Esta información fue confirmada por medio de la abogada de la Iniciativa “Periodismo y Democracia”, Kenia Oliva, apoderada legal de los encausados, quien fue notificada de forma tardía por esa Corte , dejando claro que la rectora Castellanos ejerce presión ante la justicia hondureña para criminalizar las luchas estudiantiles dentro de la máxima casa de estudios. El caso es acompañado tambien legalmente por el Comité por la Libre Expresió, C-LIBRE, a través del abogado Edy Tábora y Mario Rojas.
El pleno de magistrados de la Corte en mención señaló en su resolución que “administrando justicia en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos de sus miembros resuelve declarar NO HA LUGAR el recurso de apelación interpuesto por los abogados defensores.
Los estudiantes afectados con esta decisión son Moisés David Cáceres (Sociología), Sergio Luís Ulloa Rivera (Trabajo Social) y Cesario Padilla (Periodismo), quienes fueron criminalizados a raíz de las protestas ocurridas en julio de este año, las cuales se desarrollaron a nivel nacional, en demanda de espacios de democratización para la población estudiantil, y la derogación de un paquete de normas académicas aprobadas sin consulta a este sector.
La corte amplió en la resolución que sí hubo delito por parte los jóvenes encausados y se ampara en el artículo 231 del Código Penal, el cual tipifica el delito de usurpación. .… al apoderarse de las instalaciones de la UNAH”, lo que asegura, según lo expresado en el requerimiento presentado por las autoridades el 13 de julio y en la resolución de la jueza que tanto Cáceres, Ulloa y Padilla se encontraban dentro del recinto universitario aquí en la capital”.
La resolución también respalda la prueba testifical presentada por el ente acusador, representado en esta instancia por la Fiscalía del Ministerio Público, la cual fue sustentada por el Jefe de la Seguridad de la UNAH, Roger Aguilar, quien aseguró reconocer a los tres enjuiciados “por su voz y porque los conoce personalmente desde hace tiempo”.
En julio anterior a la velocidad de la luz, el Ministerio Público emitió un requerimiento fiscal contra los estudiantes mencionados y los llevó a juicio sin notificarles en la debida forma por lo que se violentó su derecho a la justicia.
En cambio desde febrero del año pasado el Ministerio Público tiene una denuncia contra la rectora Julieta Castellanos presentado por la abogada Kenia Oliva, de la Iniciativa Periodismo y Democracia donde le solicita a la fiscalía de Derechos Humanos investigar los abusos de autoridad de la rectora y proceder a emitir el correspondiente requerimiento fiscal, sin embargo la fiscalía engavetó el caso.
Notificación tardía para dilatar acceso a la justicia para los universitarios
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Abogada Kenia Oliva, apoderada Legal de los estudiantes |
Mientras se presentaba la tarde del viernes 04 de diciembre, para conocer los avances en otro caso de criminalización a la protesta estudiantil en los juzgados de letras de lo penal de Tegucigalpa, la abogada Oliva fue notificada del fallo de la Corte de Apelaciones, el cual había sido efectuado desde el 28 de octubre de este año.
“Lo que ellos hacen es limitar el derecho a la manifestación pacífica, porque argumentan que uno no puede ejercer un derecho dañando al otro. Con ello dicen que aunque la manifestación sea pacifica, se ha perjudicado el derecho del resto de los estudiantes y de los empleados de la universidad”, sostuvo la abogada.
Agregó que en la resolución la Corte de Apelaciones reconoce que la manifestación fue pacífica, más lo que incriminan es la supuesta detentación del predio que pertenece al Estado de Honduras, es decir, que los que administran la justicia del país dejan de lado tanto el derecho a la libertad de expresión y a la protesta social, derivada del primero y reconocida en la normativa interna e internacional.
En las próximas horas, la apoderada legal de los tres estudiantes, presentará un recurso contra esta decisión, tal y como lo establece la legislación penal vigente en el país (20 días hábiles luego de conocer el fallo), caso contrario el juicio continúa abierto y procedería la ejecución de una Audiencia preliminar y después de ésta a juicio oral y público.
“Nosotros pensamos que la audiencia preliminar se haga lo más rápido posible, en el tiempo que lo estipula la ley, para irnos a juicio oral y donde podemos presentar algunas excepciones y nulidades porque la misma ley establece que cuando se violentan derechos fundamentales contenidos en la Constitución de la República y en los tratados internacionales de derechos humanos, se puede declarar nulo”, detalló.
La profesional del derecho cuestionó este fallo porque la Corte tergiversando la Ley señala que puede existir el derecho a la protesta, pero debe estar sujeto a una regulación, “ y con ello se desconoce que la protesta es una acción que pretende generar un impacto en las demandas de quienes las reclaman. Es estar en la calle, en un lugar donde uno pueda ser escuchado, en este caso los estudiantes en la UNAH, lo que pretendían es que las autoridades conocieran su pliego de quejas”.
Influencias de Rectora refuerzan la venda de la justicia hondureña
El Fiscal del Ministerio Público René Montalbán, asignado al caso de Josué Armando Velásquez, estudiante universitario, expresó el 10 de noviembre de este año que "ya no aguanto las presiones de la rectora”, refiriéndose a Julieta Castellanos, rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, UNAH, ante la posibilidad ese día de que esa audiencia se pasara para otro día, lo que demuestra el tráfico de influencias que se está realizando con la intención de ver tras las rejas a los líderes estudiantiles.
Mientras trabaja en su informe de investigación para graduarse, Moisés Cáceres, uno de los universitarios criminalizados, fue avisado de la resolución de la Corte de Apelaciones este viernes 04 de diciembre.
“A pesar de que se hayan presentado los argumentos necesarios para apelar antes esta instancia, vemos que la actitud tomada por quienes son magistrados responde a cuestiones políticas más que la defensa del Estado de derecho en nuestro país”, manifestó Cáceres quien es pasante de la carrera de Sociología.
Calificó como grave la situación del país, en donde existe un compendio de leyes pero la justicia es inexistente. Asimismo agregó que “es insólito que la rectora Castellanos, con su influencia política, desde el poder y sus correligionarios del Partido Nacional influencien a Fiscales, jueces y magistrados para seguir negándole la justicia a los sectores sociales, en particular de nosotros como estudiantes, presente y futuro de este país”.
Cada vez se cierran los espacios para que los sectores sociales, en demanda del cumplimiento de sus reivindicaciones . El empecinamiento de la rectora Castellanos de ver tras las rejas a las voces que le incomodan a su autoritaria gestión en la máxima casa de estudios, no conoce límites.
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