El asesinato contra el comunicador social ocurrió el 27 de septiembre de 2020, cuando desconocidos  le dispararon y murió el 28 de ese mismo mes  en un Hospital.

Desde esa fecha  la incertidumbre y la falta de castigo contra los responsables incrementó el miedo debido a la impunidad y la falta de respuesta del Estado de Honduras.

La periodista Alexandra Flores, integrante de la Red de Periodistas de Comayagua expresó que cuando solicitan información al Ministerio Público u otras instituciones encargadas sobre los resultados de las investigaciones de dicho crimen, se llaman al silencio.

Algunos sectores han señalado que se trata de un crimen político, debido a que  era amenazado por políticos del Partido Nacional, del Partido Liberal y empresarios.

“No tenemos claro de dónde pudo haber venido esa agresión, hacemos las preguntas pero nadie nos contesta, a partir de la muerte de Luís ya no se denuncia abiertamente sobre situaciones que suceden en la ciudad, nos autocensuramos para protegernos , nos hemos vuelto tan cautelosos que estamos haciendo un periodismo más superficial”, denunció.

Habían amenazas verbales y una  situación de agresión en la zona,  entre lo que se puede mencionar que un empresario amenazaba con quitar una pauta o un político llamaba al dueño del medio porque estaba en contra de la política electoral, “entonces se creen intocables”.

El ambiente ha sido hostil, es como una guerra fría contra las personas que hacemos periodismo. Tenemos que cuidarnos unos a otros, y dentro del medio hay personas infiltradas y hay que cuidarse.

Afortunadamente la delegada del CONADEH hace su trabajo y sentimos confianza en su labor, pero en las demás instituciones no tenemos confianza, dijo Flores.

En el año 2014, también en el departamento de ,  fue asesinado Reynaldo Paz Mayes, periodista y director del canal RPM TV Canal 28, quien en su programa a menudo abordaba temas como la impunidad y se reconocía como opositor al gobierno de turno del Partido Nacional.

Desde el 2010 hasta el 27 de enero del 2014, en el periodo de gobierno de Porfirio Lobo Sosa, fueron asesinados 34 periodistas y de esa fecha al 20 de enero del 2021, durante el doble periodo de Juan Orlando Hernández, más de 40 documentados por los medios de comunicación y organizaciones de derechos humanos.

Limitantes del sistema a la libertad de expresión

Edgar Soriano, licenciado en sociología,  explicó que Honduras  carece de una institucionalidad responsable para proteger los derechos elementales de la ciudadanía, y ante eso las personas que ejercen la  labor periodística se autocensuran y no se expresan ante hechos que ocurren a diario, lo cual violenta  la libertad de expresión que es un derecho constitucional.

Soriano agregó que en la última década hay una descomposición de la poca y raquítica institucionalidad que ha tenido el país históricamente,  dejando como secuela la muerte o el asesinato de una gran cantidad de comunicadores sociales y activistas sociopolíticos que han alzado su voz contra las políticas del modelo económico neoliberal impuesto en Honduras.

Según el sociólogo se trata de una estratagema jurídica política impulsada por un largo gobierno de tres períodos consecutivos que inició  en el Congreso Nacional para beneficiar a ciertos grupos corporativos que pueena participar en las grandes decisiones, que conjugada a la violencia en estructuras de poder político dejan fuertes limitaciones para que el país avance en el proceso de democratización que significaría el respeto de las libertades y la protección de los territorios.

Asimismo agregó que las censuras internas dentro de las estructuras mediáticas se alinean a intereses corporativos y de poder. También hay algunas personas que ejercen el periodismo que se limitan por  el miedo ante las estructuras criminales que están muy ensanchadas en las decisiones de la élite política y empresarial del país, perjudicando mucho la labor del periodista,  comunicadores sociales y activistas, para poder expresarse libremente sin ningún riesgo.

La Constitución de la Republica de Honduras en su artículo 72 garantiza la libertad de pensamiento, ideas y opiniones, sin previa censura y serán responsables los que violenten, restrinjan o impidan su goce de manera directa o indirecta, pero eso se ha quedado en papel porque no se respeta ni se castiga a quienes lo infringen.