Denuncia
Periodistas, comunicadores sociales, mujeres, jóvenes, pueblos originarios, comunidad LGTBI tienen el espacio para denunciar ataques por ejercer la libertad de expresión e información.
Contexto (991)
Tribuna de Mujeres contra los Femicidios convocó a comunicadores y comunicadoras sociales para que postulen sus trabajos al “Premio Nacional a la Comunicación por la Igualdad y Contra la Violencia hacia las Mujeres”, edición 2015, este martes 09 de junio en un hotel de la capital.
La Coalición contra la Impunidad que aglutina a más de 35 organizaciones de sociedad civil manifestó hoy a través de un comunicado que es la hora de cambios en el sistema de justicia y de enjuiciar a los políticos corruptos y por tanto exigió la renuncia del Fiscal General, Oscar Chinchilla y del Fiscal general Adjunto, Rigoberto Cuéllar.
Mientras tanto y al aproximarse la elección de los nuevos magistrados y magistradas a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), la Coalición contra la Impunidad exige de manera firme e imperativa que el Congreso Nacional elija a magistrados y magistradas honestos, honestas e independientes en el máximo tribunal de justicia, “lo que significa que quienes se seleccionen y elijan sean profesionales sin vínculos con la corruptela y además con coraje para enjuiciar y castigar a los funcionarios y las funcionarias corruptas enquistados y enquistadas en la administración pública.
Estando a la puertas del inicio de la selección, nominación y elección de los magistrados y magistradas a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), específicamente para el próximo mes de julio, “es necesario que los hechos que hoy estremecen la conciencia ciudadana nos lleven a un escenario en el que sea posible el adecentamiento de las instituciones del sistema de justicia, en función de no permitir más impunidad”, expresa el comunicado.
“Concretamente proponemos que se reorganice el Ministerio Público, lo cual debe iniciarse con la renuncia del Fiscal General (Oscar Chinchilla) y de su Adjunto (Rigoberto Cuéllar), dijo la directora ejecutiva del Centro de Derechos de Mujeres (CDM).
Rivera enfatizó: ¡Señores fiscales generales, renuncien!, y en el futuro cercano demos paso a una nueva Corte Suprema de Justicia (CSJ) independiente y comprometida en la lucha contra la corrupción y la impunidad.
En su participación como miembro de la Asociación de Jueces por la Democracia (AJD), Guillermo López Lone dijo que esperan que la clase política reaccione para que se produzca el adecentamiento de las instituciones del sistema de justicia “y hay que iniciar por el Ministerio Público, porque creemos que ahí está una de las fallas principales para la investigación y la persecución de todas las personas que son responsables de los actos de corrupción en este país y de las violaciones a los derechos humanos”.
López Lone apuntó que no debe suceder lo que ha venido ocurriendo en años anteriores, donde los políticos corruptos se apropian del espacio de selección y nominación de la CSJ, “en esta coyuntura nosotros demandamos que esos nuevos magistrados y magistradas sean profesionales independientes y comprometidos con la democratización de la justicia y el estado de derecho en este país”.
En la actual coyuntura ¿quién tiene legitimidad?
Por su parte el abogado Víctor Fernández del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ) señaló que hay una desventaja planteada desde la institucionalidad en el proceso de selección de los nuevos magistrados, porque actualmente se tendrá que turnar o cursar el procedimiento a través de los términos que están en la ley y que son “sujetos a la manipulación histórica que han hecho los partidos políticos, lo que nosotros podemos apuntar en este caso, es que afortunadamente las circunstancias políticas del país han traspasado la legitimidad que se le ha venido reconociendo a los partidos políticos”.
Fernández agregó que lo que se plantea es un desafío ya que los partidos políticos están en general en las manifestaciones de la ciudadanía, demandando de fondo el cese de la impunidad, y lo que ha resultado más visible en la manifestación ciudadana es la descalificación a la partidocracia en el país.
“El desafío que está planteado para esta elección de magistrados y para cualquier otra decisión es cómo aparecen otros interlocutores que tengan más legitimidad en perspectiva ciudadana, es decir que superen a los partidos políticos; ahí es donde nosotros los espacios de la sociedad civil, del pueblo organizado, tenemos el desafío de superar a una oposición política partidaria que, naturalmente va a cursar sus prácticas a partir de los intereses partidarios, que siempre no han sido coherentes con los intereses de la ciudadanía”, explicó el profesional del derecho.
El comunicado recalca que en lo que concierne a la elección de magistrados y magistradas a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) exigimos que se desarrolle el proceso de selección, nominación y elección con participación activa de la ciudadanía, lo que se debe expresar en la creación de un mecanismo que observe y fiscalice las actuaciones de la Junta Nominadora para evitar que se seleccionen profesionales con vínculos directos o indirectos con los políticos corruptos del país.
El proceso de selección, elección y nominación de los magistrados y magistradas de la CSJ está previsto a realizarse el próximo mes de julio, mediante la integración de una Junta Nominadora que abrirá la convocatoria para la propuesta de los candidatos y candidatas provenientes de la sociedad civil. En el mes de septiembre el Congreso Nacional estaría juramentando a los nuevos magistrados y magistradas a la Corte Suprema de Justicia.
La mesa principal estuvo integrada por el director de la organización lésbico-gay Arcoiris, Donny Reyes, el director ejecutivo del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (Ciprodeh), Wilfredo Méndez, la directora del Centro de Derechos de Mujeres (CDM), Gilda Rivera, el pastor de la Iglesia Cristiana Agape, Rigoberto Ulloa, el coordinador de la Asociación de Jueces por la Democracia (AJD), Guillermo López Lone y el abogado Víctor Fernández del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ).
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) resolvió otorgar medidas cautelares a favor de Donatilo Jiménez Euceda cuya vida e integridad personal se encontrarían en inminente riesgo, en vista que desde el 8 de abril de este año, se desconoce su paradero o destino.
Como una muestra de intolerancia, miembros del Partido Nacional agredieron físicamente a dos jóvenes universitarios este domingo 07 de junio de 2015, mientras se realizaba una movilización en apoyo al gobierno de Juan Orlando Hernández, como una estrategia para contrarestar las multitudinarias movilizaciones de miles de ciudadanos y ciudadanas indignadas contra la corrupción y la impunidad en Honduras.
La acción tuvo lugar a inmediaciones de la calle del inconcluso Trans 450 en la colonia Kennedy de la capital hondureña,que fue el punto de partida de la movilización de seguidores de la institución partidaria cuyo destino final era las cercanías de Casa Presidencial.
Los jóvenes agredidos son Sergio Ulloa y un acompañante que no brindó su nombre por temor a represalias posteriores. Ambos son estudiantesy militantes de organizaciones estudiantiles en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH).
Ulloa, quien fue objeto de un proceso de expulsión injusta de parte de las autoridades de la máxima casa de estudios en diciembre del año anterior, relató que “solo estaba leyendo un artículo de la constitución de la república y unos miembros cachurecos se acercaron a golpearme”.
En el marco del golpe de Estado de junio de 2009, el estudiante en mención fue objeto de capturas, golpes y torturas. Su caso es el número CDV2011-88 en el Informe de la Comisión de Verdad.
El otro estudiante que estaba en compañía de Ulloa este domingo, denunció que los simpatizantes azules les acusaron de infiltrarse en la marcha para generar caos y que eran enviados por el coordinador del Partido Libertad y Refundación (LIBRE) Manuel Zelaya.
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El otro estudiante recibió un rozón de arma blanca. |
“Estábamos sentados frente al Supermercado la Colonia, leyendo la constitución y cuestionamos el hecho de que se entregue dinero a cambio de movilizarse, en eso un grupo nos escuchó y se dirigió hacia donde estábamos y comenzó a golpear a Sergio y a mí” denunció el otro joven.
La golpiza propinada por la turba le ocasionó un hematoma en la parte derecha del rostro de Ulloa así como lesiones en su nariz y labio superior y golpes en diversas partes de su cuerpo. Mientras que a su acompañante le dieron un rozón con arma blanca en el costado derecho de su cuerpo.
Un testigo que asistió a los jóvenes constató la agresión y de inmediato lo puso a salvo de la turba y procedió a tomarle fotografías para denunciar el hecho por medio de las redes sociales.
Intolerancia ante el descontento
Luego de que fuese revelada una serie de transferencias con fondos del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) a cuentas del Partido Nacional en diferentes medios de comunicación, un grupo de jóvenes denominado “Oposición indignada” ha convocado a diversas movilizaciones condenando tal acción.
El pasado viernes, alrededor de 50 mil personas atendió la convocatoria de este movimiento en la capital y en otras ciudades del país. Todos y todas se hacen acompañar con una antorcha en señal de iluminar el camino que lleve a la lucha contra la corrupción.
Esto ha generado muestras de intolerancia en la máxima dirigencia del partido oficialista y han procedido a denigrar al movimiento juvenil y atacar, por la vía judicial, a dirigentes de los partidos opositores del país. Además han respondido ante las movilizaciones como marchas partidarias y de empleados de distintas dependencias públicas a quienes según trascendió en la redes sociales han amenazado con despidos si no asisten .
Sambo Creek, 5 de junio de 2015.- El día de ayer finalmente el Juzgado de Tela emitió un veredicto a favor de la comunidad de Barra Vieja, la que se encontraba procesada por el supuesto delito de usurpación de su territorio ancestral
El veredicto fue una sorpresa ante la persistente actitud asumida por el poder judicial de desdeñar los reclamos interpuestos por el pueblo Garífuna en relación a los despojos sistemáticos que se han venido dando en las últimas décadas.
La querella emprendida por el Instituto Hondureño de Turismo (IHT) y la Empresa Nacional Portuaria (EPN) en contra de la comunidad Garífuna de Barra Vieja, se convirtió en una amenaza para los mas de 450 pobladores que sufrieron varios intentos de desalojo, a manos de las fuerzas de seguridad del estado.
Según el veredicto del Juzgado, la ENP no pudo demostrar que son dueños de la tierra donde esta ubicada la comunidad de Barra Vieja. Además se señaló que los acusados no son usurpadores, por lo tanto se les suspendieron las medidas sustitutivas a todos los acusados.
Cabe resaltar la actitud asumida una vez más por la Procuraduría General de la República de denegar la condición indígena del pueblo Garifuna, tal como pretendió en las audiencias efectuadas el año pasado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en relación a los casos de las comunidades Garífunas de Triunfo de la Cruz y Punta Piedra.
La Procuraduría una vez mas recayó en la ignorancia en cuanto a la indigenidad del pueblo Garífuna, con el propósito de socavar la posible protección que confiere el Convenio 169 de la OIT, el que si bien fue firmado y ratificado por el Estado de Honduras hace dos décadas, el Estado nunca procedió a adaptar las leyes nacionales al Convenio, tal como lo indica la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados (1969).
Existe una sistemática ofensiva por parte de grupos empresariales y el crimen organizado de despojar a las comunidades Garifunas de nuestros territorios ancestrales. A partir del golpe de estado del año 2009 se intensificaron las presiones y como resultado del colapso jurídico, la comunidad de Río Negro, Trujillo, fue demolida a instancias del empresario canadiense Randy Jorgenson, el que abocándose a la Ley de Expropiación Forzosa (1913) se apoderó de una de las primeras comunidades Garífunas fundada en Honduras.
El año pasado, a medida que el pueblo Garífuna avanzaba en su lucha jurídica ante la Corte IDH, el estado promovió desalojos en las comunidades Garífunas de Barra Vieja, Armenia y Puerto Castilla. La criminalización de la defensa del territorio ancestral, acompañadas de amenazas de muerte no frenaron los reclamos territoriales planteados por las comunidades.
 Fuente: PROAH |
La doctrina planteada por la Procuraduría en relación a considerar al pueblo Garífuna como extranjeros en Honduras y por ende denegar nuestros derechos territoriales, está impregnada de un enorme racismo. Buena parte de la elite de poder nacional es de origen extranjero y llevan mucho menos de un siglo en el país, sin que se les cuestione en ningún momento su hondureñidad.
Es de esperar que la EPN, el IHT y los verdaderos promotores de un juicio indudablemente político, el INDURA RESORT, apelarán el veredicto. Por supuesto que el torbellino por el cual atraviesa Honduras y la involucración de la elite de poder en el saqueo de las instituciones estatales, no es el panorama más adecuado para persistir en la distorsión jurídica y el prevaricato que tanto ha prosperado en Honduras en las últimas décadas.
!!! Celebramos una vez mas este triunfo de la comunidad de Barra Vieja, que constituye un triunfo de todo el pueblo Garifuna. Así mismo agradecemos a la solidaridad nacional e internacional quienes han venido acompañando la lucha y resistencia de la comunidad de Barra Vieja!!!
Organizacion Fraternal Negra Hondureña, OFRANEH
El abogado Leopoldo Romero, actuando de manera personal, presentó hoy ante la Fiscalía de Derechos Humanos una denuncia calificando como delitos de lesa humanidad, las acciones ilícitas que llevaron al desfalco millonario perpetrado contra el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) y que desembocó en la muerte de más de 2 mil 800 derecho-habientes que no tuvieron acceso a medicamentos y a atenciones especializadas.
El escrito busca que se proceda a generar requerimientos fiscales por el delito de asociación ilícita contra todas aquellas personas naturales o jurídicas que procedieron a crear organizaciones no gubernamentales (ong´s) o empresas fantasmas que cometieron ilícitos contra todo un pueblo y para que se conozca el paradero de medicamentos e insumos que nunca ingresaron en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS).
“La Fiscalía de Derechos Humanos es la llamada a conocer de este delito de lesa humanidad y formular los requerimientos respectivos en los tribunales competentes”, expresó Romero.
La acción legal busca también que “se proceda a la privación de dominio de todos los bienes, no de los que están ahorita en prisión preventiva porque ellos fueron únicamente el medio, y que igual se investigue a los partidos políticos que recibieron de esos fondos para campañas en perjuicio de una población que se está muriendo día a día con enfermedades colaterales como las que han venido por ese drenaje de cantidades exorbitantes de fondos y que todos deben de ir a prisión”, sostuvo Romero.
Por el delito de lesa humanidad vamos a señalar a todas las personas que tuvieron que ver con el drenaje de todos estos fondos, sean personas naturales o supuestamente jurídicas, porque algunas empresas fueron creadas como medios para cometer estos ilícitos, por lo tanto todos tienen responsabilidad en el país, ya sean funcionarios públicos que pueden estar actualmente en el gobierno, candidatos presidenciales de corrientes de partidos e igualmente los que fueron beneficiados y que tienen esos fondos, porque de eso no se ha recuperado casi nada, expresó el profesional del derecho.
“El presidente de la República (Juan Orlando Hernández) es el primer ciudadano responsable en ponerse a la orden del Ministerio Público para ofrecer toda la información que el conozca y que tenga en poder el Ejecutivo, de lo que se trata es el fortalecimiento de las instituciones del Estado, responsables velar de que no se den este tipo de hechos y que no queden en la impunidad”, explicó Romero.
Añadió que de no encontrar un eco a la denuncia, haría un llamado a todos los familiares de los fallecidos en el IHSS, porque en el marco del derecho de petición, también el sistema judicial debe abrir un expediente de oficio para investigar esto. Se trata de que se judicialice y se mande a la cárcel a verdaderos responsables de este descalabro y que además esos bienes de los que hicieron uso, se les priven, para resarcir todos los daños que ha sufrido el sistema.
El abogado Leopoldo Romero manifestó que un amigo suyo que necesitaba de un tratamiento de hemodiálisis y del cual no tuvo acceso, falleció posteriormente, por lo que su bufete está abierto para aquellos familiares que se vieron afectados por la muerte de sus parientes en el IHSS.
Romero dijo que la Junta Interventora debería estar colaborando y no ocultando documentos y que debería llamarse al fiscal Aldana (actualmente en el exterior) para que declare como testigo, todo lo que sabe sobre las investigaciones en el desfalco al IHSS y que superarían los 6 mil millones de dólares.
“La solución no es sacar fuera del país a un fiscal para ocultar lo que está sucediendo en Honduras”, sostuvo el abogado Leopoldo Romero.
El Tribunal de Sentencia de Tela, Atlántida se apresta a dar un veredicto contra el pueblo garífuna de Barra Vieja, en un juicio donde la dilación y la parcialidad hacia el proyecto turístico Bahía de Tela , a través de la Empresa Nacional Portuaria, ENP, como mampara, es una ilegalidad que no logran esconder.
En la tarde de hoy 04 de junio de 2015, el pueblo garífuna espera el veredicto, donde no hay ninguna esperanza de que se les restituyan sus derechos sino que se proceda a fijar una sentencia donde se asuma “como caso cerrado” para el Estado de Honduras. Muchos millones de dólares están en juego para el capital, pero cientos de familias del pueblo Garífuna de Barra Vieja no se quedarán de brazos cruzados, pues han dicho que solo muertos los sacan de allí.
El pasado 13 y 14 de mayo inició la audiencia de debate en ese tribunal. La sala estaba repleta no de público sino de procesados y procedas por usurpación de tierras, eran hombres y mujeres que por década están en su tierra, la cual fue vista como una mercancía y el despojo llegó.
El Estado de Honduras a través de las instituciones involucradas en este caso como la Procuraduría General de la República, PGR, el Ministerio Público y el Instituto Nacional Agrario, INA, persistieron en su afán de negar la existencia de la comunidad garífuna de Barra Vieja y en general de todo el pueblo.
Aunque los ancianos de Barra Vieja han brindado múltiples testimonios sobre la presencia del pueblo Garífuna, la que se remonta a finales del siglo XIX, cuando las compañías fruteras desplazaron a los Garífunas del antiguo Triunfo de la Cruz, pero eso no ha valido de nada, porque la rapiña está prevaleciendo, en violación al Convenio 160 de la OIT.
El 14 de mayo se suspendió la audiencia de Debate para “darle tiempo” a la Fiscalía de presentar los testigos que no presentó en esos dos días aduciendo una serie de pretextos, eran un empleado del Instituto Nacional Agrario, INA, para que avala un informe del Consejo Nacional Agrario donde había toda una argumentación favorable al emporio turístico.
El pueblo garífuna, representado a través de la Organización Fraternal Negra de Honduras, OFRANEH, tendrá que ir nuevamente a los tribunales internacionales porque aquí en Honduyras, la justicia les cierra las puertas y hay una campaña discriminatoria para quererles presentar incluso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, CorteIDH, como extranjeros en su propia tierra.
General Álvarez Martínez llegó pistola en mano para que cedieran sus tierras
Según señala la OFRANEH y para dejar constancia histórica del saqueo, la Empresa Nacional Portuaria se apropió de los terrenos de Puerto Castilla, cuando el 1976 el general Álvarez Martínez, pistola en mano, hizo firmar a los miembros de la comunidad de Cristales y Río Negro la cesión del territorio ancestral conocido como la Puntilla y que estaba titulado a favor del pueblo Garífuna desde 1902.
A continuación un comunicado de OFRANEH sobre este despojo
Sambo Creek, 4 Junio del 2015.- Después de varias horas de espera, el juicio de la comunidad Garífuna de Barra Vieja, se reanudó en horas de la tarde del día de ayer, persistiendo el Estado de Honduras en denegar la existencia de la comunidad y la condición de indígenas del pueblo Garífuna.
Se supone que el día de hoy en horas de la tarde se emitirá una resolución, la que es de esperar será a favor de la Empresa Nacional Portuaria. Honduras al igual que en “Alicia en el país de las maravillas”, la sentencia precede a los cargos.
Los tres intentos de desalojo efectuados el año pasado en contra de Barra Vieja, podemos indicar que forman parte de una sentencia a priori, de un juicio que se vino a efectuar meses después de las arremetidas en contra de la comunidad por parte de las fuerzas de seguridad estatales.
Los ancianos de Barra Vieja han brindado múltiples testimonios sobre la presencia del pueblo Garífuna, la que se remonta a finales del siglo XIX, cuando las compañías fruteras desplazaron a los Garifunas del antiguo Triunfo de la Cruz, los que se vieron obligados a relocalizarse en el nuevo Triunfo y en Tornabé.
El cabo Santa Marta, cayo Tornabé -como se le conoce a Barra Vieja en los archivos catastrales- fue donado a la Empresa Nacional Portuaria por el Procurador Nacional de la República, el Señor Serapio Hernández Castellanos, el 18 de septiembre de 1975, a través de la escritura pública No.29, otorgada en Puerto Cortes.
En ningún momento a la comunidad de Barra Vieja o Tornabé se les notificó de la entrega de su territorio a la EPN.
Cabe recordar como la EPN se apropió de los terrenos de Puerto Castilla, cuando el 1976 el general Álvarez Martínez, pistola en mano, hizo firmar a los miembros de la comunidad de Cristales y Río Negro la cesión del territorio ancestral conocido como la Puntilla y titulado a favor del pueblo Garífuna en 1902.
En la actualidad se está fraguando una expulsión más de los habitantes de Puerto Castilla promovida por la EPN, para la construcción de una supuesta ciudad modelo (ZEDE)
La debacle por la cual atraviesa Honduras está cimentada en el saqueo tanto de instituciones como de territorios, situación que se agravó con el golpe de estado del año 2009.
Para los empresarios asociados con el INDURAS RESORT, la presencia de Barra Vieja contiguo a su emporio, se convierte en una afrenta, ya que existen planes para terminar de destruir los humedales de la Laguna de Micos (RAMSAR 722).
El juicio de Barra Vieja no es más que una farsa judicial, ante la garrafal omisión de un procedimiento indispensable que omitieron el año pasado antes de haber intentado los desalojos.
El haber escogido las ruinas del edificio de la Tela Rail Road Company para llevar a cabo el juicio, es una señal inequívoca de no haber superado la etapa neocolonial en la cual se sumió Honduras en el siglo XX y que parece ser, se está repitiendo de nuevo en el siglo XXI.
Organización Fraternal Negra Hondureña, OFRANEH
Tegucigalpa (miércoles 3 de junio 2015).- Los jóvenes (excluidos, marginados y estigmatizados por el actual gobierno), son los principales protagonistas de las movilizaciones de las antorchas contra la corrupción que se realizan día a día en diversas ciudades del país, destacó hoy el sociólogo y catedrático universitario Julio Navarro.
La presencia de jóvenes hoy en día en las calles, marchando con antorchas y convocando a la gente a participar para repudiar la corrupción, es una ola planetaria que nos llega a nosotros con los cambios radicales que se dieron en el pasado en el régimen chino, también los jóvenes en Europa han sido los que han promovido cambios importantes y en América del Sur, los jóvenes también son los que han salido a las calles a reivindicar la destrucción del estado social que se había desviado producto hoy en día del neoliberalismo, explicó Navarro.
“Los jóvenes en nuestro país son las principales víctimas del modelo neoliberal, son las principales víctimas de la violencia y de la inseguridad, son las víctimas de la exclusión, por eso la corrupción es la que ha hecho que los jóvenes se sientan sensibilizados para auto-convocarse para salir a las calles a exigir que se investiguen estos escandalosos actos de corrupción”.
Estos jóvenes reclaman que por fin la clase política, que por fin las instituciones del estado que fueran creadas para vigilar y controlar los beneficios que genera el estado, hoy se hagan realidad, porque las instituciones no han respondido a los graves perjuicios que se han hecho contra el estado, sostuvo el analista.
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Navarro dijo que este fenómeno social ha trascendido a nivel nacional, por ejemplo departamentos que nunca se habían manifestado como Islas de la Bahía, los jóvenes aparecieron con sus antorchas, ¿para qué?, para descubrir dónde está la corrupción, dónde están los responsables y también alumbrar a aquellas instituciones del estado que se han negado a asumir el papel para las que fueron creadas.
“Yo creo que debemos tener esperanzas, no hay que descalificar a los jóvenes, no hay que satanizarlos, no hay que decir que están al servicio de alguien, porque son grupos de jóvenes que saben que ellos serán los principales perjudicados si este sistema no se puede enderezar”, manifestó el sociólogo y catedrático universitario.
Estas movilizaciones de las antorchas escenificadas en casi todas las ciudades del país, han captado la atención a nivel internacional, de tal magnitud que el prestigiado periódico estadounidense New York Times, ha reproducido los mensajes de las movilizaciones de las antorchas, en las que se condena la corrupción en Honduras y se exige la renuncia del presidente Juan Orlando Hernández.
“Lo más trascendente de la acción de los jóvenes, es la simpatía que despierta en toda la población hondureña, lo que hace que los no jóvenes nos sintamos un poco avergonzados de que sea éstos muchachos, los que salgan a reivindicar lo que nosotros hemos creido que es un simple pleito político entre partidos de oposición y gobierno”, detalló Navarro.
El analista se preguntó: ¿el presidente de la República ha respondido a los reclamos de los grupos de oposición?, no, porque el cree que es nada más que una cuestión de carácter político, ahora ¿el presidente hoy en día va a responder a este grupo de jóvenes que se manifiesta en las calles?, estaríamos por verlo pero pareciera que por lo que yo he visto en los medios de comunicación, las descalificaciones de parte de altos dirigentes del partido Nacional, ha hecho que los jóvenes pasen en las calles.
El origen de las manifestaciones se gestó por el descontento generalizado frente a las denuncias de corrupción protagonizadas por funcionarios del partido nacional, involucrados en la creación de empresas fantasmas (empresas de maletín) que obtuvieron fondos multimillonarios del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) por el orden de 2 mil millones de lempiras, desviados posteriormente a las arcas del partido Nacional.
Estas operaciones fraudulentas se gestaron durante la administración del ex presidente, también nacionalista, Porfirio Lobo Sosa y cuando fungía como presidente del Congreso Nacional y actual presidente de la República, Juan Orlando Hernández.
En una comparecencia televisiva de este miércoles 3 de junio y que acuerparon los canales 11, HCH y TEN, el mandatario aseguró: “No tengo nada que ver con el caso del Seguro Social y por eso he dicho, caiga quien caiga, no nos va a temblar la mano, no importa quien sea , si es de mi partido, pariente o amigo, tiene que responder ante el pueblo”.
Tras expresar que más bien él ordenó la intervención de Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), Hernández señaló que en el momento cuando se produjo la entrega de cheques provenientes de empresas fantasmas que desfalcaron al IHSS destinados al Partido Nacional (PN), fungió como presidente de su partido, el ex alcalde y actual vice-presidente de la República, Ricardo Alvarez.
Se estima que el saqueo al IHSS supera los 6 mil millones de dólares, cuyos impactos en la población ha significado que más de 2 mil 800 personas hayan muerto a causa de la falta de medicamentos y atenciones especializadas.
Tegucigalpa (2 de junio 2015).- Un grupo de mujeres cuyo trabajo es brindar servicios sexuales se manifestó hoy en esta capital para demandar justicia por 19 sexoservidoras asesinadas en los últimos dos años y para exigir respeto a su integridad física y emocional.
Las trabajadoras del sexo también denunciaron que agentes del estado como policías y militares son los que más vejámenes cometen en contra de ellas.
La manifestación se inspira al conmemorarse el 2 de junio el Día Internacional de las Trabajadoras Sexuales, cuando en esa misma fecha pero de 1975, decenas de trabajadoras sexuales ocuparon la iglesia de Saint Nizier en Lyon, Francia para llamar la atención sobre su mala situación y exigir el cese de la violencia policial que dejó a dos de sus compañeras muertas.
En Honduras, las trabajadoras sexuales han comenzado a organizarse para defender sus derechos y día a día la membresía aumenta a nivel nacional. Mujeres que trabajan en nigth clubes, casas de cita y hasta "las de prepago" se están sumando a la asociación.
Las manifestantes expresaron que su labor, muchas veces se ve amenazada cuando militares y policías las someten a servicios sexuales sin su consentimiento y además no pagan por los servicios. En estas acciones siempre van de por medio los ataques, los golpes y vejámenes en contra de las prostitutas.
De igual manera pidieron respeto a su integridad como mujeres, como seres humanos que realizan un trabajo como cualquier otro y que por tanto no deben ser sujetas de discriminación por parte de la sociedad.
Tanto como en Tegucigalpa, como San Pedro Sula y La Ceiba, las sexoservidoras se movilizaron para alzar su voz y exigir sus derechos.
La participación de las trabajadoras sexuales llama la atención en una sociedad que como la hondureña, abiertamentente discrimina y excluye a mujeres que ofrecen por dinero servicios sexuales, pero que en la práctica desde siempre los hombres han buscado a dichas mujeres llamadas "de la vida silenciosa o prostitutas" para satisfacer sus deseos sexuales.
La Organización de Naciones Unidas ha prestado especial atención a los malos tratos y a la violencia sexual contra las mujeres, así como daños causados a su salud y dignidad. Para el organismo mundial, la prosptitución es uno de los aspectos más graves de la discriminación respecto a las mujeres, de ahí la necesidad de emprender acciones que tengan por objeto, luchar contra la discriminación sexual mediante la adopción de acciones educativas y preventivas, así como la elaboración de programas de investigación.
Tegucigalpa (martes 2 de junio 2015).- La organización de derechos humanos Casa Alianza reportó que solo en el mes de mayo de este año se registraron 79 muertes violentas de jóvenes, cuyos patrones revelan claras muestras de ejecución.
La información fue proporcionada por el director de programas, Ubaldo Herrera quien recalcó que del total de muertes, 16 corresponden a niños y niñas.
“Para nosotros sigue siendo de enorme preocupación la ejecución de menores de edad y jóvenes menores de 23 años, la tasa es alta y se mantiene con niveles de extrema violencia y con características de ejecución”, dijo Herrera.
El defensor de derechos humanos sostuvo que tanto el Distrito Central como San Pedro Sula encabezan los índices más altos en la ejecución de jóvenes en el país. Durante 12 años en los que hemos contabilizado los datos, éstas dos ciudades han arrojado la mayor cantidad de muertes violentas.
Herrera dijo que al igual que los homicidios de adultos, la gran mayoría de los casos de ejecuciones de jóvenes, permanecen en total impunidad y muy pocos casos han sido resueltos.
El representante de Casa Alianza señaló que en varios casos, los muchachos son sacados de sus casas para darles muerte o ejecutados en caminos solitarios.
La violencia en contra de este segmento de la población está provocando la emigración interna, y en otros casos, los menores de edad y jóvenes huyen de las amenazas y la violencia hacia países como México y Estados Unidos, precisó Ubaldo Herrera.
A principios de mayo Casa Alianza emitió el siguiente comunicado de cada al Examen Periódico Universal, EPU, que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, realizó al Estado hondureño el pasado 08 de mayo:
Comunicado Honduras ante el EPU_Casa Alianza Honduras
Ante el Examen Periódico Universal (EPU) del Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas a realizarse en mayo,
Casa Alianza Honduras,
a la comunidad nacional e internacional, a las organizaciones de cooperación y sociedad civil hondureña, hace saber:
1. En Honduras, en los últimos 17 años, han sido asesinados más de 10,346 niñas, niños y jóvenes menores de 23 años.
2. Durante el período del actual gobierno se registran 1,232 asesinatos de niñas, niños y jóvenes menores de 23 años, el 90% de estos delitos quedan en total impunidad.
3. El gobierno solo adopta medidas de corte mediático, como la aprobación de leyes y políticas y que en la mayoría de los casos no se materializan en el cumplimiento de los derechos de la niñez y juventud del país.
Ante esta situación, Casa Alianza Honduras demanda al gobierno:
1. Que asuma las recomendaciones del EPU y sobre todo que adopte medidas urgentes para detener el asesinato de niñas, niños y jóvenes en Honduras.
2. Terminar con la impunidad en el país, que es una de las principales causas por las que se sigue atentando contra la vida de niñas, niños y jóvenes.
3. Asumir su rol de garante, cumpliendo con lo establecido en la Constitución de la República y con los instrumentos internacionales de derechos humanos de los cuales el país es signatario.
Dado en la Ciudad de Tegucigalpa, a los cinco días de mayo de dos mil quince.
Atentamente,
Observatorio de Derechos de los Niños, Niñas y Jóvenes en Honduras
Casa Alianza Honduras
05 de mayo de 2015
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La Plataforma 25 de Noviembre entregó una carta el 27 de mayo pasado al Congreso Nacional donde describen los efectos de la violencia contra las mujeres y solicitan que entre los casos a investigación se incluyan los femicidios, pero el parlamento hondureño se ha llamado al silencio.
Al no recibir respuestas, este 01 de junio de 2015 las mujeres volvieron a la carga y dieron la misiva en manos de tres de los integrantes de la Comisión Multipartidaria del Congreso Nacionl , los diputados Edgardo Casaña y José Edgardo Castro ambos del Partido Libertad y Refundación, LIBRE, y a Doris Gutiérrez, del Partido Innovación y Unidad Social Democráta, PINU-SD.
La comisión multipartidaria se creó para conocer los avances de las investigaciones de casos de corrupción emblemáticos como el del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), el carretillazo, los fondos del proyecto de la Cuarta Urna, el del Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo (Injupemp), el tráfico gris de Hondutel; el caso del instituto de Previsión del Magisterio (Inprema) y el Trans 450, entre otros.
La ausencia de investigaciones sobre crímenes contra mujeres, es un vacío que debe ser llenado, de acuerdo a la demanda del movimiento de mujeres de Honduras a través de la Plataforma 25 de Noviembre que integra a mujeres campesinas, pobladoras, jóvenes y redes locales y feministas.
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Las mujeres de la Plataforma 25 de Noviembre invocan la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la violencia contra la Mujer (Belem Do Pará), donde se describe que la violencia contra las mujeres imposibilita su desarrollo y además este convenio internacional señala la obligación de los Estados de tomar las medidas apropiadas , incluso de carácter legislativo para asegurar el pleno desarrollo y adelanto de la mujer.
“Entre el año 2010 y primer trimestre de 2015, unas 2,870 mujeres han sido víctimas de femicidio en el país, de estos casos únicamente el siete por ciento han recibido sentencia, según el informe presentado por el gobierno de Honduras ante el Examen Periódico Universal, EPU. Como organizaciones defensoras de derechos de las mujeres nos preocupan todos los casos de femicidio y demandamos sean investigados”, señala la carta.
Pero señalaron cuatro casos emblemáticos para que esta comisión proceda a hacer las averiguaciones que den con los responsables de los crímenes y se les lleve tras las rejas, para iniciar un proceso de combate a la impunidad.
Estos son los casos que las mujeres demandan investigar
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Los casos son el de Vanessa Yaneth Zepeda Alonso, dirigente del sindicato del Segurio Social, SITRAIHSS que el 03 de febrero de 2010 fue encontrada muerta por asfixia como consecuencia de estrangulación. Aunque fue encontrado como responsable al médico Rafael Alejandro Sierra Linares, éste se encuentra prófugo de la justicia, sin que los encargados de su detención hagan algo por capturarlo.
Margarita Murillo, dirigente campesina, fundadora de la Central Nacional de Trabajadores del Campo, CNTC y lideresa del Foro Social del Valle de Sula y del Partido LIBRE, perseguida en los años 80 obligándole a salir al exilio. En el año 2009 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, le otorgó medidas cautelares por las amenazas que recibió en el marco del golpe de Estado en Honduras.
Aunque existían dichas medidas el Estado de Honduras nunca las implementó y por lo tanto la dejó en completa desprotección lo que ocasionó su asesinato de varios disparos de bala el 26 de agosto de 2014, en la Aldea El Planón, en Villa Nueva, Cortés. A la fecha no se ha proporcionado información sobre el caso y permanece en completa impunidad.
Otro de los casos sobre el cual las mujeres exigen investigación pronta y una acción inmediata de la Comisión Mutipartidaria, es el de Alma Mariela Ordoñez, Madeline Ramíez Zambrano y Blanca Alejandra Velásquez, quienes eran modelos y fueron asesinadas a balazos el 15 de marzo de este año, por criminales que se conducían en una motocicleta y en una camioneta, a la salida de Valle de Ángeles. Aunque ellas pidieron protección policial previo a su crimen cuando venían de Siguatepeque, no se tiene información del por qué solamente lo hicieron antes de entrar a Tegucigalpa, lo que demuestra la inoperancia policial.
También se incluye el asesinato contra la niña Soad Nicole Ham Bustillo, de 13 años de edad que apareció asesinada y metida en un saco en una calle, el pasado 24 de marzo . Un día antes la niña había participado en una protesta de su colegio donde indignada expresó “no es posible que no tengamos sillas….no es posible que no hayan aseadoras”. A la fecha las declaraciones policiales resultan confusas y pretenden responsabilizar a la niña por la violencia sufrida.
La Plataforma 25 de Noviembre también detalló la actual situación amenazante contra las mujeres que van a los mercados del Distrito Central , San Pedro Sula y otras ciudades urbanas, dado los mensajes enviados por grupos criminales, maras y pandillas sobre la prohibición de vestirse con pantalones licras y/o pintarse el cabello de rojo o de amarillo so pena de ser agredidas por estos grupso e incluso podrían culminar en femicidio.
“Nuestra intención con esta nota es que usted como presidente de la Comisión Interpartidaria junto con el resto de diputados y diputadas integrantes de la misma, planteen ante el Fiscal General del Esatdo y a los entes respectivos la urgencia de rendir un informe situacional de los casos de femicidios antes mencionados, así como la necesidad de crear unidades especiales de investigación de femicidios en los diferentes entes investigativos como la Agencia Técnica de Investigación Criminal, ATIC y fortalecer las ya existentes”, demanda la nota.
La misiva es firmada por Gilda Rivera del Centro de Derechos de Mujeres, CDM; Suyapa Martínez, del Centro de Estudios de la Mujer-Honduras y Wensy Cruz, de la Vía Campesina. La plataforma es integrada por más de 20 organizaciones de mujeres.
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Los miembros de la comisión multipartidaria son: por el Partido Nacional Mario Pérez, David Chávez, Renán Inestroza; Partido Liberal Hugo Hernández, Araceli Leiva; el Partido Libertad y Refundación (Libre) José “Chele” Castro, Edgardo Casaña.
Enrique Villega y Marlene Alvarenga, representantes del Partido Anticorrupción (PAC); por la bancada denominada Independiente, Audelia Rodríguez; Partido Unificación Democrática (UD) Edwin Pavón; Partido Demócrata Cristiano Augusto Cruz Ascencio y del Partido de Innovación y Unidad (Pinu) Doris Gutiérrez.
Las mujeres esperan que esta solicitud sea abordada a la mayor brevedad por la situación grave de violencia contra las mujeres en Honduras, problema que no figura como tema principal de la agenda de gobierno.
El derecho a la tierra pende de una decisión de un Tribunal de Sentencia de Tela en el departamento de Atlántida, que se ha mostrado parcializado con instituciones del Estado para despojar a garífunas asentados desde hace décadas en la comunidad de Barra Vieja, para favorecer al proyecto turístico Bahía de Tela.
La presencia de Barra Vieja se remonta desde el año de 1885 y su ocupación permanente se produjo desde el año de 1904. Los garífunas han tenido que luchas por sus territorios en ese tiempo con las transnacionales bananeras y ahora con proyectos turísticos auspiciados desde los grupos de poder que ven en la zona una riqueza que la venden al mejor postor sin importar la violación a los derechos humanos.
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El 12 y 13 de mayo pasado se llevó a cabo la audiencia de debate sobre este tema donde 66 garífunas están acusados de usurpación de su propia tierra, según un proceso judicial iniciado por la Empresa Nacional Portuaria que inició una querella desde el año pasado según consta en el expediente número 2298-2014.
Hasta el edificio donde se han desarrollado las audiencia es un mal presagio y podría ser un mensaje subliminal pues perteneció a las transnacionales bananaeras que despojaron de sus tierras hace décadas a los garífunas obligándoles a arrinconarse a pesar de ser los dueños.
De acuerdo a las fallas de procedimiento judicial que violentan el debido proceso y el acceso a la justicia, los jueces admitieron la denuncia por usurpación a pesar que el Ministerio Público no recibió ninguna denuncia por parte de la Procuraduría General de la República, “hay una falta de acción porque la Procuraduría nunca denunció a los supuestos invasores ni los investigó el Ministerio Público”, dijo José Carlos Velásquez, abogado defensor de la comunidad.
Velásquez agregó que hay de por medio unos 40 millones de lempiras con bancos extranjeros, todos representados por el Banco FICOHSA de Honduras.
El pueblo garífuna está protegido por el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, y en todo el juicio lo que ha existido es indefensión y por lo tanto quebrantamiento de la norma, “y no se le está permitiendo a la defensa que haga su trabajo, creo que hay parcialización del tribunal porque desde el principio le hemos presentado pruebas de que los garífunas tienen el derecho de posesión y no hay respuestas”, argumentó el defensor.
Los garífunas no tiene propiedad individual de la tierra sino comunal, de orden colectivo, pero aunque se apeló la decisión del Juzgado de llevar a cabo un desalojo, y después un ampao que fue desestimado, esto no surtió efecto , y el año pasado camiones del ejército y la policía llegaron a desalojarlos.
En la audiencia de mayo se leyó una resolución de Consejo Nacional Agrario del Instituto Nacional Agrario, INA, la cual señala que “el predio no se puede otorgar a ningún particular porque ya es propiedad del proyecto turístico Bahía de Tela , sería un desastre ecológico si se entrega a particulares .
En Consejo Nacional Agrario argumentó que no se está violentando el Convenio 169 de la OIT porque la comunidad no tiene escuelas y otras obras de desarrollo, ni tampoco la comunidad de Barra Vieja tiene denuncia ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos , “por eso no hay violaciones a los derechos humanos”.
El 13 de mayo el Ministerio Público debió presentar a sus testigos propuestos pero no llegaron , eran agentes de policía que debían ratificar actas de inspecciones oculares pero el fiscal adujo que no pudieron comparecer uno porque estaba de vacaciones y otro porque nunca se le citó, por eso pidió suspensión del Debate , aunque el abogado defensor de los garífunas se opuso a que se pospusiera la audiencia, el Tribunal de Sentencia dio curso a la petición del Ministerio Público dando ventaja a los acusadores .
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Barra Vieja está ubicado contiguo al proyecto turístico Indura Resort, conocido previamente como Laguna de Micos & Beach Resort, perteneciente a la elite de poder de Honduras, implicados directamente en el golpe de estado del año 2009. Vea detalles de desalojo del año pasado.
Alfredo López, dirigente de OFRANEH criticó el papel del Estado de Honduras que en vez de proceder a la protección de los garífunas violenta sus derechos, eso traerá consecuencias dijo, "Hemos estado 15 años en las cortes internacionales pues aquí no hay justicia, y seguiremos entonces en estas cortes"
Pero se teme que la decisión del Tribunal de Sentencia de Tela, Atlántida, sea desalojar a Barra Vieja y de esta forma obviar los derechos que tienen los garífunas para favorecer al gran capital. Sin embargo los y las pobladores de la comunidad ha declarado que solo muertos los sacan de allí.
Dirigentes sindicalistas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), denunciaron que la desaparición forzada de su compañero Domitilo Jiménez es una violación a la libertad de expresión, de asociación y de sindicalización.
El Decreto que crea la Ley de protección para defensores de derechos humanos, periodistas, comunicadores sociales y operadores de justicia, fue publicado el 15 de mayo recién pasado, con el número 33,730 del Diario Oficial La Gaceta.
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