Según algunas voces este hecho violento podría tratarse de una estrategia para desviar la atención de un mal manejo de la pandemia y de los recursos públicos, así como la violencia que se usa para contener a la población que utiliza las protestas pacíficas para demandar derechos, y tal aseveración se basa en que los comunicadores asesinados eran muy queridos en el sector.

Honduras es uno de los países que se caracteriza por no investigar los ataques a periodistas. Los asesinatos, amenazas, vigilancia y otras formas de violencia. Reporteros sin Fronteras en su informe de Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2020, colocó a esta nación en el lugar 146.

Sicarios en motocicleta

En informaciones preliminares sobre el crimen de Vallecillo y Posas se destacaba por medios locales de La Ceiba y cadenas informativas nacionales, las víctimas iban a celebrar el cumpleaños del primero.

En el momento en que ocurre el crimen se da en un contexto de muchas muertes por Covid19 y otras miles de personas afectadas, cuestionamiento al manejo de los fondos públicos y el colapso del sistema sanitario del país.

Hasta ahora no se ha informado sobre las noticias que estaba cubriendo el comunicador Vallecillo, lo cual debe ser una de las investigaciones exhaustivas del Ministerio Público y la policía de Investigación.

Honduras tiene compromisos internacionales en relación a estos hechos violentos contra la prensa, entre ellos los asumidos ante el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, en el Examen Periódico Universal, EPU de 2010 y 2015 donde este organismo ha recomendado acciones específicas que ataquen la impunidad contra crímenes y amenazas contra las personas que ejercen el periodismo.

En las recomendaciones también se ha incluido la seguridad para los periodistas y de allí que producto de la presión nacional e internacional, se aprobó la Ley de Protección para Periodistas Comunicadores Sociales Defensores de Derechos Humanos y Operadores de Justicia.

Bajo esta Ley se creó el Mecanismo Nacional de Protección, encargado de atender las amenazas contra los sectores beneficiarios.

De acuerdo a información proporcionada por el Director del Mecanismo de Protección, Danilo Morales, sobre si las víctimas habían buscado protección manifestó que no.

Mientras familiares de German Vallecillo señalaron que éste ya había recibido amenazas, igual denuncia la realizó por medios de comunicación Dagoberto Rodríguez, presidente del Colegio de Periodistas de Honduras, quien punteó que ya más unos siete periodistas asesinados en La Ceiba desde el año 2009.

Reacciones sobre el crimen 

Edison Lanza, Relator Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, el Colegio de Periodistas de Honduras y reproteros Sin Fronteras, RSF, condenaron el crimen y coincidieron en demandar una pronta investigación sobre este nuevo hecho violento.

En marzo de 2014, Pen International, Pen Canadá y la Universidad de Toronto, presentaron ante la Comisión Interamericana de Derecho Humanos, CIDH, el informe “Honduras: Periodismo a la Sombra de la Impunidad”, donde se hizo una investigación de la violencia contra los periodistas en el país.

En ese momento conducía la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, Catalina Botero, quien ofreció todo el apoyo al Ministerio Público de Honduras para que se crearan protocolos especiales para investigar los crímenes contra periodistas, pero ese ofrecimiento no fue atendido y cuando se producen muertes de comunicadores sociales no hay una línea investigativa que contemple la vinculación de la misma con el trabajo del periodista en momentos de su muerte.

También con la Ley de Protección se creó la Fiscalía de Protección a los grupos beneficiarios de este ordenamiento jurídico, pero no ha tenido resultados exitosos en lo que se refiere a investigar las amenazas puesto que su titular ha señalado que no se investigan las muertes del sector de la prensa.

La Unidad de Comunicaciones (CONADEH) registra que solo en los últimos cuatro años, gobernados por Juan Orlando Hernández, en este país centroamericano, auto determinado democrático y donde los empresarios y funcionarios gubernamentales dicen vivir en paz, 32 periodistas y comunicadores sociales fueron acribillados. Esa cifra representa el 43% del total de asesinatos contra periodistas ocurridos en 16 años. Es decir, en cuatro periodos gubernamentales, señaló una investigación de pasosdeanimalgrande.com en febrero de 2018.

Lea la investigación de pasosdeanimalgrande.com sobre crímenes contra periodistas Aquí