Jairo López libró su enésimo juicio desde el año 2015, cuando se le impulsó una querella por difamación y calumnia por denunciar pegues ilegales de agua. Otro el 27 de enero de 2019 desde el Ministerio Público cuando cubría una manifestación de la población del Sur del país, contra el mandatario Juan Orlando Hernández, en protesta porque se cumplía un año se su asunción ilegal del poder debido a denuncias de fraude electoral aceptadas incluso por una misión de la OEA. En esa fecha fue acusado inicialmente de portación de explosivos, de armas y de atentado, pero al final la fiscalía en la madrugada del 28 de enero de 2019 echó para atrás la acusación, manifestando que no había encontrado puebas sustentables para la acusación.
La Policía siempre presente en las acciones contra el comunicador
La Audiencia Inicial del juicio se realizó en el Juzgado de Letras Seccional de San Lorenzo, Valle, desde muy temprano de la mañana de este lunes 13 de mayo y culminó con la resolución pasadas las cuatro de la tarde.
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Varios policías estuvieron en las afueras del Juzgado de San Lorenzo en la audiencia |
El tribunal estuvo rodeado de agentes de la Policía Preventiva durante toda la audiencia, mientras afuera decenas de pobladores , pertencientes a los "Marchistas" de Choluteca, demandaban justicia para el afectado.
Cabe recordar que la ASOPODEHU a través de su área legal recusó al juez Ismael Enrique González Alcántara, desde el 29 de noviembre de 2018, porque fue el apoderado legal de Alejandro Aguilar, dueño de MetroTV, que le impusló una querella en el 2015 por haber denunciado pegues ilegales de agua. Esta querella fue cerrada por una acción estratégica del Área Legal de ASOPODEHU por medio de la abogada Karla Escalante a través de la figura del Desistimiento Tácito, contemplada en el Código Procesal Penal hondureño.
Estado de Honduras sigue en deuda con el Periodista Jairo López
La intensa persecución de que ha sido víctima López desde el año 2015 le ha dejado consecuencias profundas en su integridad física y la de su familia. El cierre de su programa el Informador y la imposibilidad de que pueda tenerlo al aire es otro de los impactos que lo tienen desarticulado del periodismo y en desempleo de la profesión. La alternativa de difusión han sido las redes sociales.
La Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos, ASOPODEHU, le ha acompañado en este transitar espinoso, en búsqueda de justicia y castigo a quienes le han impulsado diversas acciones de persecución por el ejercicio de la profesión.
Aunque el periodista junto a la ASOPODEHU ha presentado un sinnúmero de denuncias ante la Fiscalía del Ministerio Público; la Dirección de Investigación Policial, DPI, El Comisionado Nacional de Derechos Humanos, CONADEH y la Fiscalía de Protección de Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadpores de Justicia, que tiene la responsabilidad de investigar todas las arbitrariedades contra él, no hay una tan sola acción de enjuiciamiento a los responsables.
La Juez Gledys Edith Méndez le entregó este 13 de mayo la carta de libertad definitiva por el delito de daños que la EEH impulsó y que contó con todo el aparato estatal para obstruir el ejercicio de la profesión del comunicador social.
Esta es la carta de libertad definitiva:
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