Hace más de 30 años el Estado de Honduras es signatario de la Convención sobre la Eliminación de  todos las formas de Discriminación Contra la Mujer, CEDAW, pero en los últimos 15 años los gobiernos se han negado a ratificar el Protocolo Facultativo que permitirá a las mujeres hondureñas buscar justicia internacionalmente, según los señala la Plataforma CEDAW-Honduras.

En su informe especial sobre Honduras emitido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, el pasado 18 de febrero,  señaló que tiene preocupación porque el Estado estaría invisibilizando la  identidad y la cultura, del pueblo garífuna al no llamarles garífuna, sino “afrohondureños”, además de ser constantemente víctimas de racismo según las denuncias recibidas de líderes y defensores. La visita in situ a comunidades por parte de la CIDH comprobó la precaridad de vida de los garífunas debido a la profundización de la pobreza, sin que desde las autoridades se haga algo para resolver la situación.

Un nuevo intento de la empresa hidroeléctrica DESA-Agua Zarca de establecerse en el Río Gualcarque, en los territorios lencas en el departamento de Intibucá, y según lo denunció el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras,COPINH, el mismo estaría avalado por organismos internacionales en contubernio con instituciones y empresas nacionales, que se unieron para despojar de sus bienes naturales a la étnia que ha luchado con uñas y dientes para evitar quedarse sin nada.

Mientras el gobierno de Juan Orlando Hernández levanta bandera para elevar su perfil con un organismo creado desde su expectativa, gran parte de la sociedad hondureña, organizaciones internacionales de cooperación asentado en Honduras y organizaciones sociales ven con escepticismo la puesta en marcha de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) , la cual se instala este lunes 22 de febrero a las 12 y 30 del día, en un hotel capitalino.