Una serie de estrategias que dejaron a un presidente fuera de su cargo y establecieron las bases de la ilegalidad, la desarticulación de la institucionalidad y una impunidad galopante que se agudiza cada día, fueron las conclusiones a las que llegó el foro vitual “La Protesta Social y la Criminalización de la Oposición Política en Honduras”, desarrollado este 28 de junio de 2021, a 12 años de esos hechos violentos contra el pueblo hondureño.

Presidentes de organizaciones no gubernamentales consideran que no hay un verdadero acceso a las vacunas o beneficios para periodistas,  especialmente para los comunitarios e independientes que son ignorados por las autoridades en sus mismos municipios o pueblos, durante la crisis generada por la pandemia de la Covid-19.

A través de la Procuraduría General de la República  el Estado de Honduras negó la incorporación del Comité de Investigación  y Búsqueda  de los Desaparecidos de Triunfo de la Cruz, SUNLA,  en las investigaciones sobre la desaparición forzada de cuatro garífunas, según lo denunciaron en una carta pública difundida este 09 de junio de 2021,  más de 200 organizaciones nacionales e internacionales.

Cesario Padilla, ex lider estudiantil en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, UNAH, periodista y defensor de derechos humanos, denunció que estructuras de persecusión no han sido desmanteladas en ese centro de estudios, el sistema de justicia es instrumentalizado para perseguir a estudiantes y las actuales autoridades dicen que quieren dialogar pero no hacen nada para terminar con procesos de criminalización en los tribunales, el objetivo es seguir sembrando el terror.

La Jueza Anahí Jovel Quiñónez,  del Juzgado de Letras de lo Penal de La Paz, negó que los defensores Víctor Vásquez y José Santos Vijil,  pudieran defenderse en libertad y no se abstuvo de formalizar el cargo de desplazamiento forzado,  en una audiencia preliminar, pesar que la defensa le informó que no podía realizarla porque está en proceso un Recurso de Amparo.