En una cata pública difundida en una conferencia de prensa el pasado 10 de febrero, exigieron la derogación de la Ley de Secretos porque viola la norma constitucional relacionada con el acceso a la información pública y normas del Sistema Interamericano de Derechos humanos.
Criticaron la dinámica la extrema secretividad en el proceso de elección de la nueva Corte Suprema de Justicia debido a que es una dinámica impuesta que profundiza la crisis política y la desconfianza de la ciudadanía en el sistema de justicia.
También denunciaron el uso del derecho penal para restringir la libre divulgación de la información. Esta acción ha violentado los derechos de Elvin Francisco Molina (33), por suponerlo responsable de atentar contra el sistema financiero del país, al hacer uso de legítimo derecho de la libertad de expresión en las redes sociales.
“Demandamos la eliminación del paralelismo legal con el mismo rango de legalidad, entre la Ley de Acceso a la Información Pública y la Ley de Clasificación de Documentos Públicos relacionados con la Seguridad y Defensa; pues produce una crisis en materia de acceso a la información por parte de los ciudadanos y ciudadanas, ya que una ley les confiere garantías plenas para el ejercicio de acceso, pero a su vez existe una ley que les restringe este mismo derecho”, señalaron.
Esta es la carta pública emitida por las tres organizaciones:
CARTA PÚBLICA
A favor de declarar inconstitucional la Ley de Clasificación de Documentos Públicos relacionados con la Seguridad y Defensa conocida como la “Ley de Secretos”, considerando que se viola la norma constitucional relacionada el derecho de Acceso a la Información Pública, así como las normas del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
Creemos que es urgente remover los obstáculos legales para el ejercicio de la libertad de expresión y acceso a la información pública, utilizados como censura previa, el extremo de la secretividad es que se implementó en el proceso de selección de magistrados/as a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), siendo una dinámica impuesta que profundiza la crisis política y la desconfianza de la ciudadanía en un sistema de justicia.
Creemos que es un mensaje ambiguo y manipulador del Estado hondureño a través del Gobierno de la República, haber firmado el Convenio de la Misión de Apoyo contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (MACCIH), sin haberse derogado entre otras leyes, la Ley de Secretos Oficiales y Desclasificación de la Información Pública.
Más allá de este convenio, instamos a investigar y sancionar a todas y todos las y los responsables de violaciones a derechos humanos ya sean civiles o funcionarios públicos, incluyendo los casos por delitos de corrupción.
Denunciamos el uso del derecho penal para restringir la libre divulgación de la información. Esta acción ha violentado los derechos de Elvin Francisco Molina (33), por suponerlo responsable de atentar contra el sistema financiero del país, al hacer uso de legítimo derecho de la libertad de expresión en las redes sociales.
Molina, ex empleado de Alimentos Continental, destacó en los medios comunicación como vocero de los ex trabajadores que protestaron exigiendo el pago de sus prestaciones, días después fue presentado a los juzgados acusado por el delito de divulgación falsa sobre las instituciones supervisadas, poniendo en riesgo el sistema económico de Honduras. Expuesto a una condena de reclusión de tres a seis años y multa de hasta cincuenta mil lempiras, según cita el Código Penal en su artículo 295.
Para C-Libre, CPTRT, CIPRODEH y el Observatorio Ecuménico de Derechos Humanos es importante mantener la debida coherencia entre la norma interna y los Tratados Internacionales suscritos por el Estado hondureño:
Partiendo de todo lo antes dicho, manifiesta:
Que la política de secretividad estatal violenta los principios fundamentales de: legalidad, proporcionalidad, taxatividad, división de poderes, máxima divulgación y buena fe.
Que el Estado hondureño a través del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CONADESE) exhibe una política de secretividad que se extiende a la información de la Corte Suprema de Justicia, la Secretaría de Seguridad y Policía Nacional, Ministerio Público, la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico, Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia, Fuerzas Armadas.
Asimismo, información de la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, Instituto Nacional de Migración, Dirección Ejecutiva de Ingresos, Registro Nacional de las Personas (RNP), Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), Instituto de la Propiedad, Unidad de Inteligencia de la Comisión Nacional de Banca y Seguros, Dirección General de la Marina Mercante, Dirección General de Aeronáutica Civil, Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SANAA) y otras que se puedan incorporar en el futuro
Que condenamos la falta de transparencia en el proceso de elección de una nueva Corte Suprema de Justicia y llamamos a mantenernos vigilantes para exigir procedimientos honestos, más transparencia, más participación popular y más democracia
Demandamos la eliminación del paralelismo legal con el mismo rango de legalidad, entre la Ley de Acceso a la Información Pública y la Ley de Clasificación de Documentos Públicos relacionados con la Seguridad y Defensa; pues produce una crisis en materia de acceso a la información por parte de los ciudadanos y ciudadanas, ya que una ley les confiere garantías plenas para el ejercicio de acceso, pero a su vez existe una ley que les restringe este mismo derecho
Exigimos que la Corte Suprema de Justicia que sea electa decrete la inconstitucionalidad de la Ley de Clasificación de Documentos Públicos relacionados con la Seguridad y Defensa.
Tegucigalpa, M.D.C, 10 de febrero de 2016
