El 01 de septiembre de 2015 Montoya fue salvajemente golpeada por elementos policiales, según Arzú,  ellos  no actuaban solos sino por órdenes de su jefe el Comisionado Julio Roberto Romero Canales, de acuerdo a su declaración en la Audiencia de Imputado el 15 de febrero de este año. Por este hecho que violenta el derecho a la Libertad de Expresión e Información solamente está siendo enjuiciado este agente.

Argucias y más argucias

Delmi Rivera, abogada defensora del policía Arzú,  trató de implementar la estrategia de deslegitimar la labor de la comunicadora, según la Montoya la estuvo hostigando para que aceptará que no se encontraba realizando una cobertura periodística  sino que andaba como manifestante, con lo que la profesional del derecho trataba de justificar la paliza que la propinaron los uniformados.

Se trata de una acción coordinada según se evidencia en este caso, altos mandos policiales no están dispuestos a que se les juzgue por este hecho, lo que vendría a abrir otros casos represivos contra unos 50 comunicadores sociales del Valle de Sula, donde se encuentra El Progreso, Yoro y San Pedro Sula en el departamento de Cortés.

Videos y testimonios de víctimas señalan cómo los cuerpos respresivos del Estado no quieren que sus actos ilegales sean dejados al descubierto por los comunicadores sociales de la zona. Hace falta la acción contundente del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, CONADEH, hasta ahora está inactivo en este tipo de hechos, según lo han denunciado los y las afectadas.

A eso de las nueve y media de la mañana del 12 de mayo recién pasado  llegó Rivera sin la presencia de Arzú alegando que el policía estaba cumpliendo con sus labores diarias, pero que tenía un testigo ocular de los hechos, el Sub Inspector Marvin Jovany Barahona, quien se apersonó al Juzgado de Letras de El Progreso, departamento de Yoro y minutos después salió de la sala de espera con la intención de no retornar.

Montoya entró a la sala donde se realizaba la audiencia donde la jueza le pidió narrar lo que había sucedido ese día de la represión.

“En varias de sus preguntas intentó deslegitimar mi labor en la cobertura, como tratando de insinuar que si había recibido algún tipo de lesión, según ella era porque andaba en calidad de manifestante  y no como periodista”, relató la periodista.

Denunció que de manera prejuiciosa le preguntaba que si pertenecía al Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación, ERIC, o si andaba acompañada por su esposo, el diputado por el Partido Libertad y Refundación,(LIBRE).

Otra situación sobre la que le interrogó es  “si yo había sido afectada por los gases lacrimógenos, cuál había sido mi reacción o en qué momento me afectó, trataba de demostrar que eso me había turbado la capacidad mental para identificar a mis agresores”, expresó.

“Dejé clara mi intervención de cuál era mi labor en el momento de la acción que se desarrolló ese día de septiembre, como comunicadora”, agregó.

Sobre la participación del testigo periodista Gerardo Chévez, consideró que fue contundente porque se logró demostrar la intervención de Arzú en la tortura.

Teniendo en cuenta que si Montoya hubiese andado como manifestante no le da derecho a los elementos de la policía para golpearla repetidamente, lo que está estipulado como tortura en la Convención Contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles y la Convención Americana de los Derechos Humanos.

Detalló que “el policía fue el que dirigió la acción de quebrarme la cámara, me agarró, me tiró al pavimento, puso su bota sobre mi pecho y mi cara, golpeándome estando en el suelo, es una muestra de que ellos hacen lo que quieren; no me gusta recordar”, exteriorizó la periodista, en el momento que la invadió una ansiedad y sus ojos discretamente se llenaron de lágrimas.

Por su parte, Laureano Carbajal, abogado representante de la comunicadora por parte de la Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos, ASOPODEHU, remembró que hicieron el reclamo respectivo de la poca celeridad con que se estaba tratando el juicio, lo que es un evidente retraso de la justicia, “nosotros hicimos una presión, si no la audiencia de hoy se hubiera pospuesto por cualquier razón”.

El agente Arzú solamente está acusado por los delitos de Abuso de Autoridad y Lesiones y no como torturas, lo cual está bien identificado en tratados y convenios internacionales que Honduras ha suscrito que forman parte del derecho interno. Tampoco se ha incluido la violación al Derecho a la Libertad de Expresión e Información en este caso.

El profesional adujo que la parte acusadora quiso que se desestimaran las pruebas presentadas por él y el testigo Chévez, pero la Jueza consideró que ambos eran necesarios para esclarecer el caso ya que Rivera citó a tres policías pero no se presentaron a testificar.

Reconoció que desde que inició el proceso “hay una injerencia política y de otra índole en la causa penal, pero se espera que el resultado sea lo más justo posible”.

La jueza dará su veredicto el próximo 22 de mayo, una de las expectativas es si será condenatorio o absolutorio, de ser este último aún falta mucho camino por recorrer para llegar hasta los altos mandos policiales y militares que dieron la orden de reprimir a periodistas y manifestantes.