Al menos 20 comunicadores sociales y periodistas han sido objeto de desplazamiento forzado en Honduras, lo que ha convertido el periodismo en una labor de alto riesgo, según un informe del Comisionado Nacional de Derechos Humanos, CONADEH, publicado en marzo anterior.

 

Así le ha pasado a Carlos Leonel George, corresponsal de Radio Progreso y miembro de la junta directiva de la Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán (COPA), quien ha sufrido  persecución por cubrir información sobre Guapinol.

 

En febrero de este año estuvo en prisión acusado junto a 10 defensores y una defensora de Guapinol, por el Ministerio Público de asociación ilícita, incendio agravado y robo, delitos  que la Fiscalía no pudo probarles en un Tribunal con Jurisdicción Nacional y después de seis días de encarcelamiento les dictó sobreseimiento definitivo.

 

Sin embargo aún está en la cuerda floja porque la fiscalía apeló y normalmente cuando se trata de criminalizar la labor de defensores, la petición del Ministerio Público de continuar con juicios para detener acciones de defensa de los derechos fundamentales,  las cortes de apelaciones en la mayoría de los casos resuelven dándole el sí a este ente acusador.

 

Campañas de desprestigio

 

El 23 de  junio pasado el nombre de George  apareció en la página de Facebook Chambres de Lavadero, la cual a menudo publica informaciones que atacan a las personas que defienden los derechos humanos o contra la oposición política, allí  se acusó al comunicador de liderar un grupo armado que supuestamente atacó a la Policía Militar.

 

Allí se difundió un vídeo en donde se refleja una disputa armada entre miembros de la Policía y personas no identificadas  y se dijo que George jefeaba esa acción con armas de grueso calibre.

 

Para el afectado él ha tenido persecución por estar cubriendo constantemente el conflicto de Guapinol, esto supone ha sido algo selectivo porque contra los demás comunicadores no ha sido algo tan constante.

 

Unos nueve periodistas que han informado sobre este tena,  denunciaron en noviembre de 2018 ante la Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos, ASOPODEHU, que la policía y el ejército les lanzó bombas lacrimógenas contra sus cuerpos cuando cubrían un desalojo violento contra la comunidad de Guapinol.

 

También informaron que son objeto de amenazas por no maquillar las acciones de contaminación que realiza la empresa minera Inversiones Los Pinares, por la cual se ha generado el conflicto en la zona.

 

Denuncia engavetada

 

Aunque Leonel George presentó la denuncia ante el Ministerio Público, dijo que “hay muchas dudas porque la fiscalía  hasta ahora se ha mostrado muy deficiente con casos que tenga que ver con amenazas y denuncias que vengan de comunidades, el deseo es que hubiera una investigación pero no creo que se pueda hacer algo”.

 

El comunicador social espera y aguarda para que la Fiscalía de Protección por fin empiece a investigar las campañas de desprestigio, amenazas y persecución en su contra.

 

Paradójicamente esta fiscalía pertenece a  la misma institución que apeló el sobreseimiento definitivo a  favor de George que lo dejaba libre definitivamente de las acusaciones donde otras 31 personas están en el expediente, siete de ellas ya guardan prisión por incendio agravado, retención injusta de la libertad contra el jefe de seguridad de la empresa minera  y daños,  en la cárcel de máxima seguridad La Tolva, una prisión que fue creada para mantener presos a miembros del crimen organizado y el narcotráfico pero que es usada contra defensores de derechos humanos y opositores políticos. 

 

Allí el sol es un sueño, el agua una ilusión   porque apenas pueden tomar unas gotas al día, pero  las torturas sicológicas de que serán muertos,  sí son una realidad.

 

Fiscalía que no cumple su rol

 

Investigar las amenazas contra el comunicador social antes mencionado es la responsabilidad de la Fiscalía de Protección, un ente que surgió producto de la puesta en vigencia de la Ley de Protección para personas defensoras de derechos humanos, periodistas, comunicadores sociales y operadores de justicia, pero esta fiscalía se preocupa más por ir a la par de la criminalización que hace el Ministerio Público contra los beneficiarios de la Ley que en cumplir con sus obligaciones, de allí que la duda de George de que no espera mucho,  es muy razonable.

 

Varios expedientes de amenazas contra periodistas y comunicadores sociales han sido cerrados por esta fiscalía, pareciera que solamente fue creada para hacer parecer que el Estado hondureño cumple en proteger a lis beneficiarios de la Ley de Protección, la realidad es otra, la impunidad de las acciones contra estos sectores mantiene activadas las amenazas.