La población de Choluteca se manifiesta desde noviembre de 2017 cada miércoles y sábado, de forma pacífica, pero es generalmente atacada por los cuerpos represivos del Estado. En diciembre de ese año otro manifestante también murió de forma violenta por arma de fuego y se acusa a la Policía Militar de cometer el hecho.
La Jefatura policial departamental está conducida por el oficial Milton Obando que llegó hace unos meses a la zona pero que al igual que el anterior jefe de policía ha ordenado que se reprima a la población que sale a protestar pacíficamente.
Disparos este miércoles
Según denunció la defensora de derechos humanos, Nivia Vargas, de la organización ACI-Participa en su cuenta de Facebook, “el menor recibió un impacto de bala en la cabeza por elementos motorizados de la Policía Nacional. El impacto de bala le dejó un orificio en su cabeza. Su estado era crítico, y estaba siendo trasladado a la ciudad de Tegucigalpa ”.
Se había informado que el joven había fallecido en el trayecto, lo que ocasiónó protestas violentas, según transmisiones de medios corporativos hay un caos en la ciudad de Choluteca pues la gente está enardecida. Supuestamente el muchacho aún está con vida pero en estado de coma.
Se informó que la víctima pertenece a una de las cinco familias que sufrieron allanamientos ilegales por parte de la policía en semanas anteriores acusándoles de delitos que no han cometido, pero que son parte de los manifestantes de la zona y podría ser una forma de represión para que desistan de salir a las calles.
En diciembre de 2017 una manifestante fue torturada por policías militares quienes han sido llevados a juicio pero la gravedad del hecho ha sido tratado con manos de seda por el sistema de justicia.
Defensores y defensoras de derechos humanos que desarrollan su labor de protección a los derechos humanos de las víctimas en la zona Sur han denunciado que son atacados por la policía en las manifestaciones cuando monitorean la situación. También hay vigilancia y persecusión.
Las marchistas como se les denomina a las ciudadanas y ciudadanos que cada miércoles y sábado salen a las calles, han soportado toda clase de estrategias para desarticular su lucha contra la corrupción, las violaciones a los derechos humanos y otros abusos de empresas y políticos, en este contexto un sector muy atacado también son los y las periodistas críticos que sufren cierre de programas, persecusión, amenazas, desplazamiento forzado y un asesinato, por criticar al gobierno.
Policías no se miden disparando
Por la mañana de este mismo 10 de abril de 2019, trascendió en redes sociales que otro joven de nombre Cristian Fernando Hernández , fue asesinado en medio de una manifestación en la colonia Flor de Cuba, en las cercanías de una maquila ubicada en la Felipe Zelaya de San Pedro Sula y se responsabiliza del hecho también a los cuerpos represivos del Estado.
El martes 09 de abril de este año otra manifestación realizada por estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, UNAH, fue reprimida también por los cuerpos de seguridad del Estado que utilizaron hasta helicópteros desde donde lanzaron gases lacrimógenos dentro del campus universitario e intoxicando a decenas de jóvenes.
Desde el golpe de Estado de 2009 las manifestaciones pacíficas en Honduras han sido reprimidas y han dejado personas muertas por la policía y el ejército, igual ha ocurrido con las protestas contra el fraude electoral que llevó al poder al actual presidente Juan Orlando Hernández.
Hasta la fecha no hay condenas ejemplarizantes contra los responsables de estos hechos que violentan tratados internacionales de protección a derechos humanos donde se señala que se debe de respetar el derecho a la protesta.