No descartan del todo que puede ser beneficioso el apartado que tiene por título “Ciber terrorismo o terrorismo electrónico” que cita: el que por cualquier medio o procedimiento, y sin autorización, accede a un sistema informativo de la Administración Pública, del Estado o que preste servicios de carácter estatal, impide el acceso al mismo o altera o daña datos en los contenidos con la intención de impedir el correcto funcionamiento de un servicio para causar terror o miedo en la población, será castigado con penas de prisión de cuatro (4) a seis (6) años y multa de trescientos (300) a mil (1000) días.

Esto considerando que sin existir una Ley dirigida al uso de los comentarios o publicaciones en redes sociales como Facebook, Twitter, Whatsaap, Instagram y otros. En Honduras se ha echado mano del sistema jurídico para querellar a periodistas o ciudadanos que hacen uso de estas redes sociales para denunciar a funcionarios públicos.

Sin embargo hay muchas alergias para tolerar lo que se dice por las redes sociales, en especial si hay críticas para la forma cómo se conducen los destinos del país. Así hay denuncias de altos funcionarios que se enojan porque se habla de su gestión, hay periodistas que incluso han sido amenazados, como es el caso de Marvin Ortíz, a quien el ministro de Educación Marlon Escoto le anunció que cuando saliera del gobierno se iban a ver las caras, solamente porque el comunicador hizo algunas  críticas sobre el desempeño  de Escoto en su cargo.

El 20 de enero de este año fue capturado Elvin Molina, ex empleado de Alimentos Continental y líder de las demandas por el pago de prestaciones laborales que el gobierno a través de la  Oficina Administradora de Bienes Incautados, (OABI), se había comprometido. Las constantes protestas de los cesanteados evidenció la violación a sus derechos laborales y la irresponsabilidad de la administración de Juan Orlando Hernández que liquidó forzosamente al Banco Continental de la Familia Rosenthal, acusada de lavado de activos.

Elvin Molina quien era la figura más visible de las protestas de los afectados fue detenido por la Fuerza de Seguridad Interinstitucional, FUSINA, acusado de filtrar información falsa por las redes sociales sobre problemas en el sistema financiera y que había afectado a dos bancos de mucho poder político y económico en el país. Sus teléfonos celulares fueron decomisados y su facebook fue intervenido. La defensa logró un sobreseimiento en el caso y el Ministerio Público que no pudo probar nada,  interpuso un recurso de Apelación a la decisión del juzgado de primera instancia.

Al respecto la abogada Ivania Galeano manifestó que el gobierno se ha visto en la necesidad de actualizar el Código Penal debido a la evolución de los delitos y que como las redes sociales se han vuelto una herramienta de difusión a nivel nacional e internacional,  el régimen ha tenido la observancia del papel fundamental que éste que  como medio de comunicación ha jugado en los diferentes momentos políticos en la historia del país.

Señaló que en las movilizaciones de los indignados las redes ser convirtieron en el medio predilecto de convocatorias y la fluidez de la información, las denuncias y las actividades a realizar se posteaban en las rápidamente.

“Evidentemente el legislador logró ver este escenario y percibió la necesidad de limitar el ejercicio de derechos como  la libertad de expresión, la protesta social  generando figuras penales que ahora van a criminalizar también el uso de las redes sociales con diferentes finalidades, encaminadas a distintos sentidos” analizó la jurista.

Para la profesional del derecho coexiste otro actor en la ecuación y son las compañías que tienen acceso a la información que se transmite por las redes sociales, dijo que “si observamos las compañías ya dan la información, en las investigaciones el Ministerio Público solicita a las diferentes empresas de telecomunicaciones que se hagan los vaciados de números de teléfonos o mensajes”.

En consecuencia  no es necesario que le pidan información a las empresas ya que lo que se sube a las redes es público, a diferencia de  la variante que con la implementación del nuevo código existe la posibilidad que si se define que la información publicada “causa terror o miedo en la población” se puede requerir a cualquier ciudadano de manera judicial,  que generalmente las personas divulgan información con su nombre, fotografía, de manera que es fácil identificarlas o acosarlas. “Cualquier información que puedan incorporar en algunos tipos penales, la pueden perseguir”, agregó.

La entrevistada  recordó el caso de Elvin Molina que fue criminalizado por una circulación que hizo en el Facebook, “vemos como la criminalización se va orientando en ese sentido, son utilizadas nuevas figuras penales, ya no tanto las tradicionales, sino la difusión en redes sociales que pueden conllevar a este tipo de penalidad”.

Para ella el derecho penal se usa por los que tienen el poder para criminalizar a los más desposeídos, a los más vulnerables y en situación de desventaja en el ejercicio del poder. “En todos los países la función del derecho penal es esa, descargar toda la fuerza bruta y desmesurada que tiene  el sistema penal para controlar, neutralizar y mantener cierto orden entre comillas, que es la que le interesa a los grupos gobernantes, entre ellos la clase política que es la que decide en este país, evidentemente tiene a su disposición la mayoría del poder justicia para poder hacerlo”.

Querellas por usar redes sociales

          Elvin Molina                                                      Jennifer Padilla                                         Gilberto Gálvez

Algunos ejemplos de la utilización del Sistema de Justicia Penal hondureño en contra de periodistas y ciudadanos que hicieron uso de sus cuentas de Facebook para postear información, la que se consideró nociva a funcionarios públicos o el gobierno de la República.

Gilberto Gálvez, corresponsal de canal 10 y de HRN, dirige un programa de debate en el canal MultiTV de La Paz, fue querellado el 29 de septiembre de 2014, por injurias y difamación, por la alcaldesa de La Paz, Gilma Ondina Castillo, ella lo acusó de publicar en su cuenta de Facebook supuestas que un puente era muy costos y eso molestó a la funcionaria.

Sin embargo la Iniciativa Periodismo y Democracia a través de su abogada Kenia Oliva, que es la apoderada legal del comunicador social, logró desvirtuar la acusación y que el Tribunal de Sentencia de Comayagua declarara inadmisible la querellael 06 de agosto de 2015.

Siempre por el uso del Facebook encontramos el caso de la joven Jennifer Padilla, empleada del Instituto Hondureño de Seguridad Social, IHSS, fue citada el 23 de junio de 2015 por la Oficina de Relaciones Laborales del IHSS,  a una audiencia de porque escribió en su muro privado de Facebook su posición en relación a la falta de justicia en el caso del desfalco de miles de millones de los fondos del Seguro Social. El acompañamiento de organizaciones como el Movimiento Visitación Padilla y la Iniciativa Periodismo y Democracia evitó que se concretara la acción, a la fecha ella sigue siendo objeto de hostigamiento laboral.

De aprobarse estas reformas por el Congreso Nacional se conculcarían derechos fundamentales. Los casos anteriores son un claro ejemplo de persecución política e intolerancia al pensamiento disidente.

El artículo 11 de la Convención Americana de Derechos Humanos establece que “nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de su familia, en su domicilio o en su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra o reputación”, y que “toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos ataques”.

El Estado debe garantizar la vigencia de este derecho en el entorno digital y promover la existencia de espacios en línea libres de observación o documentación de la actividad e identidad de los ciudadanos. Esto incluye, por ejemplo, la preservación de plataformas anónimas para el intercambio de contenidos y el uso de servicios de autenticación proporcionales, señala la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su informe Libertad de Expresión e Internet, publicado el 31 de diciembre de 2013.

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¿Qué es ciber terrorismo?

El ciber terrorismo o terrorismo electrónico es el uso de medios de tecnologías de información, comunicación, informática, electrónica o similar con el propósito de generar terror o miedo generalizado en una población, clase dirigente o gobierno.

En los 80 se empezó a acuñar el término con definiciones simples como: "la convergencia del ciberespacio con el terrorismo" o en los 90  "el ciber terrorismo es el ataque premeditado y políticamente motivado contra  la información , sistemas, programas y datos informatizados no combatientes, por parte de grupos terroristas o agentes encubiertos de potencias extranjeras".

En la actualidad el concepto está definido diferente: "el ciber terrorismo es la ejecución de un ataque sorpresa por parte de un grupo (o persona) terrorista, extranjero, sub nacional, con objetivo político, utilizando tecnología informática e internet para desactivar las infraestructuras electrónicas y físicas de una nación, provocando de este modo la pérdida de servicios críticos, como energía eléctrica, sistemas de emergencia telefónica, sistemas bancarios, internet y otros muchos.