En la madrugada del 25 de mayo recién pasado, tras ser torturados por la guardia de seguridad privada de la UNAH, 16 varones y cuatro mujeres fueron capturados por la Policía Nacional cuando se tomaron las instalaciones del edificio administrativo de ese centro educativo en apoyo a los estudiantes Cesario Padilla, Moisés Cáceres y Sergio Ulloa que están enfrentando un juicio por el Delito de Usurpación, incoado por el MP a solicitud de la rectora Julieta Castellanos en julio de 2015, después de jornadas de protesta estudiantil en esa institución en demanda de respeto a los derechos de unos 80 mil estudiantes.

En julio de 2016 unos 22 estudiantes también fueron presentados ante el juez esposados de pies y manos, lo que pretende enviar un mensaje amedrentador contra la comunidad estudiantil que quiera protestar.

La audiencia

La audiencia de este 26 de mayo  inició a eso de las  nueve y 20 de la mañana. Entraron a la sala cuatro mujeres universitarias con esposas en sus manos y grilletes en sus pies, igualmente el resto de sus compañeros, mientras que en las afueras padres, madres y compañeros gritaban al unísono que se les hiciera justicia a los imputados.

Paralelamente a la misma hora, en la Sala Cuarta del Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa se llevaba a cabo el Juicio Oral y Público contra los estudiantes Cesario Padilla, Moisés Cáceres y Sergio Ulloa.

El joven de camiseta verte se echó a llorar ante los rostros solidarios del cuerpo de abogados y defensoras de derechos humanos, el ambiente se envolvió de nostalgia e indignación y para completar sus datos personales la escribiente les preguntó si tenían tatuajes, cicatrices visibles o apodos.

Una joven inquieta, de tez blanca y cabello ondulado, trató de esconder su nerviosismo, ella no le tiene miedo a ir a la cárcel, pero sí a que sus padres la juzguen duramente si es condenada o simplemente se den cuenta que por defender sus derechos enfrenta cargos penales.

La audiencia inició a más de 24 horas de detención. Todos estaban sentados en el suelo , fueron acusados de daños y privación de libertad contra agentes privados de seguridad y por daños agravados en contra de la UNAH. Los  testigos protegidos eran guardias de seguridad de la Empresa de Seguridad Privada del Aguán, ESPA, quizá los mismos que participaron en torturas contra los manifestantes .

De acuerdo a la lectura que hizo el juez al frente del tribunal que lleva el caso,  los hechos ocurridos el miércoles 24 de mayo fueron investigados por la Dirección Policial de Investigación,(DPI).

Según  los “testigos protegidos”, quien los alertó de la presencia de los jóvenes fue Luís Alfredo Lanza, de la ESPA,  como a las 10 y 30 de la noche  el sub comisionado López Corea de la Policía Preventiva, recibió una llamada en donde le informaron que tenía que realizar una misión en la UNAH, saliendo como a las 12 de la noche.

En el operativo de desalojo participaron policías preventivos, elementos “Tigres” y del cuerpo de bomberos. De acuerdo al relato ellos  tenían conocimiento de que resultaron afectados algunos estudiantes con lesiones y problemas respiratorios.

No declararon

El Juez les preguntó a los imputados si querían hacer uso de la palabra, casi todos contestaron que no, solamente el periodista Rony Huete lo hizo  para aclarar que se encontraba en el lugar haciendo una cobertura, pero el Fiscal del Ministerio Público dijo que no era relevante, ya que Huete estaba en el lugar y que sería tratado como todo el grupo.

El fiscal enlistó tres peticiones acuerpadas por un  abogado de la UNAH,  primero que le dieran protección a las víctimas naturales , en este caso a los guardias de ESPA y a la  universidad; segundo que se aplique a los imputados  una medida de detención judicial por el término de ley para  inquirir ya que existía el peligro de fuga por parte de los procesados  y una posible obstrucción  en la investigación,  y tercero que se señale fecha y hora para la Audiencia Inicial.

Mario Rojas, uno de los  abogados de la defensa solicitó ante el juez que no se tomara en cuenta la solicitud del Ministerio Público porque estaba pidiendo un juicio anticipado con una condena anticipada, violentando el principio de presunción de inocencia.

Esta figura está contenida en el Código Procesal Penal que en su   artículo 2 cita: “Estado de Inocencia. Todo imputado será considerado y tratado como inocente mientras no se declare su culpabilidad por el órgano jurisdiccional competente de conformidad con las normas de este Código. En consecuencia, hasta esa declaratoria, ninguna autoridad podrá tener a una persona como culpable ni presentarla como tal ante terceros. Por consiguiente, lo que informe, se limitará a poner de manifiesto la sospecha que pende sobre la misma. La violación a lo dispuesto en el párrafo anterior obligará a los responsables a indemnizar a la víctima por los perjuicios causados, los que serán exigibles en juicio civil ordinario, sin perjuicio de la responsabilidad penal o administrativa que proceda”.

Irregularidad

Carlo Jiménez, otro de los abogados defensores en representación de C-LIBRE,  aprovechó su intervención para denunciar una irregularidad en el Debido Proceso, cuando en la madrugada que a los jóvenes los trasladaron a las instalaciones del Juzgado donde se desarrollaba la audiencia, llegaron tres supuestos agentes de la DPI sin identificación, uno de ellos llevaba el apellido Flores bordado en la gorra, pidieron al encargado de custodia que separaran del grupo a Armando Velásquez para tomarle fotos. Esta acción ya se había hecho en la Policía Metropolitana Número Uno y en la misma DPI.

Jiménez exigió al Fiscal aclarar el hecho, el funcionario respondió que “nos parece que ese hecho no constituye tipo de delito, desconozco si eran agentes, ponga la denuncia en debida forma”.

También el abogado defensor demandó se respetara el estado de inocencia plasmado en el artículo 2 del Código Procesal Penal y articulo 8.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos  que reza: “Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. Durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad”.

Luchamos por derechos

Eimy Jiménez, una de las estudiantes procesadas dijo que durante el proceso sintió indignación y enojo porque los acusan hasta de secuestro y quienes ingresaron violentamente a las instalaciones de la UNAH son las que ahora les acusan. “Nosotros no hicimos nada malo y no estábamos dañando nada.

Por su parte Nery Gómez, otro de los acusados  inició la defensa por la lucha de la educación pública desde el año 2011 porque vio la necesidad de transformar y trascender al país.

Adujo que “poco a poco como juventud nos están matando e impidiendo la libertad de expresión como es el derecho a la protesta pacífica, fundamentado en los derechos universales”.

Calificó los procesos de lucha que han vivido en estos últimos años como históricos, al mismo tiempo como un transcurso doloroso y vergonzoso a la vez porque las autoridades universitarias se dedican a reprimir a los estudiantes y no a mejorar la calidad educativa.

Expresó que las 27 horas que pasaron encerrados en una hedionda y oscura celda fortaleció más la unidad con sus compañeros con quienes pudo compartir y en medio del dolor “nos enchacharon y engrilletaron, pero jamás vamos a dejar de luchar por nuestros derechos” .

Mal uso del derecho penal

En la opinión del abogado  Mario Rojas, la universidad una vez más hizo un mal uso del derecho penal llevando una situación interna de la institución al ámbito penal, con el ánimo de restringir el derecho fundamental a la  manifestación.

Existe una diferencia al proceso del año pasado, esta vez trataron de tipificar la acción con delitos más gravosos para que pudiera decretarse una acción judicial, en este caso los acusaron de daños agravados y detención injustificada de la libertad, cuyas penas exceden de seis años, por ende amerita la detención judicial.

“Desde allí se nota la mala fe de parte de la universidad en contubernio con el Ministerio Público que se presta a los caprichos de las autoridades universitarias”, continuo Rojas.

Para él hay una incongruencia entre la petición y la acusación donde  vio  ilógico e irracional el planteamiento de la parte acusadora al pretender pedir protección hacia agentes privados de seguridad que pueden hacer uso de la fuerza en  la universidad, tienen acceso a armas y toletes.

Al final el juez tuvo a bien dictarles medidas sustitutivas a la prisión, éstas  son ir a firmar todos los viernes, no salir del país y no acercarse al edificio administrativo.

Los imputados quedaron bajo la tutela de la Asociación para una Ciudadanía Participativa, (ACI-PARTICIPA).

La audiencia inicial quedó programada para el día viernes 23 de junio del 2017 a las 10:00 am. 

Varios de los estudiantes que están golpeados tienen que pagar de sus propios bolsillos los gastos médicos porque ni siquiera se consideró en la audiencia las torturas de que fueron víctimas.

Horas previas a la audiencia

El Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos, CIPRODEH, estuvo acompañando a los estudiantes desde su captura. Un grupo de defensa legal a la cabeza del abogado Alejandro Mairena estuvo allí asistiendo a los estudiantes en la Policía Metropolitana Número Uno.

También lo hicieron la Asociación para una Ciudadanía Participativa, ACI-Participa; la Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos, ASOPODEHU y estudiantes aglutinados en el Movimiento Amplio Universitario, MAU, debido a que de los 20 estudiantes capturados 13 pertencen a esta organización que ha sufrido mucha persecusión por las autoridades de la UNAH y de la empresa de Segurodad ESPA.

El CIPRODEH señaló a través de una nota de prensa que "condena la actuación de las autoridades universitarias y las acusaciones formuladas por el Ministerio Público, ya que de esta manera se está conculcando el derecho a la protesta que tiene cada ciudadana y ciudadano y que está garantizado en los acuerdos y convenios internacionales sobre derechos humanos, de los cuales el Estado de Honduras es signatario". Vea la nota de prensa completa Aquí.