Flores fue una de las periodistas que dio cobertura a las marchas que realizó la resistencia contra el fraude electoral en San Pedro Sula. Luego del proceso post electoral documentaba los abusos de autoridad de parte de la policía y el ejército hacia los manifestantes.

En mayo de este año La policía entró a la casa de Flores y lanzó bombas lacrimógenas al interior de la vivienda poniendo en peligro la vida de ella y la de su familia.

Un caso de violación a la libertad de expresión

La abogada Kenia Oliva del Comité por la Libertad de Expresión (C-Libre), manifestó que el caso de Leisy Flores, es un claro ejemplo de persecusión y censura y además una violación al derecho de la libertad de expresión en el país.

“Las amenazas contra Leisy Flores se dieron precisamente por las noticias que ella estaba transmitiendo después de la crisis post electoral y lo más grave fue que se denunció ante las autoridades, ante el Mecanismo de Protección, y se presentaron todas las pruebas y no existió ningún interés de brindarle protección a ella de parte del Estado”, afirmó Oliva.

La representante legal de C-Libre señaló que no existió ningún tipo de interés de los entes de justicia en querer investigar el caso de la preriodista de UNETV.

“Al no existir ningún tipo de intención de parte de los órganos de justicia del país, los periodistas van a tener temor y en la mayoría de casos prefieren salir del país, porque no ven otra opción de protección dentro del Estado de Honduras”, agregó.

DPI nunca asumió su responsabilidad de investigar

“Habían mensajes enviados a su teléfono y nosotros lo que solicitamos a la Dirección Policial de Investigaciones,(DPI ),que se investigaran los teléfonos de dónde venían los mensajes y dar con los nombres y las personas que los enviaron, y todas esas peticiones nunca fueron escuchadas y sólo le aconsejaron de que cambiara su número de teléfono, pero su número nuevo fue localizado y siguieron las amenazas”, destacó Oliva.

La defensora de los derechos humanos concluyó que en el caso Leisy Flores no existió ningún interés del Estado en brindarle la protección, por lo que se convirtió en otro caso más de periodistas se van al exilio por informar con la verdad.

Leisy Flores lo único que logró de parte del Mecanismo de Protección fue que “la encerraran en una casa, la sacaron de su trabajo y la apartaron de la labor informativa, además de ponerla como ejemplo para que otros periodistas no hagan lo mismo”, finalizó Oliva.

En un video UNETV relató las amenazas que estaba pasando y las peripecias que Flores debió pasar al huir del país, la joven periodista responsabilizó en el mismo al Estado de Honduras de cualquier cosa que pueda pasarle a ella y a su familia . "Tomé la decisión de salir, me mandaban mensajes de texto y me decían que me iban a matar".

Wilfredo Méndez, Director del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos, CIPRODEH, dijo que tuvieron conocimiento de su caso y que uno de sus abogados se movilizó en una ocación a UNETV por las graves amenazas que estaba pasando la comunicadora social, "es un sacrifico enorme, pero a pesar de que estaba bajo fuego en ningún momento dejó de decir lo que tenía que decir".

Pasó todo el proceso en el Mecanismo y al final ella tomó una decisión 

Una fuente del Mecanismo de Protección manifestó a pasosdeanimalgrande.com que la periodista Leisy Flores pasó todo el proceso en el Mecanismo, desde la entrevista de primer contacto, el análisis de riesgo y la resolución del Comité Técnico sobre las medidas de protección que se le otorgarían, las cuales se deciden con el consenso del o la beneficiaria.

Entre las medidas que se le otorgaron estaba la reubicación temporal en Honduras, “después ella decidió irse del país y eso consta en un documento que ella firmó , pero si regresa el Mecanismo reactivará las medidas si ella así lo desea, por lo que se procedería a reevaluar el caso para la reimplementación, todo pasa por la voluntariedad de la persona beneficiaria de acuerdo a lo que ya establece la Ley de Protección para defensores, defensoras, periodistas, comunicadores sociales y operadores de justicia ”, informó la fuente.

Es lamentable

Uno de sus compañeros de trabajo, Víctor Rodríguez, también reportero del Canal UNETV, indicó que “es lamentable lo que sucede en nuestro país, cuando a una periodista aparte de ser mujer y madretiene que abandonar su tierra hondureña y esto debido a la presión de parte de las fuerzas represoras del Estado en contra de alguien por decir la verdad de lo que sucede en el país”.

Rodríguez señaló que en el caso de la periodista, “llegaron hasta su casa a gasear dentro de la misma, cuando sabemos que las bombas lacrimógenas sólo las usan la Policía y el Ejército y debido a eso,a la persecusión, ella tomó la decisión de salir del país”.

El reportero de UNETV dijo que la violencia contra los periodistas, comunicadores y defensores de los derechos humanos está a la orden del día, por lo cual la vida cada vez es más difícil para estos sectores.

“El gobierno no dice nada ante estos ataques y todos estamos sujetos a eso, por decirle las verdades al régimen y lo que conseguimos al final es que nos asesinen y si no nos asesinan, no nos queda más acción que huir del país, ya que aquí no nos salva nadie”, agregó.

Rodríquez apuntó que igual pasó con su compañera Leisy Flores, quien tuvo que salir del país, poner a salvo su vida y la de su familia, “eso es lamentable, yo anduve con ella en la calle es muy buena profesional, pero al final ella tuvo que partir”.

El Ministerio Público no investigó estas amenazas ni otras muchas que mantienen a periodistas y comunicadores sociales al filo de la muerte. El propio ente estatal, el CONADEH ha señalado que existe una mora de entre el 91 y 94 por ciento para llevar a los responsables ante la justicia lo que genera impunidad. Entretanto el Mecanismo de Protección es una institución muy débil y cuyo fortalecimiento está muy lejos debido a la falta de voluntad política del Estado para hacerlo, y las personas que se acogen al mismo en muchas ocasiones desisten de las medidas porque quienes pasan amenazas tienen solamente la opción de custodia policial-militar, y estos agentes son en su mayoría los generadores de las amenazas.

Una visión estatal sobre lo que pasa a los periodistas 

El informe del 2017 del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos a través de la Unidad de Desplazamiento Forzado Interno (UDFI) en el 2017, señala que los casos registrados de periodistas representaron el 2.2% con respecto a los 688 casos en situación de riesgo o desplazamiento interno, reportados en ese año.

De acuerdo a la UDFI, al menos 15 periodistas o comunicadores sociales habrían sido víctimas de modalidades violatorias como amenazas de muerte, hostigamiento, entre otras. Esta situación ocasionó que cinco personas fueran forzadas a desplazarse de sus lugares de residencia o donde suelen realizar sus actividades laborales, mientras que los peticionarios restantes (10) manifestaron estar realizando las acciones necesarias para salir al interior o exterior del país, en busca de protección.

El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos en su informe de 2017 escribió que “Queda de manifiesto que la violencia contra periodistas y comunicadores sociales continúa siendo una amenaza latente para el ejercicio del derecho a la expresión y a la información, particularmente contra quienes cubren y denuncian problemas sociales, como el crimen organizado, el narcotráfico, violaciones a los derechos humanos y actos corrupción.

El sistema de justicia continua en deuda con el pueblo hondureño ya que nuevamente en el 2016, quedó demostrado que Honduras sigue siendo un país sin justicia para las víctimas ni castigo para los victimarios y que la persistencia de la impunidad en el país genera un sentimiento de impotencia y frustración en el pueblo hondureño, destaca.

Recomendaciones

En su informe del 2017 el CONADEH recomendó: “El Estado hondureño debe brindar protección a los periodistas y comunicadores sociales ocupados en la investigación de casos de corrupción, delincuencia organizada, tráfico de drogas y otros temas que pongan en riesgo su vida, su integridad física y la de su familia.

Se deben intensificar los esfuerzos encaminados a investigar y procesar a los responsables del asesinato, atentados y amenazas contra periodistas, comunicadores sociales y otras personas ligadas a los medios de comunicación.

Se deben tomar las medidas necesarias para proteger la libertad de expresión, información y de opinión como pilares de la democracia hondureña.

Es urgente fortalecer los mecanismos de investigación que permitan reducir el indice de impunidad en la muerte de personas ligadas a los medios de comunicación ya que en la actualidad alcanza el 95% de total de casos registrados desde el 2001, añade el informe.

Del seguimiento del CONADEH y de la cobertura periodística, en los distintos medios de comunicación, se constató que, de las 75 personas ligadas a los medios de comunicación que han perdido la vida en circunstancias violentas, desde el año 2001, el 92% se encuentra en la impunidad”, concluye.

Vea Video difundido por UNETV sobre el caso Leisy Flores Aquí