El IAIP tiene el portal https://sielho.iaip.gob.hn, donde cualquier persona que quiera investigar información de las instituciones del Estado obligadas por la Ley de Acceso a la Información Pública, deben brindar dicha información de acuerdo al término establecido en tal ordenamiento jurídico.

Sin embargo la ASOPODEHU consultó a unos 52 periodistas de los departamentos de Comayagua, Copán y Santa Bárbara sobre su conocimiento en relación a la existencia de  esta herramienta para solicitar información. La mayoría no sabían de la misma.

De los 52 periodistas solo dos hicieron uso del portal y con mucho temor, los demás manifestaron que “ni locos” daban sus datos personales porque después iban a ser perseguidos, les conocerían su ubicación e incluso podían correr riesgo de muerte.

En porcentajes quiere decir que solo el 3.84 por ciento hicieron uso del portal y con muchas dudas y el otro 96.16 por ciento se abstuvieron de hacerlo por el temor que les resulta colocar su número de identidad para la solicitud de información en ese portal.

La ASOPODEHU recogió esta información entre los meses de agosto y septiembre durante capacitaciones brindadas a periodistas en el marco del fortalecimiento de los conocimientos en leyes que afiancen la lucha por el derecho a la libertad de expresión e información.

Honduras es considerado uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo y en Copán y Santa Rosa de Copán se ha incrementado la violencia contra los comunicadores sociales.

El 24 de agosto pasado fue acribillado a balazos el comunicador Edgar Joel Aguilar cuando se encontraba en una barbería hasta donde llegaron desconocidos que le dispararon en su rostro, muriendo al instante. El cubría la noticia policial y había resgistrado varios atentados que no fueron investigados por la policía a pesar que informó de los hechos a las autoridades.

Mientras en El Llano del Conejo, en Santa Bárbara, el  comunicador social Miguel Ángel Tróchez denunció que su vehículo había sido quemado supuestamente por extorsionadores que le solicitaban cinco mil dólares que no pudo pagar.

Ambos hechos no han sido investigados por las autoridades ni se ha aplicado una sanción ejemplar para los responsables. Igual se encuentran otros 79 crímenes contra periodistas, apenas siete personas han sido enjuiciadas, pero solamente son los “gatilleros”, pero no se ha hecho una investigación a profundidad, ni tampoco hay líneas de investigación que indaguen si los asesinatos estaban relacionados con el ejercicio de la profesión de los occisos.

Entretanto en Comayagua el acceso a la información es un problema grave, el solo hecho de preguntar por un tema controversial y que es obligatorio para los funcionarios como es el  responder como manejan los recursos públicos,  se convierte en una amenaza fuerte para el  o la periodista que lo haga.

Sumado a ello cada vez que hay manifestaciones de la población y que son reprimidas por la policía, si son cubiertas por los comunicadores sociales, deben atenerse a las consecuencias, pues son atacados por los cuerpos represivos del Estado.

En Honduras existe un Sistema de Protección que está encargado de la seguridad de los periodistas, comunicadores sociales, personas defensores de derechos humanos y operadores de justicia.

No obstante el mismo es débil y los beneficiarios de la Ley tienen desconfianza en usarlo, algunos se retiran por falta de cumplimiento de las medidas y otros han sido rechazados porque esa instancia argumenta que no reúnen los requisitos que esa legislación ya establece.