Jueves, 09 Mayo 2024

Denuncia

Periodistas, comunicadores sociales, mujeres, jóvenes, pueblos originarios, comunidad LGTBI tienen el espacio para denunciar ataques por ejercer la libertad de expresión e información.

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Los últimos dos gobiernos han tomado decisiones al margen del cumplimiento de sus compromisos con la comunidad internacional, otorgando 837 concesiones mineras, esto equivale el 35 por ciento del territorio nacional, por eso la Organización Fraternal Negra de Honduras, (OFRANEH), denunció ante la opinión pública que desde hace años sufren un colonialismo interno practicado como una política de Estado, lo que genera grandes violaciones a sus derechos humanos.

En una conferencia de prensa este 07 de septiembre, la Articulación 611 exigió al Congreso Nacional detener la aprobación del nuevo Código Penal porque tiene graves amenazas contra los derechos humanos en sus artículos.

Una petición especial que exige se derogue el contrato de concesión para las operaciones de la empresa Desarrollos Energéticos, S.A, DESA, en el proyecto de “Agua Zarca”, entregó a representantes de la Comisión de Derechos Humanos y de Género del Congreso Nacional, este 06 de septiembre Austraberta Flores, madre de la asesinada lideresa indígena, Bertha Cáceres.

Honduras es uno de los  países que aún tiene penalizados los delitos contra el honor, lo cual, es una oportunidad para amordazar la libertad de expresión, cuando se trata de denuncias de corrupción estatal que son cubiertas con el manto de la impunidad al querellar periodistas y comunicadores sociales.

La miseria, la pobreza y la exclusión rodean a las mujeres lencas en cualquier comunidad del país y desde que comenzaron su resistencia indígena contra los proyectos extractivos, sus vidas corren constante peligro.

A seis meses del brutal asesinato de la líder indígena Berta Cáceres, se han registrado 185 homicidios de defensores y defensoras de derechos humanos que trabajan cuestiones relativas a la tierra, el territorio o el medio ambiente, según Amnistía Internacional que publicó un informe.

El no reconocimiento por parte del Estado, la criminalización, la persecución, asesinato y una Ley de protección poco eficaz,  pone en situación de vulnerabilidad a defensores y defensoras en Honduras; en este contexto algunas organizaciones dieron información de primera mano  a Michel Forst,  Relator sobre la Protección a defensores de Derechos Humanos de la ONU.

El Movimiento Estudiantil Universitario (MEU) de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), está compuesto en su mayoría por mujeres universitarias, que tuvieron que ganarse los espacios, no por el derecho de ser estudiantes, sino por ser mujeres.

De acuerdo a datos de organizaciones de derechos humanos solo en este gobierno han asesinado 24 periodistas y comunicadores sociales, por lo que según aseveraciones de diferentes actores si el mandatario Juan Orlando Hernández se reelige,  vendrán nuevas formas de censura a manera de controlar la libertad de expresión, no solo a los profesionales de la comunicación sino a la población en general.

Carlos Geovanny Cálix, de 28 años, miembro del grupo campesino “9 de Julio” de la comunidad indígena de Tutule, departamento de La Paz, afiliado a la Central de Trabajadores del Campo,(CNTC), y a la Vía Campesina,  resultó herido de un balazo en su pierna derecha, en el momento que iba de regreso al lugar donde se alojaba, el pasado 10 de agosto.

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El medio surge para ayudar a los periodistas, trabajadores de los medios de comunicación y los grupos vulnerables de Honduras (jóvenes, mujeres, indígenas y personas LGBTI) a ejercer su libertad de expresión y documentar los abusos de derechos humanos.

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