Al menos 320  instituciones obligadas no cumplieron con su responsabilidad de brindar información pública, por lo cual se establecieron unas 400 sanciones pecuniarias, señaló Julio Vladimir Mendoza,  Comisionado del Instituto de Acceso a la Información Pública, IAIP.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró que el Estado de Honduras era responsable por la muerte de Vicky Hernández, mujer trans, trabajadora sexual y reconocida activista dentro del “Colectivo Unidad Color Rosa” ocurrida en San Pedro Sula el 28 de junio de 2009, según un comunicado de prensa difundido este 28 de junio de 2021, por este organismo, que coincide con los 12 años transcurridos del golpe de Esatdo del 28 de junio de 2009.

La Corte constató que existían varios indicios de la participación de agentes estatales que apuntan a una responsabilidad del Estado por la violación al derecho a la vida y a la integridad de Vicky Hernández, ocurrida en un contexto de violencia contra las personas LGBTI, y en particular contra las mujeres trans trabajadoras sexuales.

El Estado reconoció parcialmente su responsabilidad internacional, en el entendido que las autoridades no efectuaron con la debida diligencia la investigación por el homicidio de Vicky Hernández.

La Corte señaló que, durante la investigación, las autoridades no consideraron el contexto de discriminación y violencia policial contra las personas LGBTI y las mujeres trans trabajadoras sexuales, es parte del comunicado difundido.

En la sentencia la CorteIDH  ordenó las siguientes medidas de reparación:

1.-promover y continuar las investigaciones sobre el homicidio de Vicky Hernández;

2.-realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional;

3.-Realizar un audiovisual documental sobre la situación de discriminación y violencia que experimentan las mujeres trans en Honduras

4.-Crear una beca educativa “Vicky Hernández” para mujeres trans;

5.-Crear e implementar un plan de capacitación permanente para agentes de los cuerpos de seguridad del Estado;

6.- adoptar un procedimiento para el reconocimiento de la identidad de género que permita a las personas adecuar sus datos de identidad, en los documentos de identidad y en los registros públicos de conformidad con su identidad de género autopercibida;

7.- adoptar un protocolo de investigación y administración de justicia durante los procesos penales para casos de personas LGBTI víctimas de violencia; y

8.-diseñar e implementar un sistema de recopilación de datos y cifras vinculadas a los casos de violencia contra las personas LGBTI.

 Lea el comunicado íntegro de la sentencia:

Honduras es responsable por violar el derecho a la vida de una mujer transgénero 

San José, Costa Rica, 28 de junio de 2021.- En la Sentencia del Caso Vicky Hernández y otras Vs. Honduras, notificada hoy, la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró que el Estado de Honduras era responsable por la muerte de Vicky Hernández, mujer trans, trabajadora sexual y reconocida activista dentro del “Colectivo Unidad Color Rosa” ocurrida en San Pedro Sula el 28 de junio de 2009. El resumen oficial de la Sentencia puede consultarse aquí y el texto íntegro de la Sentencia puede consultarse aquí.

La noche del 28 de junio de 2009, Vicky Hernández se encontraba con dos compañeras en la vía pública de San Pedro Sula, durante la vigencia de un toque de queda que había sido decretado en el contexto del golpe de Estado ese día. Una patrulla de policía habría intentado arrestarlas por lo que se dieron a la fuga y se perdieron de vista. Al día siguiente Vicky Hernández fue hallada sin vida con heridas por arma de fuego. Hasta el día de hoy su muerte no ha sido aclarada por las autoridades y el caso permanece impune.En su Sentencia, la Corte constató que existían varios indicios de la participación de agentes estatales que apuntan a una responsabilidad del Estado por la violación al derecho a la vida y a la integridad de Vicky Hernández, ocurrida en un contexto de violencia contra las personas LGBTI, y en particular contra las mujeres trans trabajadoras sexuales. 

El Estado reconoció parcialmente su responsabilidad internacional, en el entendido que las autoridades no efectuaron con la debida diligencia la investigación por el homicidio de Vicky Hernández. La Corte señaló que, durante la investigación, las autoridades no consideraron el contexto de discriminación y violencia policial contra las personas LGBTI y las mujeres trans trabajadoras sexuales. 

En otro orden, el Tribunal determinó que, al haber sido asesinada y durante la investigación del homicidio, así como por el marco jurídico general de discriminación; se vulneraron los derechos al reconocimiento de la personalidad jurídica y no discriminación y el derecho a la identidad de género de Vicky Hernández. 

A su vez, la Corte encontró que se vulneró el derecho a una vida libre de violencia para la víctima y sus familiares, considerando que la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer se refiere también a situaciones de violencia basada en su género contra las mujeres trans. 

El Tribunal también encontró que las familiares de Vicky Hernández resultaron afectadas por el sufrimiento que les causó su muerte, la situación permanente de discriminación de la cual ella era objeto, y la situación de impunidad en la cual se encuentra el homicidio. 

En razón de estas violaciones, la Corte ordenó diversas medidas de reparación al Estado entre las que se encuentran: i) promover y continuar las investigaciones sobre el homicidio de Vicky Hernández; ii) realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional; iii) realizar un audiovisual documental sobre la situación de discriminación y violencia que experimentan las mujeres trans en Honduras; iv) crear una beca educativa “Vicky Hernández” para mujeres trans; v) crear e implementar un plan de capacitación permanente para agentes de los cuerpos de seguridad del Estado; vi) adoptar un procedimiento para el reconocimiento de la identidad de género que permita a las personas adecuar sus datos de identidad, en los documentos de identidad y en los registros públicos de conformidad con su identidad de género autopercibida; vii) adoptar un protocolo de investigación y administración de justicia durante los procesos penales para casos de personas LGBTI víctimas de violencia; y viii) diseñar e implementar un sistema de recopilación de datos y cifras vinculadas a los casos de violencia contra las personas LGBTI. 

La Jueza Elizabeth Odio Benito y el Juez Eduardo Vio Grossi dieron a conocer a la Corte sus votos individuales disidentes. El Juez Patricio Pazmiño Freire dio a conocer a la Corte su voto individual concurrente.*** 

La composición de la Corte para la emisión de la presente Sentencia fue la siguiente: Jueza Elizabeth Odio Benito, Presidenta (Costa Rica); Juez Patricio Pazmiño Freire, Vicepresidente; (Ecuador), Juez Eduardo Vio Grossi (Chile); Juez Humberto Antonio Sierra Porto (Colombia); Juez Eduardo Ferrer Mac-Gregor (México); Juez Eugenio Raúl Zaffaroni (Argentina), y Juez Ricardo Pérez Manrique (Uruguay).*** 

El presente comunicado fue redactado por la Secretaría de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por lo que es de responsabilidad exclusiva de la misma.

Para mayor información favor de dirigirse a la página de la Corte IDH www.corteidh.or.cr o envíe o envíe un correo dirigido a Pablo Saavedra Alessandri, Secretario a Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.. Para la oficina de prensa contacte a Matías Ponce Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

El equipo legal de la Red de Trabajadoras Domésticas, RTD,  presentó este 23 de junio de 2021, un  Recurso de Amparo solicitando que se derogue el régimen especial que regula en forma precaria  el acceso a la salud de este sector y que se apruebe una Ley para su beneficio que se encuentra engavetada en el Congreso Nacional hondureño.

Según representantes de  la Coalición Contra la Impunidad, CCI,  las amenazas, hostigamiento y persecución son  entre otras formas de violencia que enfrentan por la defensa y promoción de los derechos humanos, en las poblaciones vulnerables,  que viven violencia permanente la cual  tiene el objetivo de detener su trabajo.

Preocupaciones de la sociedad y observadores internacionales sobre la implementación de las Zonas Especiales de Desarrollo Económico,ZEDE, piden al residente Juan Orlando Hernández, que reconsidere las leyes en relación con los beneficios de la población, en especial las que se encuentran en las regiones donde dichos proyectos pueden suponer conflictos territoriales.

Tras conmutar una condena de cuatro  años de prisión  por el delito de incendio agravado en grado de complicidad, Rommel Baldemar Herrera , quien fue acusado por la Embajada de los Estados Unidos en Honduras, éste aún espera la libertad.  La  defensa legal de anunció que el tribunal aceptó la misma, pero la familia todavía espera que el sistema judicial resuelva el trámite administrativo para la liberación.

Exponentes aseguran que hay elementos que evidencian que el Estado tiene una negativa para realizar una verdadera investigación, debido a que las instituciones no actúan desde un solo enfoque de derechos humanos y tampoco hay acercamiento con las víctimas para establecer una solo línea de búsqueda, así lo expresaron en el foro virtual “Racismo institucional y la negación del acceso a la verdad y la justicia al pueblo garífuna en el marco de la desaparición forzada en Triunfo de la Cruz, Honduras”, este 18 de mayo de 2021.

Laura Zuniga, hija de la ambientalista Berta Cáceres y Coordinadora del COPINH,  describe como indignación y rabia el sentimiento que percibe la población lenca al encontrar edificios del pueblo cerrados y cercados con policías, son instituciones del  sistema judicial alejado de las exigencias de una población que ha sido violentada.

El Comité de Bienes Comunes y Públicas de Tocoa, Colón, circuló en las últimas horas una grave denuncia de presiones que la empresa Minera Inversiones Los Pinares está realizando dentro de la cárcel donde se encuentran ocho defensores del Río Guapinol presos,  para lo cual estaría utilizando a un ex dirigente del Movimiento Unificado Campesino del Aguán, MUCA. La organización emitió una alerta donde responsabiliza a  la Empresa Inversiones Los Pinares/Ecoteck  que “ha enviado a Vitalino Álvarez con desconocidos para amenazarlos”, y según aseguraron en dicho documento  lo han hecho varias veces, pero el señalado dijo a pasosdeanimalgrande.com que no se prestaría para ese tipo de acciones.

Los crímenes contra ambientalistas que defienden la tierra, es unas de las armas más usadas para  contener la presión en la lucha por la tierra en Honduras. Juan Carlos Cerros Escalante, un líder lenca que protegía su río, sabía que su vida corría peligro y fue asesinado frente a sus hijos el pasado 22 de marzo de 2021. Este crimen como más de un centenar están en la impunidad.