En el caso del Congreso Nacional, donde ahora no es tan fácil poder conseguir una acreditación si no está trabajando en un medio de comunicación o porque el director del mismo no le extiende una recomendación, no podrá realizar ninguna cobertura periodística.

Para los periodistas independientes que trabajan redactando artículos que luego suben a las redes sociales, el trabajo será completamente difícil para poder informar de los acontecimientos noticiosos del hemiciclo Legislativo.

Sobre las nuevas modalidades que han puesto en práctica los funcionarios estatales están, darle toda la carga informativa a las oficinas de relaciones públicas, en estas dependencias a través de sus representantes emiten comunicados donde sólo informan lo que les conviene y entrevistar al funcionario cada vez es más difícil.

Las conferencias de prensa cada vez son menores y existe de parte de los funcionarios preferencia por algunos medios de cobertura nacional y hacia ciertos directores que los manejan.

La situación se vuelve más difícil en el interior del país donde las dependencias del Estado controlan, bajo un poder mediático, a la prensa que les cubren y aquellos que no son afines a sus pensamientos, sufren marginamiento y hasta son expulsados de las fuentes informativas.

El caso del Ministerio Público

La periodista Ana Ester Gonzales, de Radio Globo, indicó que en el Ministerio Público la entrevista está vedada, tanto para conocer sobre las acciones del Fiscal General y de los fiscales de las diferentes dependencias.

“La cobertura de noticias de parte de la prensa solo se hace hacia los abogados que vienen a interponer denuncias o de los manifestantes cuando hacen los plantones frente al Ministerio Público, porque todo se canaliza a través de unos “churros” que emite la oficina de Relaciones Públicas”, afirmó.

González dijo que los “únicos que tienen acceso al Fiscal General son los periodistas Renato Álvarez y Edgardo Melgar, ambos de la Corporación Televicentro, los demás periodistas no existen para ellos”.

Para las autoridades del Ministerio Público, los periodistas de radio no existen en esa fuente, porque sólo prefieren a las cadenas de televisión, destacó.

Según la periodista, las restricciones existen desde que inició su mandato Oscar Chinchilla al seno del Ministerio Público y ni en eventos se puede entrevistar porque no sale de las instalaciones del edificio, “pasa encerrado”, destacó.

En el interior del país

Por su parte la periodista Melissa Hernández Quintana, del canal de televisión TVS de Choluteca, dijo que las dificultades para cubrir las noticias en esa ciudad son mayores si no se es afín al Gobierno o está controlado por la fuente con un contrato de publicidad.

“Depende del medio y de la línea que tenga el periodista, en mi caso me he encontrado con algunos funcionarios que me tienen vetada, hay casos de compañeros que no los dejan entrar a la fuente y están vetados por la línea que tienen y a mí me sucedió lo mismo, no me dan entrevistas”, relató.

En Choluteca, dijo que las fuentes más difíciles de cubrir son las de salud, “porque está blindada, tienen todo centralizado en una sola persona, hay un vocero y no le dan autorización a nadie más para que brinde declaraciones a la prensa, pues hay una persecución para la prensa que pide información”.

Agregó que “Incluso han llegado al colmo de revisarles el celular a las enfermeras para ver si tienen grupos de periodistas, les inspeccionan el chat para ver si les han escrito o enviado información a los periodistas. Es bastante difícil la labor de los periodistas, allí uno tiene que arreglárselas para tratar de conseguir información, que sea veraz porque hay muchas falencias en salud, pero ellos sólo quieren que uno pase la versión oficial y la versión oficial no es la verdad absoluta”, agregó.

Hernández Quintana explicó que “le esconden la información a uno, la esconden a morir, la tienen centralizada. Eso lo hacen con todos los medios, no sólo con los medios independientes, lo que pasa es que aquí en Choluteca la mayoría de periodistas tienen contratos publicitarios con el Congreso Nacional y ellos nunca sacan denuncias sobre los problemas que suceden en este sector”.

La comunicadora relató que “lo mismo pasa en la Alcaldía de Choluteca, allí tienen control mediático. Otro lugar que es bien difícil entrevistar a alguien es en la Departamental de Educación, porque allí lo que hay es una cloaca de corrupción y lo que hacen es controlar a los periodistas de los medios. Hay situaciones en donde uno tiene que hacer periodismo investigativo y eso se vuelve difícil que le den información. Casi todas las fuentes informativas tienen sus voceros”.

Defensores

Para los defensores de los derechos humanos, resulta insólito que en estos tiempos existan dependencias del Estado que le estén negando la información a los medios de comunicación y específicamente a los periodistas independientes.

Andrés Molina, defensor de los derechos humanos dijo que se tiene documentado el caso del periodista César Silva de UNE TV, quien a pesar de estar acreditado en la fuente del Congreso Nacional, le han negado el acceso y el derecho a informar desde ese espacio público.

“También existe el caso de un periodista en Radio Globo, donde a ellos no se les dejaba entrar a Casa Presidencial, se les vetó el acceso y no se les acreditaba. También está el caso del periodista Dasaev Aguilar de Hispan TV, quién a pesar de llevar toda la información, en Casa Presidencial no se le dio la autorización de ingresar a Casa de Gobierno, e acreditarse para hacer cobertura”, apuntó.

Molina dijo que igual pasó con la periodista Gilda Silvestrucci de Tele Sur, a quien no se les ha dado la oportunidad de acreditarse y hacer la cobertura informativa de lo que ocurre en Casa Presidencial.

“Si se mantiene una posición crítica, la represalia es que no te dejan cubrir la fuente. Pero no debe importar el medio que representas o la posición que adoptes, siempre te deben permitir el ingreso a las fuentes. En Casa Presidencial debe existir apertura para todos los medios de comunicación, sin importar la línea política que adopte el medio de comunicación”, manifestó el activista de los derechos humanos.

De acuerdo a Molina lo que sucede en el interior del país es diferente a lo que pasa en las ciudades como San Pedro Sula y Tegucigalpa, porque allí los periodistas son amenazados y hasta asesinados.

“Cualquiera que haga una cobertura noticiosa que se salga de los cánones que establecen los caciques políticos de la zona o de los grupos organizados que operan en la zona, son víctimas de amenazas, de persecución, atentados y en última instancia de muerte”, informó.

Para Molina, es importante recordar que en los últimos años las personas que han sido asesinadas y que son comunicadores sociales han ocurrido en el interior del país y no son de las grandes ciudades como Tegucigalpa y San Pedro Sula.

“Aunque en San Pedro Sula han existido cuatro casos de intentos de asesinatos contra periodistas y se registran las muerte de Igor Padilla de Hable Como Habla (HCH), Erlin Espinal de Hoy Mismo, Anibal Barrow y Georgino Orellana y de otras personas que han tenido que abandonar la ciudad y su trabajo por amenazas, de los medios HCH y Telenoticias”, detalló.

Para Mirian Elvir de C-Libre, cada vez es más difícil la cobertura de noticias en el país, precisamente por el restringido acceso a la fuente informativa.

“Conocemos del caso de César Silva de UNE TV que no se le permite el ingreso al Congreso Nacional y a otros periodistas que no pudieron ingresar a los actos de la toma de posesión del segundo mandato del Alcalde de Tegucigalpa, Nasry Asfura. Igual pasó con la prensa de Contracorriente, UNE TV y Carlos Dada de El Faro de El Salvador que no pudieron cubrir la toma presidencia de Juan Orlando Hernández”.

Destacó que con la actitud de los funcionarios “están dañando a la población por no permitir a la prensa cubrir sus fuentes, porque están violentando el derecho a estar informado, los funcionarios manejan información pública y por eso están obligados a brindarla, eso está en los estándares internacionales, en donde se certifica que están destruyendo la labor informativa de la prensa”, finalizó.

La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública señala en el Artículo 22 que “Las autoridades están obligadas a dar protección y apoyo a los periodistas en el ejercicio de su profesión, proporcionándoles la información solicitada sin más restricciones que las contempladas en esta Ley y demás ordenamiento jurídico nacional.