El 28 de febrero del 2017 Martínez en calidad de representante del CEMH fue notificada de la demanda entablada en su contra en el Juzgado de Letras de lo Civil de Francisco Morazán por la empresa Hidroeléctrica Desarrollos Energéticos, S.A, DESA, que asciendo a un millón de lempiras, unos 45 mil 520 dólares.

Criminalización

George Redman, Director de OXFAM Internacional  lamentó la demanda contra Martínez, por el hecho de que Honduras tiene leyes que hace que la injuria y la calumnia se califiquen como un  criminal. 

“Queremos ver en el país que haya una situación de libertad de expresión y que se respeten las normas internacionales, especialmente que no se use el marco legal para criminalizar a las personas”, idealizó elentrevistado.

Conjuntamente, es increíble ver cómo el Estado se muestra indiferente ante una opiniones internacionales muy calificadas como son la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, estos organismos manifestaron que las reformas penales recientemente aprobadas en el Congreso “están en contra de los estándares internacionales, violentan derechos  y la libertad de expresión, aun así, las aprueban, es insólito”, expresó Redman.

Para él crece la incertidumbre de ¿cuál es la agenda detrás de esto?,  Por qué el Estado que apoya los tratados de derechos humanos que suscribió, pero su accionar es diferente?.

Hay que callar a la defensora

El caso de Suyapa Martínez no es el único en Centro América, en el que una persona defensora de derechos humanos emite una ponencia pública y recibe  respuesta judicial, explicó Anabella Sibrián, representante de la “Plataforma Internacional  contra la impunidad”.

Recordó que lo mismo sucedió en Guatemala con un líder del movimiento campesino muy reconocido, también le iniciaron un proceso por haber emitido su sentir en contra de alguien que hablaba mal de los y las defensoras en los medios de comunicación.

La experta indicó que “lo que estamos viendo en el caso de Suyapa responde a una tendencia generalizada esencialmente en Centro América, ante la exigencia de los derechos de manera notoria por parte de los defensores,  esto con el ánimo de lograr dos cosas, una es la persecución judicial en sí y la otra es la estigmatización, aun si al final se declara inocente a la defensora, la hacen pasar por un sumario de desgaste que la vulnera a ella y a toda la gente que defiende derechos humanos.

“Por eso es tan importante la solidaridad de defensores y defensoras con cualquiera de los miembros que son perseguidos y estigmatizados por ejercer su labor”, dijo Sibrián.

Mujeres amordazadas

Martínez tiene toda la solidaridad del “Movimiento Visitación Padilla”, ya que el CEMH lo hizo en su momento en el caso de Gladys Lanza,  la similitud es la personalización de la defensa de derechos, con la utilización de las figuras de injurias y calumnias directamente a la persona natural, para llevarse de encuentro a las organizaciones, comentó Cristina Alvarado.

Agregó que es una estrategia muy montada, porque si tocaran directamente a la organización sería muy visible la criminalización, visualizó la feminista.

Hizo un llamado a todas las feministas y al movimiento organizado de mujeres para que se sumen a las acciones, “ninguna de nosotras está exenta de vivir una situación de esas”, apuntó Alvarado.

“Nos quieren callar con esa figura manipulada del terrorismo, con un falso ataque a la inseguridad, ya que no tenemos claro que concepto de terrorismo están manejando”, lo que es una afrenta a la democracia y a la defensoría de derechos,

En su análisis, la mordaza de la que son víctimas las mujeres es una respuesta del patriarcado y del machismo ante la reivindicación de derechos, “con Gladys fue la primera vez en la historia que nos tocaban directamente, y por el perfil que ella tenía creíamos que éramos intocables”, hoy los machos nos están diciendo que “dejemos de cuestionar el fundamentalismo religioso, político y social que se viene implementando en los retrocesos vividos por las mujeres”.

Lo que evidencia la ineficacia del plan de seguridad para atender la violencia contra las mujeres, “cada vez más se recrudecen con leyes, con la opresión e incertidumbre de saber si seguiremos manifestándonos en público” aseguró la defensora, según Alvarado.

Guerra contra las mujeres

in embargo, son del conocimiento que “este Estado como lo han demostrado en estos dos periodos de gobierno es patriarcal y misógino,  ha puesto su maquinaria mediática para seguir métodos contra mujeres, porque somos una fuerza de cambio que está moviendo al mundo, de frente en la protesta social, otro factor es sentar un precedente de lo que nos va a pasar a las demás defensoras si seguimos por ese camino”, enfatizó la feminista.La demanda a la feminista y defensora Suyapa Martínez, es una criminalización en donde se tienen antecedentes, de manera que exigen que DESA retire el proceso que inicio, exteriorizó Jessica Sánchez, directora del Grupo Sociedad Civil, GSC.

La intención primordial es “callar las voces de las mujeres”, el caso de Berta Cáceres es uno de los más emblemáticos, que “para silenciarla llegaron hasta el asesinato”, remembró Sánchez.

Historió que hace unos años las mujeres eran totalmente invisibilizadas en las luchas, por ende, no eran tocadas, “era asuntos entre hombres, pero a raíz del empoderamiento que se va transmitiendo, es un mensaje claro, que van contra todos y todas”.

Es un momento en que están definiendo y aclarando que “las reglas de la guerra han cambiado, y que sí es una ofensiva no declarada contra las mujeres,donde no somos un daño colateral, sino el principal elemento”, concluyó Sánchez.

Diversas organizaciones de derechos humanos, de mujeres y del movimiento social, emitieron el siguiente comunicado:

Comunicado

Tomando como antecedentes que hace un año fue asesinada la defensora y coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) Berta Cáceres y la judicialización contra la defensora de derechos de las mujeres Gladys Lanza, la coalición calificó los actos contra Suyapa Martínez y el CEMH como “persecución y criminalización”.

Siendo el CEMH uno de los grupos feministas que se mantiene a la cabeza de las denuncias como las del Código Penal que criminaliza la libertad de expresión y el derecho a la protesta; el incumplimiento del Estado a la Convención sobre la eliminación de toda forma de Discriminación contra la mujer (CEDAW); la falta de asignación presupuestaria a programas gubernamentales para trabajar contra la violencia hacia las mujeres y apoyo a mujeres campesinas.

Asimismo Suyapa Martínez es comisionada ante la CIDH por el Mecanismo Nacional de Protección de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos.