La información de la venta de este equipo se conoció en una publicación del prestigioso medio londinense The Guardian  que describió el gasto por 300 mil libras esterlinas, unos 425 mil 367 dolares, equivalentes a 10 Millones 22 mil  457 lempiras con 71 centavos al cambio actual.

La contradicción entre el discurso político del reino Unido y los hechos es resaltada en la carta donde las organizaciones firmantes señalaron que “Destacamos que en los últimos meses el gobierno de Reino Unido ha pedido repetidamente a Honduras para que priorice el respeto por los derechos humanos, resaltando en particular la libertad de expresión y la libertad de la protesta pacífica.

Entre los ejemplos claves argumentaron que “La vigilancia ilegal de los miembros de COPINH y Berta Cáceres previo a su asesinato no fueron un hecho aislado, sino que forman parte de un patrón de represión por parte del Estado Hondureño”.

Al final de la carta que fue firmada por unas 23 organizaciones y está fechada el 03 de abril de este año, la demanda fue contundente, “Teniendo en cuenta todo lo anterior, existen razones para creer que los equipamientos para la interceptación de las telecomunicaciones serán usados para la represión interna. Quisiéramos urgirle de que no se otorguen más licencias de exportación al gobierno hondureño por ningún equipo que pueda ser utilizado para la represión interna”.

Este es el texto de la carta:

Estimado Dr. Fox,

Los abajo firmantes somos organizaciones de derechos humanos de Honduras y Reino Unido. Le escribimos para expresarle nuestra consternación sobre las autorizaciones para la venta de equipos para la interceptación de las telecomunicaciones a Honduras, dada la situación actual en cuanto a derechos humanos en el país. Además, nos alarmamos al saber que el gobierno de Reino Unido decidió exportar este equipo a pesar de que las preocupaciones sobre estándares de los derechos humanos fueron planteadas en el Parlamento varias veces.[1] Le urgimos a que no otorguen más licencias de exportaciones a equipos que podrían ser utilizados para la represión interna.

El pasado 8 de Febrero, The Guardian reveló que el Reino Unido otorgó licencias de exportación de equipos para la intervención de telecomunicaciones para que fuesen vendidos al gobierno de Honduras justo antes de las elecciones.[2] El 20 de febrero, en respuesta a una pregunta parlamentaria en referencia a dichas licencias, el honorable señor Graham Stuart en nombre del gobierno de Reino Unido señaló lo siguiente:

“todas las solicitudes de licencias de exportación se considerarán caso por caso teniendo en cuenta los criterios nacionales y de la UE en cuanto a licencias de exportación de armas y basándose en la información y análisis más actuales del momento, incluyendo informes de ONGs y de nuestra red exterior.”[3]

En primer lugar, nos gustaría llamar su atención sobre el hecho de que los informes recientes de las ONGs apuntan hacia una alarmante situación de los derechos humanos en el país así como también a una represión dirigida hacia las personas defensoras de derechos humanos, mediante incluso vigilancia ilegal:

Un informe de Global Witness de enero de 2017 titulado ‘Honduras: El lugar más mortífero para la defensa del planeta’ reportó que 123 activistas protectores del medio ambiente y la tierra fueron “asesinados en Honduras desde el golpe de estado de 2009, sin contar las amenazas, ataques o encarcelamientos.[4]

El informe de Amnistía Internacional de 2017 documenta incidentes de seguridad sufridos por personas defensoras de derechos humanos incluyendo asesinatos, amenazas, vigilancia y acoso.[5]

Un informe de 2017 de un grupo de expertos independientes sobre el asesinato de la renombrada ambientalista, Berta Cáceres, demostró que las fuerzas de seguridad del Estado en connivencia con personal de la empresa hidroeléctrica llevaron a cabo seguimientos y vigilancia a miembros de la misma organización de Berta Cáceres, COPINH, como parte de una estrategia para controlar y neutralizar la protesta de la comunidad. La vigilancia se incrementó en los meses y horas previas a su asesinato.[6]

La vigilancia ilegal de los miembros de COPINH y Berta Cáceres previo a su asesinato no fueron un hecho aislado, sino que forman parte de un patrón de represión por parte del Estado Hondureño. Un informe de la ONG Brigadas Internacionales de Paz destaca que ocho personas destacadas por la defensa de derechos humanos estuvieron en una lista del gobierno para ser vigilados de manera ilegal. Los defensores y defensoras de derechos humanos denuncian frecuentemente el uso de la vigilancia/inteligencia contra ellos, entre otras tácticas están las restricciones para el libre ejercicio de la libertad de expresión y asociación.[7]

En Segundo lugar, el criterio número dos de los criterios consolidados nacionales y de la UE para la autorización de la exportación de armas, estipula que el gobierno debería:

“ejercer una especial atención y vigilancia a la hora de otorgar licencias, estudiando caso por caso y teniendo en cuenta la naturaleza de los equipos, para los países donde se constaten serias violaciones de derechos humanos por parte de los organismos competentes de las Naciones Unidas, el Consejo Europeo o la Unión Europea;”[8]

Estos organismos internacionales han puesto su atención sobre las serias violaciones de derechos humanos en Honduras:

El parlamento Europeo adoptó una resolución en abril del 2016 indicando que “Honduras se ha convertido en uno de los países más peligrosos en la región para los y las defensoras de derechos humanos”.[9]

El informe sobre Honduras de 2017 del alto comisionado de Naciones Unidas afirma que: “En un contexto de estigmatización y cuestionamiento de su trabajo incluso por parte de los representantes del gobierno, OACNUDH-Honduras sigue documentando casos de amenazas, seguimientos, robo de información y homicidios contra personas defensoras de derechos humanos.[10]

En Agosto de 2016, dos expertos en derechos humanos del sistema Inter-América y de Naciones Unidas describieron a Honduras como uno de “los países más hostiles y peligrosos para los defensores de derechos humanos.”[11]

Por lo tanto, consideramos la afirmación del Gobierno de que "la cuestión de la licencia era coherente con los criterios consolidados de concesión de licencias de exportación de armas de la UE y nacionales y seguía siéndolo en el momento de la exportación"[12] como una tergiversación.

Además, como resultado de las disputadas elecciones en noviembre 2017, surgieron protestas pacíficas a lo largo y ancho del país. Estas fueron contestadas con una brutal represión del Estado, OACNUDH registró 23 asesinatos, 16 a manos de las fuerzas de seguridad del Estado y al menos 60 personas fueron heridas, la mitad de ellos por munición real.[13] La red nacional por los derechos humanos “Coalición contra la impunidad” registro por lo menos 50 denuncias relacionadas con amenazas y vigilancia ilegal para identificar a quienes participaban en las protestas. En algunos casos, las víctimas identificaron a los autores de las amenazas o seguimientos como miembros de la Policía Nacional o de la Policía Militar.[14]

Destacamos que en los últimos meses el gobierno de Reino Unido ha pedido repetidamente a Honduras para que priorice el respeto por los derechos humanos, resaltando en particular la libertad de expresión y la libertad de la protesta pacífica.[15] De cualquier modo, organizaciones locales han expresado preocupación por la escalada de la represión del Estado. De este análisis se hizo eco el alto comisionado para los derechos humanos Zeid Ra’ad Al Hussein en el Consejo de Naciones Unidas en marzo de 2017 quien afirmó: 

“La frágil ya situación de los derechos humanos en Honduras, que sufre de los altos niveles de violencia e inseguridad, se va a deteriorar más a no ser que se haga una verdadera rendición de cuentas en cuanto a las violaciones de los derechos humanos.”[16] Nos preocupa que la autorización para la exportación de equipos para la interceptación de las telecomunicaciones al gobierno de Honduras, suponga de facto que el Reino Unido contribuya a la restricción de derechos humanos fundamentales en el país.

Teniendo en cuenta todo lo anterior, existen razones para creer que los equipamientos para la interceptación de las telecomunicaciones serán usados para la represión interna. Quisiéramos urgirle de que no se otorguen más licencias de exportación al gobierno hondureño por ningún equipo que pueda ser utilizado para la represión interna.

Esperamos noticias suyas en relación a lo expuesto.

Cordialmente,

Amnesty International UK

Asociación de Jueces por la Democracia

Asociación LGTB Arcoíris de Honduras

La Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos (ASOPODEHU)

ATALC-Amigos de la Tierra (FoE) América Latina y El Caribe

The Business and Human Rights Resource Centre

Campaign Against Arms Trade

La Coalición contra la Impunidad

Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguan (COPA)

The Corporate Responsibility Coalition (CORE)

The Environmental Network for Central America (ENCA)

Foro de Mujeres por la Vida

Fronteras Comunes de Canadá

Global Justice Now

Global Witness

Grupo Lésbico Bisexual LITOS

Latin American Mining Monitoring Programme

Movimiento Madre Tierra Honduras

Movimiento Mesoamericano contra el Modelo extractivo Minero -M4-

Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH)

PAPDA – Haïti

Tavistock Peace Action Group

War on Want

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Leála completa en el sitio web de Global Witness en este link

Publicación de The Guardian, véala Aquí