Mientras por la madrugada del 25 de mayo 20 estudiantes, entre ellos cuatro mujeres y un periodista fueron torturados por la guardia de seguridad de la UNAH y la policía Preventiva y Tigres. Los muros de la impunidad no fueron suficientes para esconder estas graves violaciones a los derechos humanos que debieron mover al Ministerio Público a investigar de oficio, sin embargo éste está concentrado en hallar la forma de un castigo ejemplar para que no vuelvan a protestar pacíficamente.
En julio de 2015 los tres estudiantes hacían labor de derechos humanos, estaban verificando que sus compañeros participantes en protestas por demandas de respeto a sus derechos no fueron violentados, así lo denunciaron en una conferencia de prensa el 15 de julio de 2015. Portando carnet del Comidté Pro Defensa de los Derechos Humanos de la UNAH, describieron cómo se estaba criminalizando la protesta social, paralelamente el Ministerio Público a petición de la rectora Castellanos, les libraba un requerimiento fiscal por Usurpación, delito que las autoridades deben probar para que sean condenados.
Si la imparcialidad de la justicia prevalece en este juicio el expediente será cerrado, pero si la colusión y la ilegalidad prevalecen, serán condenados, hoy se sabrán los dos extremos a las 9 de la manaña en la Sala Cuarta del Tribunal de Sentencia donde se darán cita abogados de la UNAH, una fiscal del Ministerio Público, los estudiantes criminalizados y su abogado Laureano Carbajal en representación de la Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos, que lleva la defensa.
