Según la Policía Nacional a través de sus autoridades, hay estructuras criminales para crear el caos, generar incertidumbre  y desestabilizar al gobierno de Xiomara Castro, mientras ella señala que se trata de escuadrones de la muerte. Estas aseveraciones salieron a la luz pública este 14 de julio de 2022 en el marco del crimen contra cuatro jóvenes en la madrugada de esta misma fecha.

En 2021 la Secretaría de Defensa excedió su gasto presupuestario en casi 872 millones de lempiras porque no ejecutó los 8 mil 464 millones 949 mil 206 lempiras aprobados por el Congreso Nacional sino  L.9,336,149,156.

Criminalización de la defensa de derechos humanos, presos políticos, exiliados, asesinatos de personas defensoras de derechos humanos, desapariciones forzadas, leyes lesivas a los derechos fundamentales que deja el gobierno del presidente Juan Orlando Hernández, sumado de las graves violaciones a los derechos humanos en el golpe de Estado de 2009 y las elecciones de 2017,  son algunos de los problemas que encontrará la nueva presidenta Xiomara Castro al iniciar su gobierno.

El gobierno del mandatario Juan Orlando Hernández estaría instalando cámaras y botones de pánico en barrios y colonias que son bastiones de lucha y de protestas, lo que se presume es la preparación de un escenario represivo para las elecciones del 28 de noviembre de 2021, según denuncia de organizaciones de derechos humanos.

La diputada Olivia Zúniga e hija de la defensora asesinada Berta Cáceres, calificó como parte de una campaña de desinformación en relación a los hechos ocurridos el 08 de octubre cuando denunció que varios hombres se metieron a su casa y estuvo en riesgo su vida. Estas aseveraciones las hizo a través de twitter, donde aseguró que se trata de una venganza del jefe policial de la UDEP10 de Intibucá, porque denunció el involucramiento policial en la muerte de Keyla Martínez, en una celda de esa unidad de policía.

La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia no ha respondido un Recurso de Amparo que conlleva el objetivo de que la Policía Nacional respete la labor de las personas que fungen como concejales en el Consejo Nacional de Protección, el cual ha sido violentado en innumerables ocasiones cuando se trata de verificar violaciones a los derechos humanos.