La condena de Borjas se deriva de una querella que interpuso en su contra el empresario Camilo Atala, en la cual el magistrado Argueta la declaró culpable, el pasado 29 de enero.

Diversas organizaciones sociales agrupadas en la Coalición contra la Impunidad, el Comité por la Libre Expresión y la Red Nacional de Defensores de Derechos Humanos, se han manifestado en desacuerdo con el fallo y opinan que fue una resolución política, alejada de los parámetros jurisprudenciales y doctrinarios del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

A Borjas solo le queda por agotar el recurso de casación, el último que le permite el sistema de justicia hondureño, sin embargo, ese documento caerá en manos del juez que condenó.

La casación tendrá que resolverla la misma Corte Suprema de Justicia, que es presidida por Argueta, el juez que la condenó. Y eso podría restarle las posibilidades de un fallo a su favor.

Borjas, es Comisionada en retiro de la Policía Nacional y ex directora de la Unidad de asuntos Internos, fue separada de esa instancia por haber investigado a varios miembros de la cúpula policial y al ex Ministro de Seguridad, Oscar Álvarez, supuestamente involucrados en diversos crímenes.

En diciembre del 2002 presentó un informe con la documentación de 32 asesinatos de jóvenes donde resultaban involucrados policías y funcionarios de la Secretaría de Seguridad.

María Luisa fue la responsable en sus funciones como policía del desmantelamiento de una banda de narcotraficantes que dirigía el coronel Wilfredo Leva Cabrera, en Tocoa, Colón, y una banda de asaltantes de rastras que comandaba el también coronel del ejército Emilio David Rodríguez Alvarado, en Choluteca.

A su salida de la Policía Nacional María Luisa se enroló con los partidos políticos de oposición y en las elecciones del 2005 acompañó al doctor Juan Almendrares Bonilla en la fórmula presidencial, por el entonces izquierdista, Partido Unificación Democrática.  

Hoy ella es diputada del Congreso Nacional, en representación del Partido Libertad y Refundación, LIBRE pero desde el momento en que abandonó la policía no han cesado las amenazas en su contra.

En abril del 2016, ella se presentó al Ministerio Público para denunciar amenazas de muerte que estaba recibiendo ella y su familia, y en mayo de ese mismo año, denunció persecución en su contra ante el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, (CONADEH).

Pero en años atrás ella también ha denunciado en reiteradas veces intimidaciones a través de llamadas a su celular, el Estado de Honduras nunca ha investigado esas amenazas ni castigado a los responsables.

Borjas es la segunda diputada del partido LIBRE querellada, anteriormente lo fue el parlamentario Jorge Cálix, a quien Billy Joya, un miembro del Escuadrón de la Muerte 3-16 en los ochenta y enrolado ahora como asesor en seguridad de instituciones del Estado y funcionarios, lo querelló el pasado 24 de septiembre de 2018 por recordarle su participación en escuadrones de la muerte. La querella fue declarada inadmisible el 01 de noviembre del año pasado por el Juez Abilio Serrano que no encontró méritos para darle curso.