Los hijos de Cáceres, Laura, Bertita y Salvador Zúñiga Cáceres, son demandantes en el caso, y según la ley hondureña tienen derecho a instruir a los abogados para que procesen en privado a Castillo por presuntamente orquestar el asesinato de su madre.
Según la investigación publicada por The Guardian la lujosa casa consta de cinco dormitorios y cinco baños ubicada en Houston fue comprada por Castillo Mejía en noviembre de 2016, gracias a un pago inicial de $ 400,000 y una hipoteca de $ 1.04 millones del Banco Hancock Whitney en Mississippi Luisiana.
Los abogados de la familia Cáceres argumentan que el momento de la compra de bienes raíces de 5.034 pies cuadrados y el pago inicial sustancial podrían proporcionar evidencia sobre el motivo financiero del asesinato. Afirman que la información buscada por el banco también podría ayudar a identificar a otras personas aún desconocidas involucradas en el asesinato.
"Nuestros clientes tienen todos los derechos de los fiscales para presentar pruebas relevantes", dijo la abogada Ralitza Dineva, de Wilson Sonsini Goodrich & Rosati, que presentó la solicitud.
La esposa de Castillo, Tanya Romero-Baca, ciudadana de los Estados Unidos, se opone a la solicitud porque "es casi seguro que es una expedición de pesca de mala fe".
La solicitud de los hijos de Cáceres para citar detalles financieros en poder del banco ha sido presentada en el tribunal de distrito sur de Mississippi. La solicitud es para asistencia legal extranjera, y busca descubrir evidencia para usar en el juicio por asesinato hondureño contra Castillo
Esta es una traducción libre de la noticia en el periódico londinense The Guardian:
Familia de activista hondureña asesinada apela a la corte estadounidense para que la ayude en su juicio por asesinato
Por: Nina Lakhani
Los hijos de la activista hondureña asesinada Berta Cáceres presentaron una solicitud ante un tribunal federal de los Estados Unidos para citar los registros bancarios vinculados a una casa de lujo de 1,4 millones de dólares en Texas comprada por el presunto autor intelectual del crimen pocos meses después del asesinato, según una noticia publicada en el periódico The Guardian por la prestigiosa periodista Nina Lakhani.
Cáceres, de 44 años, ganador del prestigioso premio Goldman para defensores del medio ambiente, fue asesinado a tiros en su casa por pistoleros a sueldo el 2 de marzo de 2016 después de una larga batalla para detener la construcción de una presa hidroeléctrica financiada internacionalmente en el río Gualcarque, que el Lenca La gente lo considera sagrado.
En noviembre de 2018, siete hombres fueron condenados por llevar a cabo el asesinato , que el tribunal de Tegucigalpa dictaminó que fue ordenado por ejecutivos de la empresa de represas de Agua Zarca Desa debido a demoras y pérdidas financieras relacionadas con las protestas lideradas por Cáceres.
Uno de los ejecutivos identificados en la corte fue David Roberto Castillo Mejía, el CEO de Desa. En marzo de 2018, Castillo fue acusado de ser un "autor intelectual", quien supuestamente coordinó y proporcionó fondos a los asesinos. Él vehementemente niega cualquier participación.
Castillo, un ex oficial de inteligencia capacitado en los EE. UU. Y ex empleado del gobierno, compró la lujosa casa independiente de cinco dormitorios y cinco baños en Houston en noviembre de 2016, gracias a un pago inicial de $ 400,000 y una hipoteca de $ 1.04 millones del Banco Hancock Whitney en Mississippi Luisiana
La solicitud de los hijos de Cáceres para citar detalles financieros en poder del banco ha sido presentada en el tribunal de distrito sur de Mississippi. La solicitud es para asistencia legal extranjera, y busca descubrir evidencia para usar en el juicio por asesinato hondureño contra Castillo.
Los abogados de la familia Cáceres argumentan que el momento de la compra de bienes raíces de 5.034 pies cuadrados y el pago inicial sustancial podrían proporcionar evidencia sobre el motivo financiero del asesinato. Afirman que la información buscada por el banco también podría ayudar a identificar a otras personas aún desconocidas involucradas en el asesinato.
Los hijos de Cáceres, Laura, Bertita y Salvador Zúñiga Cáceres, son demandantes en el caso, y según la ley hondureña tienen derecho a instruir a los abogados para que procesen en privado a Castillo por presuntamente orquestar el asesinato de su madre.
"Nuestros clientes tienen todos los derechos de los fiscales para presentar pruebas relevantes", dijo la abogada Ralitza Dineva, de Wilson Sonsini Goodrich & Rosati, que presentó la solicitud.
La esposa de Castillo, Tanya Romero-Baca, ciudadana de los Estados Unidos, se opone a la solicitud porque "es casi seguro que es una expedición de pesca de mala fe".
“No hay una razón legítima para creer que el archivo de la hipoteca contenga evidencia relevante sobre si David Castillo 'planeó' el asesinato de la Sra. Cáceres en Honduras . Por el contrario, el archivo seguramente contiene todo tipo de información sobre los activos, intereses comerciales, tenencias financieras, cuentas bancarias y otra información financiera confidencial de Castillos ”, escribieron los abogados de Romero-Baca, quienes no quisieron hacer más comentarios.
El asesinato de Cáceres provocó la indignación internacional generalizada y las demandas de justicia, en un país donde la impunidad ronda el 95%.
Sus partidarios dieron la bienvenida a las condenas del año pasado como el primer paso hacia la justicia, pero han seguido exigiendo el enjuiciamiento de las personas poderosas que ordenaron y pagaron el asesinato.
Nueve meses después del veredicto, los siete asesinos aún no han sido condenados.
Los representantes de Castillo han presionado por su liberación, alegando que es víctima de persecución política.
Pero el viernes, una coalición de grupos de derechos de los EE. UU., Incluida la Fundación del Debido Proceso Legal, Plataforma Internacional contra la Impunidad, publicó un expediente que implica a Castillo en un patrón de violencia, violaciones de derechos humanos y corrupción para beneficiar a las empresas con las que estaba asociado. y Robert F. Kennedy Human Rights.
El informe, Violencia, corrupción e impunidad en la industria energética hondureña , describe los negocios de Castillo y numerosos casos legales que sugieren que influyó ilegalmente en los contratos del gobierno y solicitó la asistencia de las fuerzas de seguridad estatales para cometer abusos contra los derechos humanos.
Castillo se encuentra entre las 16 personas acusadas de cargos de corrupción, incluido el fraude y el uso de documentos falsos vinculados a la presa de Agua Zarca, financiada internacionalmente. En ese caso, conocido como el fraude de Gualcarque, los fiscales alegan que Castillo utilizó poderes para crear Desa con el fin de evitar que su nombre apareciera como propietario, mientras negociaba permisos y lucrativos contratos de energía con la Compañía Nacional de Electricidad (ENEE), la compañía estatal de energía que él trabajó para el momento. Castillo niega haber actuado mal.
Los supuestos representantes testificaron durante el proceso de acusación que eran empleados de Castillo en su empresa de computadoras Digicom, donde trabajaban como conductor y técnico informático, respectivamente. En 2009, Castillo fue multado después de que los auditores del gobierno descubrieran que Digicom vendía suministros de oficina y accesorios de computadora a las fuerzas armadas a precios inflados. Castillo también fue sancionado por haber reclamado ilegalmente dos salarios estatales, uno de las fuerzas armadas y el otro de ENEE.
Al comentar sobre el informe, el representante demócrata de Illinois, Jesús García, quien recientemente viajó a América Central en una delegación encabezada por la presidenta de la casa, Nancy Pelosi, dijo: "Este informe implica a las compañías energéticas hondureñas en el asesinato de la activista ambiental Berta Cáceres en 2016 y documentos corrupción sistémica y violencia que enfrenta el pueblo hondureño ".
"Los líderes del Congreso y la política internacional internacional deben asegurarse de que los bancos de desarrollo financiados por los contribuyentes no estén financiando proyectos y compañías involucradas en abusos de derechos humanos, corrupción o actividades delictivas".
A principios de esta semana, una delegación empresarial y de derechos humanos de la ONU en Honduras, dijo: "Con demasiada frecuencia, las empresas y los inversores se benefician de la corrupción y descuidan su responsabilidad de respetar los derechos humanos ".
La presa a la que se opuso Cáceres se encontraba entre decenas de proyectos lucrativos de energía renovable sancionados después de un golpe de estado de 2009, que se llevó a cabo sin consultas legales requeridas por la comunidad y estudios de impacto ambiental. Sin embargo, desde 2009, el precio de la electricidad en Honduras ha aumentado un 164% .
Vea la publicación original en inglés, en este Link :
https://www.theguardian.com/world/2019/aug/31/berta-caceres-murder-trial-subpoena-david-castillo