La Coalición contra la Impunidad denunció que la Confraternidad Evangélica de Honduras en contubernio con la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos,  pretenden manipular la Asamblea de Sociedad Civil , imponiendo a su candidato como representante propietario ante la Junta Nominadora, que representaría los intereses del gobierno en la elección de los magistradas y magistrados en el nuevo período de la Corte Suprema de Justicia, CSJ,  que se instala en enero de 2016.

Pasosdeanimalgrande.com nace en el Centro Aplicado para los Derechos Humanos de la Universidad de York, en Inglaterra, donde permaneció  por cuatro meses y medio en el año 2013 Dina Meza, periodista y defensora de derechos humanos, debido a constantes amenazas a ella y su familia. “Me siento comprometida en apoyar a otras personas que sufren violencia en el ejercicio de sus derechos, es terrible estar sola en momentos tan cruciales y donde los perpetradores tienen las manos sueltas, por eso regresé a Honduras”: Dina Meza

La Declaración de la IX Cumbre de las Américas aunque despierta expectativas por la preponderancia de la agenda migratoria pero podría quedar solo en papel tal como lo ha demostrado el bajo cumplimiento de las demás, si no se establece un mecanismo de seguimiento y monitoreo donde participe la sociedad civil de la región, señaló José Ramón Ávila, Miembro de sociedad civil, punto focal en Honduras del Foro Ciudadano de las Américas, FCA y Director de la Asociación de Organismos No Gubernamentales, ASONOG.

Diversas actividades que tienen el objetivo de visibilizar la discriminación y violencia contra la comunidad de la diversidad sexual, fueron realizadas por organizaciones LGTBI, en Tegucigalpa y otras partes de Honduras, este 17 de mayo de 2022.

Los hallazgos encontrados por la Comisión del Congreso Nacional relacionada con las acciones de los operadores de justicia que tienen responsabilidad en las extradiciones por narcotráfico, son contundentes y desnudan la complicidad y podredumbre de la institucionalidad en Honduras que protege a los carteles de la droga. Este informe con fecha 26 de abril de 2022 fue leído en el pleno del parlamento el 11 de mayo recién pasado.

Organizaciones aglutinadas en la Red Hondureña por Escazú, se reunieron este 06 de mayo de 2022, con la Comisión de Ambiente del Congreso Nacional, donde demandaron la ratificación del Acuerdo de Escazú.

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras (OACNUDH) condena el asesinato del líder indígena lenca y defensor de derechos humanos y del medio ambiente Justo Benítez Sánchez. El hecho tuvo lugar el 30 de abril cuando hombres con armas de fuego le dispararon en su domicilio ubicado en la comunidad de San Isidro, municipio de San Francisco de Ojuera, departamento de Santa Bárbara.

Las centrales obreras leyeron un extenso  pronunciamiento en el Día Internacional del Trabajo, para demandar un trabajo permanente con contrataciones indefinidas; rescate de las instituciones públicas privatizadas, la educación pública, la inmediata discusión del Código Procesal Laboral, combate a la impunidad, desmilitarización de la seguridad pública, y condenaron que el respaldo que tuvo el expresidente Juan Orlando Hernández de los Estados Unidos, propició el ataque a la democracia y a la justicia, y “ahora nos quieren dar atol con el dedo”.

La Sala de lo Constitucional declaró Ha Lugar, un Recurso de Inconstitucionalidad  contra el Decreto Ejecutivo PCM-052-2019, aprobado en el gobierno anterior que otorgó facultades a las Fuerzas Armadas de Honduras para manejar recursos por unos 4 mil millones de lempiras desde el año 2019. Aunque la sentencia estaba desde el 22 de febrero de 2022, fue notificada hasta finales de abril del mismo año.

El Juzgado de Letras de lo Penal de Francisco Morazán notificó más de cuatro meses después,  la resolución de la Corte de Apelaciones que ordenó un sobreseimiento definitivo para siete personas defensoras del ambiente de la Alternativa de Reivindicación Comunitaria y Ambientalista de Honduras, ARCAH, en un juicio impulsado en su contra por la empresa avícola El Cortijo y el Ministerio Público, por el delito de desplazamiento forzado, pero la corte en mención no encontró sustento.