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Red de Periodistas y comunicadores sociales de Santa Bárbara rechaza atentado a la libertad de expresión en nuevo Código Penal

Posted On Sábado, 07 Septiembre 2019 06:41 Written by Alex Sabillón
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Preocupados por la aprobación del nuevo Código Penal donde la libertad de expresión e información está atacada, la Red de Periodistas y Comunicadores Sociales de Santa Bárbara realizó un foro público este 06 de septiembre de 2019, para denunciar las graves consecuencias que tendrá esta legislación en el ejercicio del periodismo.

El Congreso Nacional aprobó un nuevo Código Penal y ya está publicado en el Diario Oficial La Gaceta, el cual entrará en vigencia el 10 de noviembre próximo a pesar de que hay oposición de diversos sectores de la sociedad hondureña que se ven afectados con este ordenamiento jurídico y han propuesto que el período de socialización de esta Ley se prolongue tal como ha sucedido con otras legislaciones, sin embargo no hay anuncia en las autoridades de este poder del Estado.

La Red de Periodistas y Comunicadores Sociales de Santa Bárbara se ha conformado para defender la libertad de expresión e información, y uno de los temas que les preocupe es que entre en vigencia este nuevo código que pondrá en más precariedad el ejercicio del periodismo. Esta naciente organización está siendo apoyada por la Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos, ASOPODEHU, para dar sus primeros pasos.

Desde las 8:30 de la mañana de este viernes 06 de septiembre integrantes de dicha la Red se apostó en el parque central de la ciudad de Santa Bárbara donde exhibieron murales con artículos que atentan contra la libertad de expresión, así como pancartas con mensajes de protesta. A esta actividad se sumaron periodistas de todo el departamento, así como algunos miembros de la sociedad civil de las diferentes comunidades.

Restricción para hacer periodismo

Varios comunicadores sociales manifiestan su preocupación ya que estas leyes van en contra de la libertad de expresión y va a restringir sus derechos como comunicadores, limitará el abordaje de temas como la corrupción, violación de derechos humanos, ilegalidades desde el poder, en fin restringirá el acceso a la información.

Los más preocupados son aquellos que investigan, que hacen periodismo independiente, trabajan en medios alternativos y que no representan intereses de políticos, ya que según ellos serán perseguidos y hasta encarcelados al denunciar.

Avizoran otras consecuencias como el retiro de pautas publicitarias, censura de dueños de medios de comunicación porque algunos tienen compromisos con empresarios, políticos y con el gobierno del partido en el poder, dijeron.

Para los denunciantes con este tipo de leyes los políticos involucrados en corrupción buscan blindarse y no ser mencionados en actos arbitrarios.

Asimismo impactará sobre el ejercicio de la profesión porque muchos periodistas se van a autocensurar aún más que en el momento, por temor a ser criminalizados.

En el departamento de Santa Bárbara hay más de 150 trabajadores de la comunicación entre ellos comunicadores, periodistas y camarógrafos. Algunos que son trabajadores de empresas de la comunicación donde hay diputados que son los propietarios, se muestran indiferentes ante esta situación y hasta se dan a la tarea de señalar a quienes se manifiestan en contra de estas leyes.

Temas importantes serán aún más silenciados

La prensa local de Santa Bárbara, hablada, escrita y televisada, dio cobertura a la actividad, donde fueron entrevistados los periodistas y comunicadores sociales de la red, así como algunos pobladores de la ciudad que acompañaron el evento.

Entre los problemas que enfrenta la población de ese departamento y que la prensa debe abordar es la gran cantidad de concesiones mineras y de bosques que se han otorgado a personas pudientes, entre ellos empresarios, funcionarios públicos y diputados.

Estos son temas denunciados a diario por periodistas independientes y algunos de ellos ya han sido amenazados con querellas por denunciar la explotación de recursos naturales.

Repudiaron que por un acto de corrupción las penas sean de 3 años mientras que para los que ejercen el periodismo solamente por denunciar ilegalidades podrían enfrentar penas de hasta nueve años.

Las amenazas del nuevo código

Oscar Enrique Rápalo, comunicador social de la zona y corresponsal de Radio Progreso dijo que “ los más perjudicados somos los periodistas independientes que nos hemos convertido en auditores sociales de los fondos públicos y protectores de los recursos naturales. Con estos nuevos artículos de ley seguramente se nos va a querer criminalizar e impedir que denunciemos a través de los medios en los cuales laboramos y muchos compañeros se van autocensurar”.

En su opinión hay comunicadores que se han convertido en defensores de derechos humanos y no pueden callar, pero ante el nuevo código deberán buscar otros mecanismos para seguir informando y concientizar al pueblo de la importancia de que sea derogada esta ley.

Benjamín Reyes también miembro de la red, expresó que en Santa Bárbara algunos  medios de comunicación están en manos de políticos y diputados, esto hace que la noticia sea manipulada y censurada, volviendo al periodista y comunicador social un defensor de los intereses del propietario del medio.

“Actividades como la que realizamos hoy son muy importantes porque logramos concientizar a la población de los derechos que se nos violentan al entrar en vigencia esta ley, mostramos que la prensa en Santa Bárbara está unida y que debemos seguir haciendo incidencia para que las leyes que atentan contra la prensa deben ser derogadas”, agregó.

Norman Amílcar Rodríguez, quien participó en el foro público,  destacó que es muy importante la difusión de la información a través de los murales, “lamento mucho que haya periodistas y medios de comunicación que no le den importancia a este tema con el cual nos están violentando el derecho a la libertad de expresión”.

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El medio surge para ayudar a los periodistas, trabajadores de los medios de comunicación y los grupos vulnerables de Honduras (jóvenes, mujeres, indígenas y personas LGBTI) a ejercer su libertad de expresión y documentar los abusos de derechos humanos.

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