Según la Policía Nacional a través de sus autoridades, hay estructuras criminales para crear el caos, generar incertidumbre  y desestabilizar al gobierno de Xiomara Castro, mientras ella señala que se trata de escuadrones de la muerte. Estas aseveraciones salieron a la luz pública este 14 de julio de 2022 en el marco del crimen contra cuatro jóvenes en la madrugada de esta misma fecha.

En el lanzamiento de la Mesa Local por la Libertad de Expresión en Comayagua, en la zona central de Honduras este 07 de julio de 2022, por la Red de Periodistas y Comunicadores Sociales de Comayagua por la Libertad de Expresión, REDCOMLE y la Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos, ASOPODEHU, los diferentes actores que participaron coincidieron en que el derecho a expresarse libremente, a que haya un ecosistema de medios proclive a informar sin restricciones y que las personas que ejercen el periodismo puedan realizar esta labor sin amenazas ni miedos.

Inconforme se mostró el Consejo de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, COPINH, ante la sentencia de 22 años y seis meses de prisión contra David Castillo, a quien la Sala Primera del Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, le condenó como coautor del crimen contra Berta Cáceres. La organización lenca manifestó que "habrá justicia completa cuando se haya capturado, enjuiciado y condenado a los autores intelectuales del crimen. Las investigaciones de expertos internacionales han evidenciado que existe una autoría intelectual en el asesinato de Berta Cáceres. Está autoría intelectual está compuesta por los hermanos Jacobo, José Eduardo, Pedro Atala Zablah y por Daniel Atala Midence", según destaca documento difundido este 20 de junio de 2022. 

La Sala Primera del Tribunal de Sentencia con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal de Tegucigalpa, ha pospuesto por cuarta vez la lectura de sentencia contra David Castillo, coautor del crimen contra Berta Cáceres, para el 20 de junio de 2022, según una notificación  enviada al abogado Víctor Fernández con fecha 07 de junio de este mismo mes .

La Fiscalía Especial para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia, (FEPRODDHH), a través de una resolución, justificó los abusos que agentes de la Policía Nacional Preventiva, en los que se incluyen amenazas contra los defensores de derechos humanos Génesis Andino, Ligia Velásquez, Kevin Velásquez, César Fuentes y Ovidio Moncada, notificando  más de dos años después a las víctimas.

El crimen contra Thalía Rodríguez, defensora trans de derechos humanos, el primero en el 2022, ocurrido el 10 de enero de este año, abre nuevamente la discusión sobre la falta de responsabilidad del Estado de Honduras en realizar acciones contundentes para terminar con esta violencia, cumplir con compromisos internacionales y una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, CorteIDH.

Criminalización de la defensa de derechos humanos, presos políticos, exiliados, asesinatos de personas defensoras de derechos humanos, desapariciones forzadas, leyes lesivas a los derechos fundamentales que deja el gobierno del presidente Juan Orlando Hernández, sumado de las graves violaciones a los derechos humanos en el golpe de Estado de 2009 y las elecciones de 2017,  son algunos de los problemas que encontrará la nueva presidenta Xiomara Castro al iniciar su gobierno.

Una jueza de Letras con Competencia Nacional en Materia de Corrupción ordenó este 14 de diciembre de 2021,  a la Fiscalía de Delitos contra la Vida, que ponga a disposición dos computadoras decomisadas a Daniel Atala, Gerente Financiero de la empresa hidroeléctrica Desarrollos Energéticos, S.A, DESA,  para ser examinadas por expertos en extracción de información y análisis criminal, según lo publicó el Bufete Estudios para la Dignidad, en su cuenta de twitter.

RSF  lanzó en abril de este año  un Proyecto de Investigación, el cual se desarrollará durante lo que resta del año sobre los Mecanismos de Protección a Periodistas en América Latina, con el apoyo de la UNESCO, para evaluar la implementación y efectividad de los programas de protección para este sector en México, Colombia, Brasil y Honduras.

En lo que va del año 2021 la ola de procesos judiciales en contra los defensores de derechos humanos,  especialmente ambientalistas y territoriales, se mantienen como un método de criminalización para opositores de proyectos extractivistas impuestos en las comunidades, de este grupo cuatro son indígenas lencas y dos garífunas.