Desde el domingo 10 de julio de este año se inició el denominado pre diálogo para poder sentarse a la mesa de las negociaciones. Los estudiantes manifestaron desde ese día que era innegociable el tema de los procesos penales contra unos 75 alumnos de la UNAH que han participado de las romas pacíficas desde principios de junio anterior y como respuesta la rectora Julieta Castellanos solicitó ante el Ministerio Público la emisión de requerimientos fiscales y órdenes de captura contra los afectados.

Este miércoles 13 de julio era la tercera vez que se sentaban en la mesa con el punto toral de discusión que eran los juicios contra estudiantes, el cual desde el comienzo de las pláticas se observó falta de voluntad por parte de la UNAH para terminar con la criminalización y sentarse a la mesa para abordar el fondo del asunto que son la derogación de normas académicas que violentan el derecho a la educación, democratización de los espacios de toma de decisiones donde los estudiantes han sido excluidos, y la desmilitarización de la universidad.

Las dilatorias se usaron desde el principio para atrasar el proceso encaminado a la mesa de las negociaciones. También se continuó con la descalificación y la puesta en escena de una campaña de desprestigio y desinformación contra los estudiantes en medios de comunicación donde se estaban usando los recursos públicos para colocar un discurso de odio, según lo denunció la dirigencia estudiantil.

El planteamiento de los estudiantes asesorados por su defensa es que la UNAH introdujera un escrito ante el Ministerio Público desautorizándolo de continuar con la acción penal.

Esta es la propuesta colocada en la mesa del pre diálogo por los estudiantes:

Según explicó la abogada Kenia Oliva, de la Iniciativa Periodismo y Democracia y apoderada legal de algunos de los estudiantes procesados, “la extinción solo cabe si conciliaron,  si extinguió el delito, el imputado muere o si ya transcurrido cinco años , entonces el Ministerio Público no continúa la causa.

Para ella  las autoridades de la  universidad no han entendido que son funcionarios públicos y que desde esa posición deben actuar en beneficio de los intereses generales y no de particulares.

“Los que dijeron que eran académicos deben conocer la realidad y eso implica saber que lo que dice el código en la práctica se realiza de diferente manera cómo estaba pensando. Creo que  a lo mejor ellos no quieren perder a sus amigos en esa institución, porque el Ministerio Público a través de sus fiscales sí se enojarían con las autoridades universitarias si los desautorizan y es posible que a eso le deben temer”, opinó Oliva.

Esta es la propuesta presentada por la Comisión de la UNAH:

Con la renuencia a culminar con los procesos penales se le pone espinas al camino hacia el diálogo para lo cual se había establecido una mesa negociadora, donde también la comisión nombrada por la rectora Castellanos pretendió meter las uñas con la oposición a que la dirigente Miriam Miranda de la Organización Fraternal Negra de Honduras, OFRANEH, la integrara argumentando que ella se había pronunciado sobre el tema y queriendo desconocer la decisión de los estudiantes.

Puntos de controversia 

Los puntos de contradicción en los dos documentos son: En el de la UNAH es el punto dos que va en contradicción con el número uno de los estudiantes, o sea solicitud de la extinción la cual volvería a introducir la figura de la conciliación mientras que la dirigencia estudiantil plantea la desautorización de la acción penal de la UNAH al Ministerio Público lo que dejaría sin valor y efecto los juicios en su etapa preliminar. El que no cabría sería el proceso del año pasado contra los estudiantes Cesario Padilla, Sergio Ulloa y Moisés Cáceres  que están camino al julio oral y público.