Pablo Hernández, defensor de derechos humanos, comunicador de la Voz Lenca y militante del Partido Libertad y Refundación, LIBRE, fue acribillado a balazos este domingo  09 de enero de 2022, en San Marcos de Caiquín, Lempira. Un mes atrás Margarito Hernández, también integrante de ese instituto político fue muerto de forma parecida en Santa Cruz, en el mismo departamento, el 05 de diciembre de 2021.

Foto de Margarito Hernández de LIBRE

Ambos crímenes se dan en el contexto postelectoral, después de la derrota del Partido Nacional y el ascenso de LIBRE al poder con la presidenta electa Xiomara Castro. Defensores de derechos humanos de la zona han manifestado que las muertes son represalias por ser dirigentes de dicho partido que desplazó a familias que se turnaban en el poder desde los padres, abuelos y nietos.

El crimen de Margarito Hernández se encuentra en la completa impunidad, ni siquiera hay líneas de investigación por parte del Ministerio Público, lo que genera la repetición de los hechos.

El jefe de comunicaciones estratégicas de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), Cristian Manuel Nolasco, confirmó a The Associated Press, AP,  que Hernández fue emboscado en un angosto camino de tierra, según publicó esta agencia de noticias.

“El funcionario dijo que se maneja la hipótesis de que el crimen fue motivado por enemistades personales y problemas políticos partidistas, y señaló que ya se tienen identificados a varios sospechosos”, señala la noticia de la AP .

Sin embargo Asociación de Medios Comunitarios en Honduras (AMCH), denunció que  “dicho asesinato lo consideramos un atentado más a la libertad de expresión y la defensa de los derechos humanos (por los que) nuestro compañero Pablo Hernández trabaja con compromiso y dedicación”.

Según circuló en redes sociales Pablo Hernández había denunciado reiteradas amenazas a muerte por parte de autoridades del municipio de Caiquín, Lempira.

Pablo era muy activo en la defensa de su pueblo lenca al impulsar la Universidad Indígena y de los Pueblos. Fue Director de Radio Tenán, La Voz Indigena Lenca, Alcalde Mayor de La Auxiliaría de La Vara alta de Caiquín, coordinador de la comunidades eclesiales de base y  Presidente  de La Red de Agro ecólogos de La Biósfera Cacique Lempira Señor de Las Montañas.

Ambiente pre electoral de amedrentamiento en las comunidades

Rigoberto Matute, defensor de derechos humanos de La Unión Lempira, dijo a pasosdeanimalgrande.com que hombres armados asediaron a unas  17 comunidades de Lempira debido a que en la zona el Partido Nacional se sentía perdido y de hecho así lo fue en las votaciones, por lo que hombres de civil armados merodeaban las casas de líderes.

En el caso de Maute ha sido objeto de reiteradas amenazas a muerte y a su casa entraron hombres armados unos días antes de las elecciones.

Ambos asesinatos han ocurrido en el lapso de un mes y se hace necesario una intervención inmediata de la nueva presidenta para que cese la violencia.

El Partido LIBRE  a través de la Coordinación Departamental en Lempira difundió un acuerdo de duelo sobre el crimen de Pablo Hernández:

Se podría repetir el caso de la Unión Patriótica de Colombia en LIBRE?

La Unión Patriótica surgió como una convergencia de fuerzas políticas a raíz del proceso de negociación adelantado a mediados de la década de 1980 entre el gobierno del presidente Belisario Betancur y el estado mayor de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC.

Desde sus mismos inicios la Unión Patriótica fue sometida a toda clase de hostigamientos y atentados. En 1984, se presentaron los primeros asesinatos y “desapariciones” forzadas. Tras las agresiones se percibía la actuación de agentes estatales o de integrantes de grupos paramilitares, detalla el documento “Genocidio político: el caso de la Unión Patriótica en Colombia”, escrito por Iván Cepeda Castro, investigador de derechos humanos  y director de la Fundación Manuel Cepeda Vargas, de Colombia.

Tres rasgos centrales configuran la especificidad de esta persecución sistemática. En primer lugar, la intencionalidad de los autores de la cadena de acciones criminales ha sido acabar con el grupo político, o al menos, expulsar de la vida pública a sus sobrevivientes y a las bases sociales que han resistido la ola de violencia. Por esta circunstancia, los familiares de las víctimas directas y los sobrevivientes del movimiento han reclamado que el caso sea tipificado como un genocidio por razones políticas. En segunda instancia, es notorio que se trata de un proceso de exterminio de una fuerza política legal en condiciones de un Estado considerado democrático y en el que se supone la existencia de una institucionalidad ajustada a las normas del derecho, agrega el escrito.

De no tomar cartas rápidas en el caso de los crímenes contra el partido LIBRE, Honduras podría repetir este escenario de Colombia donde fueron asesinados unos cinco mil militantes lo que ha sido considerado un genocidio. Aunque los contextos son diferentes, sí hay algunas similitudes como lo es la persecusión y muertes de los militantes de LIBRE en varios lugares del país.

Al menos siete heridos por armas de fuego tipo R-15, Fal y escopetas usadas por guardias de seguridad de Inversiones Ceibeña, resultaron de un ataque armado suscitado la mañana de este lunes 27 de diciembre de 2021 contra familias campesinas de la Cooperativa, en Trujillo, Colón. El operativo estaba dirigido por el ex coronel de las Fuerzas Armadas de Honduras, Francis Reyes Contreras, quien además es el jefe de seguridad de la compañía, según denuncia de la Plataforma Agraria y la Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán, COPA.

Un juez resolvió entregar el 23 de noviembre de 2021,  una carta de libertad provisional a los defensores de derechos humanos del Consejo Indígena Lenca de Reitoca, que fueron acusados por el Ministerio Público de Incendio Agravado y Atentado contra la Secretaría de Seguridad. El proceso puede retomarse en cualquier momento por el Ministerio Público, lo que es considerado por la defensa y las víctimas como un chantaje para obligarlos a abandonar la lucha por el Río Petacón.

La entrada en vigencia del nuevo Código Penal representa un riesgo grave para el ejercicio de los derechos a la libertad de expresión, de reunión, de asociación y de manifestación pacífica,  en un contexto electoral caracterizado por la existencia de impunidad generalizada y de procesos de criminalización y uso indebido del derecho penal para impedir el ejercicio del derecho a defender derechos humanos.

El pasado 7 de octubre de este año , se reformó el delito de usurpación, el Congreso Nacional adicionó el artículo 378-A, que establece como agravante que cualquier acción de protesta ejercida por dos o más personas, incrementa la pena de prisión de seis a diez años e inhabilitación absoluta.

Varios sectores han manifestado que el Gobierno del presidente Juan Orlando  Hernández sigue aprobando y modificando leyes para protegerse de cara a las elecciones del 28 de  noviembre.

El ambiente político es convulso e incierto en Honduras y eso hace prever que existirán protestas en las calles y entonces con las figuras penales antes descritas los operadores de justicia tienen una herramienta más de represión para evitar un alzamiento popular si se diera otro fraude electoral.

Represión en elecciones de 2017

El 2017 en Pimienta, Cortés, hubo nueve detenidos que fueron enviados a la cárcel conocida como El Pozo, ubicada en Ilama, Santa Bárbara. Otros en El Progreso, Yoro,  en la capital se realizaron un sinnúmero de detenciones y los defensores  Edwin Espinal y Raúl Álvarez fueron acusados por manifestarse,  permanecieron 19 meses en la cárcel de máxima seguridad en Moroceli, El Paraíso, conocida como La Tolva, donde fueron objeto reiteradamente de vejámenes.

En enero 2018, varios militares agredieron físicamente y dañaron el equipo de grabación al camarógrafo de Une Tv, Pedro Amador, quién cubría una manifestación frente a Casa Presidencial, durante una protesta contra la imposición de Hernández. Asimismo, en cobertura post electoral, los efectivos castrenses atacaron y dañaron el equipo del camarógrafo Kevin Castillo, del canal Televida, de Choluteca

Carlos de Cid de la Acción Ecuménica por los Derechos Humano, (AEDH) explicó que las defensoras y defensores avizoran que el contexto estará lleno de mucha violencia por la pugna del poder, porque quienes lo ostentan en este momento no estarán dispuestos a cederlo de manera fácil. “Probablemente se van a oponer alegando fraudes y utilizarán la violencia de la cual disponen al tener en sus manos la fuerza del ejército y de la policía”, argumentó Del Cid.

Añadió que las reformas que recientemente se hicieron al Código Penal y Código procesal Penal, tienen una dedicatoria enfilada a posibles levantamientos y  protestas que las personas ejecuten en relación a lo que se va a dar después de las votaciones.

“El papel de nosotros las organizaciones defensoras de Derechos Humanos ante esta situación será acompañamiento y protección a las personas que protestan y exigen sus  derechos que pueden ser conculcados por parte del actual gobierno al no querer ceder el poder ante los resultados electorales”, afirmó.

Agregó el defensor de los derechos humanos que las acciones que tomarían las organizaciones a parte de la protección sería la denuncia tanto nacional como internacional por los abusos que el poder ejecutaría al no querer ceder en base a los resultados electorales.

Muertes, torturas e impunidad dejó elecciones 2017

"El análisis realizado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) en Honduras, revela que la respuesta del Estado a las protestas postelectorales dio lugar a graves violaciones a los derechos humanos. Sobre la base de su observación, la OACNUDH considera que elementos de las fuerzas de seguridad, especialmente la Policía Militar del Orden Público y el Ejército, utilizaron una fuerza excesiva para controlar y dispersar las protestas, incluso fuerza letal, lo que provocó muerte y heridas de manifestantes y transeúntes. Al momento de finalización de este informe, el 27 de enero, la OACNUDH registró que al menos 23 personas resultaron muertas en el contexto de las protestas postelectorales, entre ellas 22 civiles y un agente de policía. Sobre la base de su observación, la OACNUDH considera que al menos 16 de las víctimas murieron violentamente a causa de disparos efectuados por las fuerzas de seguridad, entre ellas dos mujeres y dos niños, y que al menos 60 personas habían resultado heridas, la mitad de ellas como consecuencia del uso de armas de fuego", señala el informe titulado "Las violaciones a los derechos humanos en el contexto de las elecciones de 2017 en Honduras", en las violaciones de derechos humanos que tuvieron lugar en el país entre el día de la votación, el 26 de noviembre de 2017, y la toma de posesión del Presidente, el 27 de enero de 2018.

Señala la publicación que "el 27 de enero, la OACNUDH registró que al menos 23 personas resultaron muertas en el contexto de las protestas postelectorales, entre ellas 22 civiles y un agente de policía. Sobre la base de su observación, la OACNUDH considera que al menos 16 de las víctimas murieron violentamente a causa de disparos efectuados por las fuerzas de seguridad, entre ellas dos mujeres y dos niños, y que al menos 60 personas habían resultado heridas, la mitad de ellas como consecuencia del uso de armas de fuego".

Además, la OACNUDH observó que se produjeron detenciones masivas y que al menos 1.351 personas habían sido detenidas entre el 1 y el 5 de diciembre por violar el toque de queda. La OACNUDH también recibió denuncias múltiples y creíbles de malos tratos en el momento de la detención o durante la detención. También recibió denuncias de allanamientos ilegales de viviendas llevados a cabo por miembros de las fuerzas de seguridad.

Por su parte Kenia Irías, Directora del departamento de conflictividad de la oficina de Derechos Humanos dijo que “como Secretaría de Derechos Humanos estamos integrando la Mesa Interinstitucional de Prevención de Conflictos Sociales”.

Manifestó que esta estrategia se inició desde el proceso electoral conformando un trabajo de articulación en el que participan la Secretaría de Gobernación, Secretaría Defensa, Secretaría de Seguridad,  el Consejo Nacional Electoral, la Secretaría Derechos Humanos y el CONADEH; con el fin de poder fortalecer los espacios de coordinación y articulación en la prevención de conflictos antes, durante y después del proceso electoral.

“La Mesa Interinstitucional ha estado haciendo llamados a realmente a promover el respeto de los Derechos Humanos y la promoción de una cultura de paz en el marco del proceso electoral, que  se ha desarrollado seis foros en igual número de departamento,  articulando esfuerzos especialmente para poder coordinar a la institucionalidad que tiene competencia en el marco del proceso electoral y de los derechos humanos”, manifestó.

Estos espacios de construcción de participación ciudadana están solicitando un compromiso a los candidatos mediante la firma de un pacto por la Paz y los derechos humanos, esfuerzo acompañado por el sistema Naciones Unidas; PNUD, ONU Mujeres y el Alto Comisionado de los Derechos Humanos.

Un informe del Centro de Estudios para la Democracia, (CESPAD), advirtió que la normalización de la crisis en Honduras ha llegado a un nivel preocupante, en el sentido que la respuesta estatal no solo es inexistente sino que inoperante y sin ninguna dirección estratégica cuando mínimamente la institucionalidad pública decide actuar.

“En el contexto electoral, la crisis de los derechos humanos y territoriales está invisibilizada por los principales medios de comunicación y discursos políticos, acentuándose un escenario de invisibilidad política de las demandas de las organizaciones”, manifiestó la organización en un   comunicado.

El documento señala que la crisis es una oportunidad que utiliza el Partido Nacional para ejercer control sobre su base electoral tradicional y atraer nuevos votantes a sus filas partidarias.

Algunos críticos del sistema aducen que la nueva legislación se hizo para proteger el poder económico y político criminalizando la protesta social para favorecer un supuesto desarrollo.

En agosto de 2019 Edison Lanza, Relator Especial para la Libertad de Expresión, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, advirtió sobre una serie de violaciones a los derechos fundamentales contenidas en el nuevo Código Penal.

Vea informe de OACNUDH sobre violaciones a derechos humanos en elecciones 2017 y post elecciones Aquí 

El gobierno del mandatario Juan Orlando Hernández estaría instalando cámaras y botones de pánico en barrios y colonias que son bastiones de lucha y de protestas, lo que se presume es la preparación de un escenario represivo para las elecciones del 28 de noviembre de 2021, según denuncia de organizaciones de derechos humanos.