Los comunicadores dicen sentirse frustrados ante la falta de empleo en esta zona, no hay fuentes de trabajo, los medios de comunicación existentes se cuentan con los dedos de la mano, ejercer el periodismo en esta zona y vivir bien significa estar acomodado a las autoridades de turno a quienes no se les puede criticar en ningún aspecto.

El desobedecer esa norma que no está escrita pero que se da de hecho, trae como consecuencia el castigo del retiro de la publicidad oficial, la discriminación y marginamiento. Algunos funcionarios locales optan por tener “su propia prensa tarifada”

La situación anterior obliga a los comunicadores sociales a cerrar sus espacios porque quedan asfixiados económicamente.

Con respecto a la agenda informativa, hay temas tabú, como las denuncias que la población hace contra la policía acusa a las personas sin tener pruebas, pero cuando la gente va a los medios de comunicación y divulga este extremo, “a veces las personas se retractan y amenazan al comunicador a través de mensajes para que no pase la información y la borre de los videos ya que temen por sus vidas”, según lo denunciaron a pasosdeanimalgrande.com

De acuerdo a la versión de comunicadores sociales que pidieron la reserva de la fuente por el temor a las represalias, si denuncian algún caso donde esté involucrado algún policía, “éstos planifican la siembra de pruebas en contra de nosotros para incriminarnos en delitos, asimismo hay hostigamiento y acoso, obstaculizando nuestro trabajo y violentando el derecho a la libertad de expresión e información”.

Por otro lado denunciaron que diputados de este departamento no les brindan entrevistas cuando no son de su afiliación política, entonces la alternativa que han encontrado es hacer periodismo rural en zonas aledañas para conocer la problemática en estos sectores y darla a conocer a través de sus programas, pero hay una limitación de la agenda informativa y la falta de rendición de cuentas de los funcionarios.

Otro de los obstáculos con los que deben lidiar son los procesos penales o amenazas de querellas por difamación y calumnia, lo cual es utilizado para detener la crítica a la gestión pública, en muchos de los casos cuando se concreta, causa temor y provoca la autocensura.