El 07 de junio de 2017  se llevó a cabo la continuación de la Audiencia Preliminar de cuatro de los implicados en el asesinato de la lideresa indígena, en donde los abogados defensores de los imputados trataron de desacreditar a los testigos presentados por la parte demandante.

Sobreseimiento definitivo o provisional pidió la defensa de los supuestos asesinos de Berta Cáceres, en el crimen perpetrado el 03 de marzo del 2017.

El proceso judicial se realizó en el Juzgado ubicado en la ciudad de Comayagüela, anteriormente hubo dos suspensiones de las audiencias, porque las evidencias probatorias no habían sido entregadas por las partes para dar paso al proceso judicial.

Se presentaron formalmente las acusaciones contra Mariano Díaz Chávez (Mayor de la Fuerzas Armadas), Sergio Rodríguez (Gerente Técnico y Ambiental de la empresa DESA), Douglas Bustillo (Exjefe de Seguridad de la empresa DESA)y Elvin Heriberto Rápalo (supuesto sicario).

Como parte de la observancia participaron defensores y defensoras de derechos humanos nacionales e internacionales, la representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas de Derechos Humanos,(OACNUDH), un representante de las Embajadas de los Estados Unidos y Canadá.

Mientras que en la parte de afuera de los Juzgados miembros del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras,(COPINH), se manifestaron para exigir una verdadera justicia y un proceso transparente, ya que consideraron que la acusación del Ministerio Público estaba llena de falencias e irregularidades, además que ahora se conocen con la apertura de una parte de los expedientes y con la asistencia a las anteriores audiencias.

Contexto anticrimen

Víctor Fernández abogado por la parte del COPINH y la familia de Berta Cáceres, empezó lamentándose por el planteamiento reducido del Ministerio Público, porque le limitaron la información sobre la investigación, por lo tanto, tuvo que trabajar el caso de manera parcial.

Mencionó que el asesinato de Berta no fue planeado unos meses atrás, sino que pudo ser desde que iniciaron las protestas por la construcción del proyecto hidroeléctrico por la Empresa Desarrollos Energéticos, S.A,  DESA, en el año 2013.

Fernández sostuvo que sus representantes sufrieron ataques sistemáticos con la implementación de una estrategia de estigmatización y criminalización que concluyó con ataques contra la vida de los antes mencionados.

La conspiración la fraguaron con la complicidad de las fuerzas de seguridad del Estado, estructuras paralelas y sicarios, supuestamente bajo el mando y la supervisión de Sergio Ramón Rodríguez Orellana, como facilitador de entrenamiento y logística del ex militar Mariano Díaz Chávez, según el abogado.

Sumario de acciones

Entre las acciones conjuntas de los acusados están la planificación y coordinación con los elementos implicados, amenazas contra la vida de miembros del COPINH y Berta Cáceres, verificación de ataques, despojo de tierras con amenazas y coacción, incremento de niveles de violencia en los territorios lencas.

Implementación de sistemas de seguridad, construcción de una red de informantes para infiltración, seguimiento, ataques e institucionalización de estructuras paralelas.

En ese sentido, en el contexto previo debió haber delimitación del área de movilización de Berta y los copines y el reconocimiento de la colonia El Líbano, del municipio de La Esperanza, departamento de Intibucá donde Cáceres tenía su casa de habitación.

Crimen organizado

Fernández pidió que se fijara una fecha para la realización del juicio oral y público, también que se consideraran los delitos de asesinato, asesinato en grado de tentativa amparado en los artículos 117 y 332 del Código Penal, por razonar que los acusados tuvieron participación directa en los hechos, por ende, no solo tienen actuación directa sino que indujeron a estructuras paralelas y a los cuerpos estatales de seguridad.

Fernández declaró que un par de elementos que son novedad en el proceso fue el planteamiento que hicieron en la formalización de la acusación los delitos de Asociación Ilícita para Sergio Rodríguez, Douglas Bustillo y Mariano Díaz Chávez, por el motivo que los tres imputados se pueden identificar como parte de una organización que generó en el territorio lenca donde pretende funcionar el proyecto de Agua Zarca,  la instalación de grupos de terror para evitar la oposición a la hidroeléctrica, Elvin Rápalo continuará con los dos mismos cargos, por ser un mero ejecutor.

Contrastando la hipótesis del Ministerio Público que el crimen se pensó desde enero del 2016, el profesional del derecho indicó que fue una planificación de tres años atrás y que la muerte de Berta es el resultado de un funcionamiento irregular, arbitrario y criminal de una empresa que se confabuló con actores estatales para ejecutar el crimen.

Que se retiren de una vez

Por otro lado, Berta Zúniga Cáceres, hija de la extinta lideresa indígena, opinó que “esperamos que la decisión sea satisfactoria para nosotros, eso es que se pase a la etapa de juicio oral y público en un proceso más abierto”.

Reafirmó la ampliación de la demanda al cargo de Asociación Ilícita, por suponer que el crimen no obedece a interés particular sino a un plan de ofensiva de una empresa específica, más empresas que están promoviendo el tema extractivo en la región.

Asimismo, “la limitación de la demanda que tiene el MP hasta ahora no da la perspectiva de que se puedan investigar a las personas vinculadas a la autoría intelectual, las que pagaron para que se ejecutara el hecho”. prosiguió.

En cuanto al retiro de financiamiento internacional para DESA, la joven indicó que “hasta ahora no se han retirado, solo lo anunciaron pero eso lo vienen haciendo desde hace más de un año, pues nuestra intención es que lo hagan y asuman responsabilidad en la negligencia”.

La jueza resolverá y dará a conocer su resolución en el plazo de tres días, hay dos panoramas posibles; el primero que se eleve la causa a juicio y el segundo un sobreseimiento definitivo.