vida con heridas por arma de fuego. Hasta el día de hoy su muerte no ha sido aclarada por las autoridades y el caso permanece impune.En su Sentencia, la Corte constató que existían varios indicios de la participación de agentes estatales que apuntan a una responsabilidad del Estado por la violación al derecho a la vida y a la integridad de Vicky Hernández, ocurrida en un contexto de violencia contra las personas LGBTI, y en particular contra las mujeres trans trabajadoras sexuales.
El Estado reconoció parcialmente su responsabilidad internacional, en el entendido que las autoridades no efectuaron con la debida diligencia la investigación por el homicidio de Vicky Hernández. La Corte señaló que, durante la investigación, las autoridades no consideraron el contexto de discriminación y violencia policial contra las personas LGBTI y las mujeres trans trabajadoras sexuales.
En otro orden, el Tribunal determinó que, al haber sido asesinada y durante la investigación del homicidio, así como por el marco jurídico general de discriminación; se vulneraron los derechos al reconocimiento de la personalidad jurídica y no discriminación y el derecho a la identidad de género de Vicky Hernández.
A su vez, la Corte encontró que se vulneró el derecho a una vida libre de violencia para la víctima y sus familiares, considerando que la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer se refiere también a situaciones de violencia basada en su género contra las mujeres trans.
El Tribunal también encontró que las familiares de Vicky Hernández resultaron afectadas por el sufrimiento que les causó su muerte, la situación permanente de discriminación de la cual ella era objeto, y la situación de impunidad en la cual se encuentra el homicidio.
En razón de estas violaciones, la Corte ordenó diversas medidas de reparación al Estado entre las que se encuentran: i) promover y continuar las investigaciones sobre el homicidio de Vicky Hernández; ii) realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional; iii) realizar un audiovisual documental sobre la situación de discriminación y violencia que experimentan las mujeres trans en Honduras; iv) crear una beca educativa “Vicky Hernández” para mujeres trans; v) crear e implementar un plan de capacitación permanente para agentes de los cuerpos de seguridad del Estado; vi) adoptar un procedimiento para el reconocimiento de la identidad de género que permita a las personas adecuar sus datos de identidad, en los documentos de identidad y en los registros públicos de conformidad con su identidad de género autopercibida; vii) adoptar un protocolo de investigación y administración de justicia durante los procesos penales para casos de personas LGBTI víctimas de violencia; y viii) diseñar e implementar un sistema de recopilación de datos y cifras vinculadas a los casos de violencia contra las personas LGBTI.
La Jueza Elizabeth Odio Benito y el Juez Eduardo Vio Grossi dieron a conocer a la Corte sus votos individuales disidentes. El Juez Patricio Pazmiño Freire dio a conocer a la Corte su voto individual concurrente.***
La composición de la Corte para la emisión de la presente Sentencia fue la siguiente: Jueza Elizabeth Odio Benito, Presidenta (Costa Rica); Juez Patricio Pazmiño Freire, Vicepresidente; (Ecuador), Juez Eduardo Vio Grossi (Chile); Juez Humberto Antonio Sierra Porto (Colombia); Juez Eduardo Ferrer Mac-Gregor (México); Juez Eugenio Raúl Zaffaroni (Argentina), y Juez Ricardo Pérez Manrique (Uruguay).***
El presente comunicado fue redactado por la Secretaría de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por lo que es de responsabilidad exclusiva de la misma.
Para mayor información favor de dirigirse a la página de la Corte IDH www.corteidh.or.cr o envíe o envíe un correo dirigido a Pablo Saavedra Alessandri, Secretario a Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.. Para la oficina de prensa contacte a Matías Ponce Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
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