Viernes, 27 Diciembre 2024

Denuncia

Periodistas, comunicadores sociales, mujeres, jóvenes, pueblos originarios, comunidad LGTBI tienen el espacio para denunciar ataques por ejercer la libertad de expresión e información.

Pablo Hernández, defensor de derechos humanos, comunicador de la Voz Lenca y militante del Partido Libertad y Refundación, LIBRE, fue acribillado a balazos este domingo  09 de enero de 2022, en San Marcos de Caiquín, Lempira. Un mes atrás Margarito Hernández, también integrante de ese instituto político fue muerto de forma parecida en Santa Cruz, en el mismo departamento, el 05 de diciembre de 2021.

Foto de Margarito Hernández de LIBRE

Ambos crímenes se dan en el contexto postelectoral, después de la derrota del Partido Nacional y el ascenso de LIBRE al poder con la presidenta electa Xiomara Castro. Defensores de derechos humanos de la zona han manifestado que las muertes son represalias por ser dirigentes de dicho partido que desplazó a familias que se turnaban en el poder desde los padres, abuelos y nietos.

El crimen de Margarito Hernández se encuentra en la completa impunidad, ni siquiera hay líneas de investigación por parte del Ministerio Público, lo que genera la repetición de los hechos.

El jefe de comunicaciones estratégicas de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), Cristian Manuel Nolasco, confirmó a The Associated Press, AP,  que Hernández fue emboscado en un angosto camino de tierra, según publicó esta agencia de noticias.

“El funcionario dijo que se maneja la hipótesis de que el crimen fue motivado por enemistades personales y problemas políticos partidistas, y señaló que ya se tienen identificados a varios sospechosos”, señala la noticia de la AP .

Sin embargo Asociación de Medios Comunitarios en Honduras (AMCH), denunció que  “dicho asesinato lo consideramos un atentado más a la libertad de expresión y la defensa de los derechos humanos (por los que) nuestro compañero Pablo Hernández trabaja con compromiso y dedicación”.

Según circuló en redes sociales Pablo Hernández había denunciado reiteradas amenazas a muerte por parte de autoridades del municipio de Caiquín, Lempira.

Pablo era muy activo en la defensa de su pueblo lenca al impulsar la Universidad Indígena y de los Pueblos. Fue Director de Radio Tenán, La Voz Indigena Lenca, Alcalde Mayor de La Auxiliaría de La Vara alta de Caiquín, coordinador de la comunidades eclesiales de base y  Presidente  de La Red de Agro ecólogos de La Biósfera Cacique Lempira Señor de Las Montañas.

Ambiente pre electoral de amedrentamiento en las comunidades

Rigoberto Matute, defensor de derechos humanos de La Unión Lempira, dijo a pasosdeanimalgrande.com que hombres armados asediaron a unas  17 comunidades de Lempira debido a que en la zona el Partido Nacional se sentía perdido y de hecho así lo fue en las votaciones, por lo que hombres de civil armados merodeaban las casas de líderes.

En el caso de Maute ha sido objeto de reiteradas amenazas a muerte y a su casa entraron hombres armados unos días antes de las elecciones.

Ambos asesinatos han ocurrido en el lapso de un mes y se hace necesario una intervención inmediata de la nueva presidenta para que cese la violencia.

El Partido LIBRE  a través de la Coordinación Departamental en Lempira difundió un acuerdo de duelo sobre el crimen de Pablo Hernández:

Se podría repetir el caso de la Unión Patriótica de Colombia en LIBRE?

La Unión Patriótica surgió como una convergencia de fuerzas políticas a raíz del proceso de negociación adelantado a mediados de la década de 1980 entre el gobierno del presidente Belisario Betancur y el estado mayor de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC.

Desde sus mismos inicios la Unión Patriótica fue sometida a toda clase de hostigamientos y atentados. En 1984, se presentaron los primeros asesinatos y “desapariciones” forzadas. Tras las agresiones se percibía la actuación de agentes estatales o de integrantes de grupos paramilitares, detalla el documento “Genocidio político: el caso de la Unión Patriótica en Colombia”, escrito por Iván Cepeda Castro, investigador de derechos humanos  y director de la Fundación Manuel Cepeda Vargas, de Colombia.

Tres rasgos centrales configuran la especificidad de esta persecución sistemática. En primer lugar, la intencionalidad de los autores de la cadena de acciones criminales ha sido acabar con el grupo político, o al menos, expulsar de la vida pública a sus sobrevivientes y a las bases sociales que han resistido la ola de violencia. Por esta circunstancia, los familiares de las víctimas directas y los sobrevivientes del movimiento han reclamado que el caso sea tipificado como un genocidio por razones políticas. En segunda instancia, es notorio que se trata de un proceso de exterminio de una fuerza política legal en condiciones de un Estado considerado democrático y en el que se supone la existencia de una institucionalidad ajustada a las normas del derecho, agrega el escrito.

De no tomar cartas rápidas en el caso de los crímenes contra el partido LIBRE, Honduras podría repetir este escenario de Colombia donde fueron asesinados unos cinco mil militantes lo que ha sido considerado un genocidio. Aunque los contextos son diferentes, sí hay algunas similitudes como lo es la persecusión y muertes de los militantes de LIBRE en varios lugares del país.

 

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Un total de 15 agresiones contra periodistas, en seis departamentos del país, reporta hasta las tres de la tarde el monitoreo de la Asociación por la Democracia y los derechos Humanos, (ASOPODEHU) , Colegio de Periodistas de Honduras, CPH, Asociación de Prensa Hondureña, APH, Mecanismo Nacional de Protección y el CONADEH, en el marco del proceso electoral de este domingo 28 de noviembre.

La posición privilegiada de David Chávez Madison como director del Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop) le permitió otorgar contratos por casi 60 millones de lempiras a sus asociados a través de las empresas Grupo Visión y Dynamic

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En las últimas décadas la familia Chávez Madison, ligada al oficialista Partido Nacional, ha venido acumulando una fortuna incuantificable que pone en tela de juicio este patrimonio que se teje en las más altas esferas de poder.


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La marcha nacionalista con una supuesta defensa de la vida y contra del aborto, es un claro mensaje de amenaza  y apología al odio por parte del oficialismo las mujeres en el país, señalan representantes de algunas organizaciones, al ser consultadas por pasosdeanimalgrande.com sobre la marcha del Partido Nacional el fin de semana en contra del aborto.

El Partido en el poder pretende que el electorado penalice a la candidata presidencial, Xiomara Castro,  del Partido Libertad y Refundación, LIBRE, que en su plan de gobierno incluyó el aborto en las tres causales. Una de las acciones públicas fue organizar una marcha donde empleados públicos pudieron ser obligados a participar, con el objetivo de hacer creer que toda la población apoya su campaña contra las mujeres que defienden sus derechos.

En esta marcha con miles de simpatizantes de dicho partido, el mensaje de David Chávez,  candidato a la alcaldía de la Comuna Capitalina,  más pareció referirse a errores de administraciones pasadas y no propuestas concretas, recalcando el aborto como tema de escudo.

 “Yo miro hacia atrás  y observo cómo gobernaron aquellos que hoy promueven el aborto y matar niños, aquellos que promueven el socialismo del siglo XXI, esas ideologías extrañas que promueven escasez de alimentos, aliados como Venezuela y Cuba”, subrayó Chávez.

A 19 días para el proceso electoral el oficialista Partido Nacional arrecia con su campaña política de odio y terror utilizando temas como los derechos reproductivos y sexuales y el comunismo,  para atacar a su mayor contendor el partido LIBRE que mantiene un silencio que podría jugarle en contra.

Honorina Rodríguez, del Foro de Mujeres de Partidos Políticos, habló sobre esa campaña,  recalcando que las imágenes utilizadas por los nacionalistas en las que aparece la presidenciable Xiomara Castro con una arma, incita y genera violencia.

“No debiera utilizarse independiente de quién fuera, porque no se puede hacer apología al crimen, apología al odio, por eso invitamos a todos los candidatos y candidatas a quitar todas esas acciones de violencia que aparezcan en los diferentes espacios publicitarios de los partidos Políticos”, recalcó.

La Ley Electoral de Honduras en su artículo 226, inciso 14, prohíbe a los partidos políticos y candidatos utilizar las imágenes o figuras de niños, niñas y personas del sexo femenino. La normativa estipula que quienes incurran en propaganda política prohibida,  serán sancionados con 20 a 100 salarios mínimos sin perjuicio de la deducción de la responsabilidad penal que proceda.

Por su parte Norma Carías Montiel, Directora Ejecutiva del Centro de Promoción en Salud y Asistencia Familiar, CEPROSAF, organización que pertenece al colectivo feminista Somos Muchas, manifestó que ya son cinco años que defienden el derecho al aborto porque  es  un tema de salud pública.

Agregó que en otras ocasiones ya se había pedido la despenalización del aborto por tres causales relacionadas con que exista riesgo a la vida o a la salud de la mujer o niña embarazada, cuando haya malformación del feto que haga inviable su vida y si el embarazo ocurre como consecuencia de violencia sexual.

Manifestó que desde CEPROSAF llevan cinco años trabajando con los proveedores de salud, entre  los que figuran enfermeras, médicos,  estudiantes de auxiliares de enfermería y mujeres,  sensibilizando sobre esta temática que consideró como algo necesario que en Honduras se deje de penalizar a una mujer por el derecho a  interrumpir un embarazo en las tres causales.

“En Latinoamérica somos el único país que no damos anticoncepción de emergencia a las niñas o mujeres violadas, no damos educación sexual. Actualmente Honduras no tiene un protocolo de atención a mujeres y niñas víctimas de abuso sexual y por lo tanto se obliga a las mujeres y a las niñas a ser madres”, explicó.

 Argumentó que en ningún momento las mujeres promueven el asesinato de niños o niñas como señalan los nacionalistas al utilizar este tema en contra de Castro.

Argumentó que en estas acciones el partido de Gobierno están promocionando una campaña de odio contra las mujeres que defienden  el derecho a decidir que se contempla en los derechos sexuales y reproductivos, por lo que  pidió evitar ese tipo de confrontación.

Agregó que estos ataques se dan por falta de propuestas claras y contundentes de planes de gobierno que conllevan el  desempleo  y la miseria

“Nosotros defendemos las niñas, las mujeres y los hombres de nuestros municipios, así es que lo que pedimos es que tengamos un proceso electoral con transparencia,  que realmente se ataquen los problemas reales que existen en el país y que cese la campaña de odio en contra de las mujeres que defendemos derechos”, dijo.

El exfiscal general de Honduras, Edmundo Orellana Mercado, considera que el Partido Nacional utiliza campañas políticas arropando falsas ideologías o temas sensitivos con conocimiento de causa para influir en sectores que conservan “ideas cavernarias”.

Orellana Mercado expuso que este tipo de campaña política muy poco podría incidir en la juventud debido a que este segmento poblacional está alejado de sentimientos primitivos del tradicionalismo, en cambio considera que solo influirá en los adultos que se crecieron con esos temores.

Manifestó que solo los sectores retardatarios del país recogen con entusiasmo y temor este tipo de propaganda electoral porque “alienta los más primitivos sentimientos y el  temor porque les genera angustia que ante la inminente posibilidad de que un partido opositor se haga gobierno coloque las más terroríficas visiones de sus pesadillas retardatarias”.

 

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Las mujeres hondureñas poco a poco han ido ganando espacios, desafiando poderes y alcanzando posiciones, sin embargo la meta de ocupar puestos respecto a los hombres aún tiene mucho camino que recorrer.

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El medio surge para ayudar a los periodistas, trabajadores de los medios de comunicación y los grupos vulnerables de Honduras (jóvenes, mujeres, indígenas y personas LGBTI) a ejercer su libertad de expresión y documentar los abusos de derechos humanos.

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