El pasado 28 de febrero Martínez fue citada para que compareciera a una audiencia en el Juzgado de Letras de lo Civil de Francisco Morazán, para responder por una demanda de DESA por un millón de lempiras en su contra por haber hecho uso de su libertad de expresión para hablar del asesinato de la defensora Bertha Cáceres, asesinada en marzo de 2016 y donde la familia ha señalado el involucramiento de la empresa.

La audiencia que estaba programada para el 21 de marzo no se llevó a cabo porque la Jueza Sonia Marlene Barahona declaró la nulidad del auto de admisión de la demanda por contener errores y exigencias improcedentes.

Las razones por las cuales DESA por ahora no ha logrado su objetivo son:  porque contenía informaciones inexactas, ya que solo iba contra los medios de comunicación pero en este caso ellos no son responsables por las opiniones emitidas en sus programas; en segundo lugar en el momento de demandar a una organización no gubernamental los procesos judiciales se encaminan hacia él o la representante legal y en tercer lugar en este tipo de demandas no se puede pedir indemnización pecuniaria.

Se consideró que la nulidad se basa en la “justicia” porque “para nosotras la Jueza aplicó la ley”, el escrito contenía vacíos y falencias, además, tratar de acabar con una organización que tiene más de 30 años de existencia en la lucha de la defensa de los derechos de las mujeres, es un atentado, expresó Martínez.

Igualmente por ser un canal para la denuncia de violación de los derechos humanos de las mujeres, facilitadoras para que muchas tenga acceso a la justicia y la formación en el empoderamiento del verdadero papel de la mujer en la sociedad.

Sin mencionar la profunda labor de incidencia política en el país, por institucionalidad, leyes, políticas públicas, los últimos logros son la tipificación del femicidio mediante el Código Penal y la creación de una unidad especializada en muertes violentas y femicidios dentro de la Agencia Técnica de Investigación (ATIC), trabajo que han venido haciendo desde el 2008 pero que hasta el año pasado se concretó, según el recuento de la defensora.

El ataque de DESA hacia el CEMH descabezándola con la criminalización y enjuiciamiento es “querer callar las voces de las feministas que exigimos justicia por tanta violencia y asesinatos de las mujeres hondureñas, especialmente por dos casos emblemáticos que son el de Margarita Murillo y el de Berta Cáceres; sin menospreciar los más de 4 mil femicidiosen ocho años, aseguró Martínez.

Los instrumentos de lucha de las feministas son la palabra y la denuncia a través de los medios de comunicación, los foros, las conferencias de prensa y las asambleas, en donde visibilizan las injusticias cometidas contra las hondureñas, al mismo tiempo, es atentatorio a la libertad de expresión y el acceso a la justicia, enlistó la feminista.

Que hoy una Jueza haya procedido de acuerdo al derecho es un buen indicativo de “pequeños pasos que se pueden ir dando hacia una verdadera justicia, no esperábamos una resolución de este tipo, por los antecedentes en casos en donde la justicia ha estado parcializada”, manifestó Martínez.

La defensora hizo la reflexión de que es posible que DESA no desista de perseguir al CEMH y que utilice otras vías para hostigarlas .

De paso ella y el CEMH agradecen la solidaridad de las organizaciones del país y de la comunidad internacional, “seguiremos exigiendo justicia para las mujeres hondureñas, que se investiguen los femicidios y que cese la impunidad”, finalizó.

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