Emmanuel Colombié, Director para América Latina de Reporteros sin Fronteras, RSF, señaló que "Recordar la memoria de los periodistas que han sido asesinados es evidenciar que estos periodistas perdieron la vida porque se enfrentaron a un poder político o de delincuentes , “es poca cosa pero nos parece fundamental recordar estas fechas simbólicas , solidarizarnos con los familiares, y es importante que la justicia de Honduras retome esos casos e identifique no solo los autores materiales sino de los intelectuales".
En este audio Colombié hace una serie de valoraciones sobre los crímenes y la responsabilidad estatal:
Investigación sobre Mecanismos de Protección en Brasil, México, Colombia y Honduras
RSF consultará a los periodistas y defensores de derechos humanos beneficiarios de estos programas, a sus gestores y a las organizaciones de la sociedad civil activas en el campo de la libertad de expresión que sigan de cerca las políticas públicas de cada uno de estos países. Una de las líneas de la investigación se centrará específicamente en los asuntos relacionados con la protección a las mujeres comunicadoras.
La campaña de RSF "#Obligación de Proteger", destaca los crímenes contra periodistas en Honduras y la impunidad de éstos
En la investigación sobre Honduras, RSF señalo que el asesinato de German Gerardo Vallecillo y el camarógrafo Jorge Posas, periodistas de 45TV, en La Ceiba, departamento de Atlántida, el 01 de julio del 2020, la policía arrestó a cinco sospechosos, pero solo uno permanece detenido, ya que fue identificado como responsable y es vinculado a grupos criminales, siin embargo, el caso aún no ha sido juzgado y no hay una investigación en curso.
Tampoco hay información sobre las investigaciones del asesinato el 03 de julio de 2015, del periodista Joel Aquiles Torres, propietario del Canal 67 y accionista de una compañía de televisión por cable en Taulabé, Comayagua, zona Central de Honduras , nadie ha sido considerado responsable y solo la motocicleta usada por los homicidas fue encontrada abandonada, señaló RSF.
Juan Carlos Cruz Andara, fue asesinado a puñaladas en su casa, en la ciudad de Puerto Cortés, al Norte del país, el 23 de junio de 2015, era reportero del canal de televisión Teleport y defensor de los derechos de la comunidad LGBTQI+.
El 25 de junio del 2015 también asesinaron al periodista Jacobo Montoya Ramírez, reportero de radio y televisión en Copán, Ruinas. Los sicarios dispararon desde la puerta de entrada de su hogar y lo persiguieron hasta dentro para matarlo, en ambos casos no hay justicia para las víctimas.
Otro crimen al que se refiere RSF es el de Aníbal Barrow, presentador de GloboTV, secuestrado el 24 de junio de 2013 cerca de San Pedro Sula, departamento de Cortés. Su cuerpo fue descubierto al interior de una laguna el 09 de julio de ese mismo año , después de 15 días de búsqueda. Dos años después, se sentenció a integrantes de una banda criminal de la zona que habrían recibido 400 mil lempiras de un personaje “poderoso” por matar al periodista. Ocho años han pasado y los autores intelectuales del crimen no fueran identificados.
Asimismo RSF recalcó que Honduras es uno de los países más mortíferos y por eso es importante que se hagan esfuerzos para fortalecer el Mecanismo de Protección para que proteja a los periodistas.
La Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos, ASOPODEHU, registra una lista actualizada de 86 asesinatos de periodistas desde el 2001, y el Observatorio de la Violencia del El Instituto Universitario Democracia, Paz y Seguridad (IUDPAS), de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras UNAH, contabiliza 90.
En el año 2017 Devis Leonel Rivera Maradiaga, líder de la banda criminal denominada “Los Cachiros”, ligada a narcotráfico y delitos relacionados con la corrupción, en complicidad de políticos, confesó una lista de 78 asesinatos que inició desde el 2003, en ella consta el nombre del periodista Aníbal Barrow.
En Honduras, la situación de la libertad de expresión y ejercicio periodístico es debilitado. Los asesinatos fueron descalificados por discursos de funcionarios En el 2010 el viceministro de Seguridad aseguró que de 10 muertes ocurridos ese año, ninguna estaba vinculado al trabajo que realizaban.
Una de las recomendaciones de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, es que se adopte un discurso público que contribuya a prevenir la violencia contra periodistas y que no los exponga a un mayor riesgo, así como reconocer de manera constante, clara, pública y firme la legitimidad y el valor de la labor, aun cuando la información difundida pueda resultar crítica, inconveniente e inoportuna para los intereses del gobierno.
