Defensores y abogados explicaron cómo la impunidad de las instituciones judiciales en casos graves de violaciones a los derechos humanos se profundizaron en el 2020, bajo el contexto de pandemia y los huracanes, entrando en vigencia el nuevo Código Penal y afianzando el círculo de poder del presidente de la República Juan  Orlando Hernández.

En un foro virtual realizado este 19 de febrero de 2021, Ismael Moreno, director de Radio Progreso y del Espacio de Reflexión Investigación y Comunicación, ERIC, expresó que el pacto político de impunidad ha sido un proceso de construcción tras el golpe de Estado del 2009, que se consolidó de una forma dramática en el 2020, por las acciones de Juan Orlando Hernández y de su círculo de trabajo que se alimentan de la angustia de la sociedad cuánto más es la crisis más se afianzan.

Según Moreno está demostrado en actos del año pasado cómo la cancelación de la presencia de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras, MACCIH y la aprobación e implementación del nuevo Código Penal como una política leal profundizada durante la pandemia por covid-19 y los huracanes ETA e IOTA.

“La maldad cuando es organizada sabe aprovecharse de las circunstancias y cuándo mayor es la fragilidad, amenaza y ambiente de deterioro más se consolida”, describió Moreno.

También agregó que en este 2021 se debe recalcar que el proceso político electoral está debidamente conducido por quienes impulsan y controlan el país, y para debilitar ese pacto tiene que haber una verdadera defensa de las víctimas, crear las condiciones reduciendo los asesinatos y agresiones para que se eviten los fraudes y se restaure el Estado de Derecho.

Heidy Alachán, abogada representante de la Coalición Contra la Impunidad, explicó que en el informe “Honduras Monitoreo de Violaciones de Derechos Humanos en la Coyuntura del fraude electoral”, presentado en enero del 2018, se identificaron  11 patrones de violencia estatal.

Patrones otra vez 

Algunos de dichos patrones  todavía siguen ocurriendo durante la emergencia sanitaria por covid-19 y los huracanes Eta e IOTA, así como la implementación descarada de preceptos legales y reducción del espacio cívico, la impunidad es un patrón recurrente del Estado para seguir cometiendo  los mismos actos, recalcó.

Algunos de los patrones identificados durante la crisis postelectoral del 2017 fueron disparos de bala viva, allanamientos en hogares donde llevaban pruebas prefabricadas, aplicación de castigos y humillaciones públicas, implementación de instrumentos no autorizados como cadenas con ganchos y electrochoques, vehículos para la vigilancia, desplazamiento de oficiales en barrios y colonias , militarización, uso desproporcionado de la fuerza y la infiltración, detalló Alachán.

Agregó que las consecuencias fueron que en las más de mil manifestaciones, protestas públicas y tomas en al menos 14 departamentos, como forma de expresar la indignación ante un fraude electoral, 33 personas fueron asesinadas.

Se instauró como normalidad el uso de disparos a bala viva, se reprimieron 192 manifestaciones, una persona fue detenida y desaparecida, 76 víctimas de tortura, 105 desplazadas por persecución política, 15 periodistas agredidos,  89 personas criminalizadas, vecinos en barrios y colonias tuvieron ataques, allanamientos, intimidación y tentativa  de homicidio.

Omar Menjivar, abogado y defensor de derechos humanos, relató que “este pacto es la columna vertebral que hace que haya instituciones debilitadas y controladas, como es el caso del Ministerio Público, MP,  una institución muy deficiente y sin compromiso en las investigaciones que deberían ser exhaustivas e iniciadas oportunamente”.

Según Menjivar solo conociendo la verdad se puede hacer justicia y es una necesidad que el MP, como representante del pueblo  cumpla con el derecho para las familias de las víctimas,  persiguiendo y capturando a los culpables.

El abogado relató un caso que ocurrió desde el 2017 en el fraude electoral, donde un joven fue asesinado por un elemento policial, la institución protegió a al culpable y expuso a otro elemento que terminó confesando cómo se realizaron los hechos. En el caso se evidenció que el MP no hizo la debida diligencia en la obtención de armas y cuando citó a declarar a los entes vinculados se negaron por orden de un alto mando.

Según los exponentes el pacto de impunidad está vigente por las instituciones y funcionarios que cometen actos injustos para la sociedad hondureña, iniciando desde el 2009, con el golpe de Estado, donde se cometieron asesinatos que hasta el día de hoy no han sido investigados y castigados.