Jairo López ha sido enfocado desde el año 2015 por denunciar actos de corrupción de diferentes instancias, y pegues ilegales de agua por parte de un canal de TV cuyo propietario que es afín al actual presidente del congreso Nacional, Mauricio Oliva, le abrió un juicio penal por difamación y calumnia, sin embargo el comunicador lo que hizo fue leer un informe de la empresa Aguas de Choluteca donde ratificaba el ilícito.

Declaraciones estigmatizantes

Este es el texto del informe de la CIDH en relación al caso de del periodista arriba mencionado:

“791. Organizaciones de la sociedad civil denunciaron la existencia de una campaña de desprestigio dirigida en contra del periodista Jairo López, director del programa televisivo `El Informador´, que se transmite a través de Canal 21 de la ciudad de Choluteca, departamento del mismo nombre. La campaña sería presuntamente promovida por el presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva Herrera, uno de cuyos escoltas habría apuntado su arma en contra de civiles, siendo captado en un video difundido por López en su programa. Tras la difusión de las imágenes se habría distribuido a través de la red social Facebook, otro video que pretende vincular al comunicador con una red criminal y con el presunto narcotraficante Orlando Pinto”. 

Respuesta con mentiras

Sobre este particular y ante la solicitud de información de la CIDH hacia el Estado de Honduras, esto es lo que le dijo el Estado “792. El Estado ha informado a la CIDH que en Honduras el delito de amenazas es un ilícito perseguido a instancia particular y el periodista Jairo López no ha denunciado el incidente frente a la Fiscalía, por lo cual la actuación del Ministerio Público en dicho caso no sería posible. Asimismo, López se encuentra, según el Estado, acogido en el Sistema Nacional de Protección para personas Defensoras de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadoras de Justicia”

En las últimas semanas la presión contra Jairo López y su familia se ha incrementado, la foto de sus esposa e hija fue circulada en redes sociales donde le vinculan a él con ilícitos y le hacen responsable de acciones de violencia de los cuerpos de seguridad del Estado contra la ciudadanía del Sur del país que se mantiene en pie de lucha contra la corrupción y la asunción ilegal del mandatario Juan Orlando Hernández que asumió el poder salpicado de denuncias de corrupción y graves violaciones a los derechos humanos.

Semanas atrás habían publicado otra foto donde hacían aparecer que el periodista López tenía una hija fuera del matrimonio, "quieren destartalarme la familia, generando fricciones con mi esposa pero eso no lo van a lograr porque la mentira tiene patas cortas", expresó.

Denunció además que la campaña ya salió de la zona Sur y es entronizada por periodistas de medios corporativos y por programas de estos medios y secciones, lo que hace notar que van por más cada día.

Los gastos de la escolta policial salen de la bolsa de Jairo López

Aparte de sufrir amenazas constantes, el periodista debe cubrir los gastos de alimentación de una escolta policial que se mantiene a su lado las 24 horas del día los 7 días de la semana, aunque este costo debería ser asumido por el Estado de Honduras.

“Ya no aguanto mi bolsillo, a veces no hallo de dónde sacar dinero para alimentar a la escolta, he hablado esto reiteradamente con el Mecanismo de Protección y acá el Jefe Departamental de la policía se comprpometió a mandarles la comida, pero solo lo hizo una vez y la carga volvió a caer en mis espaldas”, dijo López muy preocupado a pasosdeanimalgrande.com

De acuerdo a cálculos preliminares de los costos el afectado estaría gastando unos 14 mil lempiras mensuales, aproximadamente unos 592 dólares, lo que ha diezmado su presupuesto familiar y pone en precario el derecho de la alimentación, educación y otras necesidades básicas de su hija que está en edad escolar.

La ex directora del Mecanismo de Protección, la abogada Nora Urbina se vio en la necesidad de desplazarse a la zona Sur para atender personalmente el caso y solventar esta situación de la manutención de la escolta, responsabilidad a cargo del Subcomisionado Turcios.

Escolta amedrentada y posible criminalización de labor periodística

El año pasado Jairo López denunció que el Jefe Departamental de la Policía el Sub Comisionado Eduardo Antonio Turcios desafiaba al Mecanismo de Protección al negarse a implementar las medidas que el Comité Técnico decidió aprobar dada la gravedad de la situación que enfrentaba el comunicador.

Las cosas no han mejorado tanto debido a que hasta su escolta ha sido amedrentada, “me informaron que la escolta estaba siendo investigada como una forma de amedrentar a los policías, tanto así que en esta primera semana de abril de 2018 uno de los policías renunció a seguir siendo parte de dicha escolta y es muy probable que sea por este tipo de acciones”.

Jairo López también denunció que un policía de la Dirección Policial de Investigaciones se encargaba de tomarle constantemente fotografías y que está bajo la mira del Subcomisionado Turcios, sospechando que le quieren incriminar de delitos inventados para criminalizar su labor como periodista crítico de la zona Sur.

La Fiscalía del Ministerio Público de Choluteca tiene en sus gavetas una denuncia que el comunicador social interpuso contra este funcionario de la Policía Preventiva, pero él cree que correrá la misma suerte de las otras que ha interpuesto. El Ministerio Público forma parte del Comité Técnico del Mecanismo de Protección y su responsabilidad debería ser investgar estos ataques, pero la espera es larga para López.

De hecho la suposición del periodista no está tan tirada de los cabellos porque en todo momento para desprestigiar el ejercicio de la profesión le señalan como cabecilla de las manifestaciones y esta campaña estigmatizadora está siendo impulsada por militares y por el Jefe Policial Departamental.

Emmanuel Colombié, Director del Despacho América Latina de Reporteros sin Fronteras (RSF) ha expresado en relación a la situación de Jairo López que “Las amenazas que sigue enfrentando el periodista son muy preocupantes; además de obstaculizar su labor periodística, lo desgastan cada día un poco más”.

Mientras Pen International emitió el año 2017 una Acción Rápida donde movilizó a más de 160 centros Pen alrededor del mundo para que hicieron acciones demandando ante el Estado de Honduras la protección inmediata de López e investigaciones imparciales sobre la identidad de los responsables.

Lea el Informe completo de la Relatoría para la Libertad de Expresión de la CIDH Aquí