Aguilar ha sido víctima de reiterados ataques de los cuerpos represivos de la seguridad del Estado en sus coberturas desde el golpe de Estado en Honduras; en las elecciones de 2017 de todos los acontecimientos posteriores por denuncias de fraude electoral contra el presidente Juan Orlando Hernández donde la ciudadanía protestó en las calles y fue reprimida provocando más de 30 crímenes contra manifestantes, detenciones ilegales, torturas y otros tratos crueles humanos y degradantes. En ese contexto  policías le lanzaron en varias ocasiones bombas lacrimógenas contra su cuerpo al extremo que el 20 de enero de 2018 el impacto de una bomba de gas lacrimógeno le provocó una fractura en su pierna derecha, lo que evidencia que ya está en la mira.

Detención y abusos

El periodista denunció ante la Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos, ASOPODEHU, que estaba detenido, que el policía Lagos le amenazó con su arma y junto al agente López pretendieron arrebatarle su cámara.

La ASOPODEHU informó a la Ministra de Derechos Humanos Karla Cueva, al Director del Mecanismo de Protección, Danilo Morales y al abogado Ricardo López del Comisionado Nacional de Derechos Humanos, CONADEH, sobre esta arbitrariedad y el comunicador fue puesto en libertad a eso de las 11 y 30 de la mañana, permaneciendo en condición de detenido por casi dos horas en Tránsito.

La propia ministra Cueva habló con uno de los policías responsables de estos actos ilegales y después los agentes le dijeron que no los fuera a denunciar que los disculpara. Es una práctica esto de las disculpas, así lo han hecho otros agentes en varios puntos del país y no han sido castigados por la Ley tal como debería ser.

En los últimos días la presión contra la prensa va en incremento funcionarios públicos y la Policía Nacional y la Policía Militar del Orden Público, PMOP, han protagonizado varios actos lesivos a la libertad de expresión, libertad de prensa y el ejercicio del periodismo, lo que dispara las alertas d que la violencia puede degenerar en una tragedia si continúan los abusos y las autoridades no toman los correctivos para la no repetición castigando a los responsables.