La Alianza Américas realizó este 30 de octubre de 2019,  un seminario virtual “A dos años de impunidad”, con tres defensores de Honduras Joaquín Mejía, Carlos Paz y Merlin Bonilla, para conocer la situación que se vive a partir del fraude electoral en 2017, en la cual se contextualizó un nuevo Código Penal y las violaciones de los derechos humanos durante las protestas.

Con la finalidad de dar forma e influir en políticas sociales, políticas y económicas que sean justas y alcanzables la Alianza Américas crea, implementa y respalda soluciones integrales que toman gran precaución para proteger el bienestar y la dignidad de todas las personas en todo el continente americano.

La defensa de los derechos humanos en las protestas postelectoral

Carlos Paz, director de la Pastoral Social Caritas manifestó “salimos a las calles a documentar las violaciones de derechos de las tres fuerzas legendarias del Estado a los manifestantes en donde si no actúa la Policía Nacional o la Policía Militar son las maras y pandillas”.

Eso en el caso de los ciudadanos de las zonas urbanas del país a quienes se les arresta y se llevan a los postas policiales, en ocasiones se restringe la información a los defensores de derechos humanos que llegan averiguar por los detenidos.

En las zonas étnicas hay patrones de ataques

Entre los patrones de ataques a los defensores de los territorios  están:

1_ Creación de un enemigo, se suele estigmatizar principalmente en los casos de concesiones a los pobladores no aceptan los la instalación de industrias extractivistas señalando que obstaculizan el desarrollo del país .

2_ Amenazas, hostigamiento y ataques en contra de las personas que se oponen y generalmente se actúa a través de represión policial, militar y guardias de seguridad de las empresas.

3_ El uso indebido del derecho Penal que sanciona a los defensores omitiendo sus derechos contemplados en tratados internacionales y la Constitución de la República de Honduras, que les faculta a proteger sus bienes y recursos.

La institucionalidad en el proceso judicial

El sistema institucional democrático de Honduras desde el 2017 ha mostrado un decaimiento en la confianza de los ciudadanos en las instituciones gubernamentales de justicia, que han apoyado con la mayor inversión en militares, superando a muchos países en alrededor de más de 350 millones de dólares y el uso indebido de códigos y reglamentos para beneficiar los actos de corrupción.

Joaquín Mejía, experto en Derecho Internacional y miembro del ERIC expresó que “Honduras no puede ser certificado como un país que lucha contra el narcotráfico luego que se demostró con evidencias en el caso de Tony Hernández, los vínculos que había entre el jefe de Estado, altos mandos de la jerarquía militar y Policía Nacional con el crimen organizado”.

Agregó que hay financiamiento internacional para el sistema de justicia, pero con ello se apoya a instituciones que están confabuladas con el crimen organizado y los corruptos, por lo que se está despilfarrando el dinero.

Proceso de criminalización a la sociedad

Luego que el Tribunal Supremo Electoral,(TSE), declarará ganador de las elecciones a Juan Orlando Hernández, la población se mantuvo en manifestaciones por varios días en descontento por irregularidades durante el proceso del conteo de votos.

Jhony Andrés Salgado, un ciudadano que fue capturado por la policía y estuvo preso más de cuatro meses , con pruebas falseadas por el Ministerio Público y la policía de investigación, en un proceso penal que inició en el 2017 y que se abrirá a juicio oral y público el 13 de noviembre del presenta año. Su abogado dijo temer por el resultado del caso, desconfiando de de una jueza que forma parte del Tribunal de Sentencia que ha sido defensoras de los policías de El Progreso, Yoro, y su esposo trabaja en el Poder Judicial.

Cómo fue su captura

Salgado relató que el 21 de diciembre del 2017 estaba en el patio de su casa con la mi esposa e hijos cuando se percató que estaban reprimiendo en la zona. “La policía entró a la propiedad y me capturaron, me llevaron donde está un puente, esperaron un momento y luego se movieron a la posta policial, pero antes fueron a poner bombas lacrimógenas a la puerta de la casa para que quienes estaban adentro fueran afectados.”.

Le acusaron de portar un una escopeta larga, pero él aduce que no sabe disparar, “me hicieron firmar un documento yo les dije que no sé leer ni escribir, aun así, tuve que poner un nombre y apellido. Tengo miedo que cuando termine el juicio me asesinen”.

El abogado Merlin Bonilla añadió que durante las manifestaciones la policía capturaba ciudadanos al azar haciendo uso desproporcionado de la fuerza y las armas, mientras se militarizaba el país para tratar de opacar rechazo de la población.

Pidió que las diversas organizaciones hicieran una difusión masiva del caso para que todo mundo sepa que se está cometiendo una injusticia contra Salgado.