Viernes, 10 Mayo 2024

Denuncia

Periodistas, comunicadores sociales, mujeres, jóvenes, pueblos originarios, comunidad LGTBI tienen el espacio para denunciar ataques por ejercer la libertad de expresión e información.

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Austra Berta Flores López y Olivia Zúniga Cáceres, madre e hija de la asesinada defensora Bertha Cáceres,  subieron al pódium a recibir un reconocimiento, que dicía: “LIBRE tributa su más sentido homenaje a la memoria de Berta Cáceres defensora inclaudicable de la naturaleza y de la vida, combatiente insigne de los derechos humanos y los pueblos originarios, vilmente asesinada por los enemigos de nuestro pueblo, honor imperecedero a su nombre”, el cual fue entregado el pasado 15 de enero en la Asamblea del Partido Libertad y Refundación, LIBRE.

Gustavo Castro, testigo del asesinato de Berta Cáceres, Coordinadora del COPINH,  interpuso una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, (CIDH), en contra del Estado de Honduras por “retención ilegal” y contra la Jueza Victorina Flores,  del Juzgado Primero de Letras de Intibucá, por el delito de Abuso de Autoridad.

Debido al no cumplimiento de la alternancia y la paridad para la participación política de las mujeres, organizaciones que luchan por este derecho interpusieron un Recurso de Amparo casi a finales del año 2016,pero hace menos de una semana fue declarado sin lugar por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, lo que denota que es toda la maquinaria patriarcal incrustada en el Estado que obstaculiza a las mujeres.

El resultado del brutal desalojo en la empresa “9 de julio”, en San Pedro de Tutule, La Paz,  fueron cuatro heridos entre ellos se cuenta a Víctor Vásquez, presidente del Movimiento Indígena Lenca de La Paz Honduras (MILPAH), con una herida de bala en su pierna y su hermano a quien le explotó una bomba lacrimógena en la mano, ambos permaneces internos en un centro de salud del lugar. Mientras el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en Honduras señala que la policía usó la fuerza a pesar que tenían el control de la sitiuación.

Miriam Miranda, coordinadora de la Organización Fraternal Negra de Honduras,(OFRANEH), denunció que fue víctima de agresión por parte de elementos de la Policía Nacional, quienes la amenazaron a ella  y a sus acompañantes de “llevarnos presos y toletearnos”, este 11 de enero de 2017 en horas de la mañana, según lo dijo en entrevista a pasosdeanimalgrande.com al que relató toda la tensión a la que fue sometida junto a tres de sus compañeros.

Félix Omar Valentín López, miembro de la Organización Fraternal Negra de Honduras, OFRANEH, denunció que el Estado de Honduras a través del Instituto Nacional Agrario, INA, habría malversado casi diez millones de lempiras que fueron establecidos  para el saneamiento de comunidades garífunas hace diez años, dinero que  ahora sumaría entre 50 a 60 millones de lempiras.

Hasta la fecha, desde el golpe de Estado,  se registran 335 casos de asesinatos contra la diversidad sexual en Honduras, según Sandra Zambrano, defensora de derechos humanos y directora de la Asociación para una Vida Mejor de Personas Infectadas y Afectadas por el VIH-SIDA en Honduras, APUVIMEH.

Un informe coloca a Honduras como el país más peligroso de Centroamérica para la Comunidad de Diversidad Sexual. Los ataques contra este sector son ocasionados Policías y Militares.

Cuatrocientas familias fueron despojadas de sus tierras por parte de las Fuerzas Armadas de Honduras, el hecho tuvo lugar en el Caserío de La Poza, ubicado en la carretera rumbo al Primer batallón de Infantería, atrás del Cementerio “San Miguel Arcángel”, salida al Norte de Honduras. Es una lucha de David contra Goliat pues los uniformados tienen todo el aparato estatal para apoderarse ilegalmente de las tierras.

En horas de la madrugada de este 09 de septiembre de 2016,  fue detenido Olban Milla, miembro del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, (COPINH) y comunicador de una de sus radios comunitarias, según un comunicado difundido.

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El medio surge para ayudar a los periodistas, trabajadores de los medios de comunicación y los grupos vulnerables de Honduras (jóvenes, mujeres, indígenas y personas LGBTI) a ejercer su libertad de expresión y documentar los abusos de derechos humanos.

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