“Que en ningún momento el derecho de libertad de expresión signifique enviar a un periodista a la prisión por delitos contra el honor", manifestó el congresista al momento de presentar el proyecto de ley.
El Título III del Código Penal hondureño establece que la calumnia, la difamación y la injuria son delitos contra el honor. Estas restricciones violentan la libertad de expresión de la ciudadanía y la prensa en general.
Vea propuesta:
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La iniciativa diputadil fue presentada el 03 de mayo anterior, Día Mundial de la Libertad de Prensa, y la expectativa es que el Congreso Nacional la apruebe en las próximas horas, previo al 25 de Mayo que es cuando en Honduras se celebra el Día del Periodista.
Luego de conocer el proyecto de ley del diputado del Partido Libertad y Refundación (LIBRE) el Colegio de Periodistas de Honduras (CPH), respondió: “con mucha satisfacción recibimos la iniciativa del diputado Darío Morán, encaminada a despenalizar los delitos contra el honor para que sean ventilados en la instancia civil”.
El CPH añadió: “pedimos al Congreso Nacional dar trámite a esta reforma en favor de los periodistas hondureños”.
La tipificación de los delitos calumnia, difamación e injuria, está establecida en Código Penal de los artículos 155 al 169, contraviniendo leyes nacionales y tratados internacionales, como la Constitución de la República de Honduras, la Ley de Emisión del Pensamiento, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, entre otros.
La Declaración de Principios de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), reafirma la necesidad que existe en el hemisferio de asegurar el respeto y la plena vigencia de las libertades y los derechos fundamentales de las personas. Según este organismo internacional, la democracia y el desarrollo de los pueblos dependen del aseguramiento de una verdadera libertad de expresión.
“La libertad de expresión no es una concesión de los Estados, sino un derecho fundamental”, que necesita protegerse, relata la Declaración, que más abajo, en el artículo 13, inciso segundo, continúa diciendo: “Toda persona tiene el derecho a buscar, recibir y difundir información y opiniones libremente”, puntualiza.
De 180 países evaluados por Reporteros sin Fronteras (RSF), Honduras ocupa la posición número 165 de libertad de prensa y está entre las cuatro naciones en situación muy grave.
Honduras está entre los países de América más peligrosos para ejercer el Periodismo y que la compra de los grandes medios por parte de inversores internacionales, y de los pequeños medios, por parte de la clase política local, entorpece el pluralismo.
Más de 90 periodistas hondureños han sido asesinados en Honduras y el 93 por ciento de los casos está en la impunidad.
Demandas incumplidas
Desde hace varios años la sociedad civil hondureña demanda del Poder Legislativo despenalizar los delitos contra el honor y los políticos se han pronunciado en favor de la exigencia, pero siguen sin concretar la promesa.
Las organizaciones ciudadanas consideran que la sanción penal de los delitos contra el honor intimida y disuade a la prensa y población en genera en el goce de su derecho a la libertad de opinión.
En esta oportunidad el proyectista sostuvo “es importante el tema de libertad de prensa y de expresión es vital y trascendental para una sociedad democrática, empoderada, libre e informada; por eso presentaré un proyecto para despenalizar los delitos contra el honor”.
Agregó que algunos periodistas han sido víctimas de la penalización, como el de David Romero. Sostuvo que la penalización vigente equivale a una restricción y censura, hay que trasladar los casos al ámbito civil “porque sí se deben regular los excesos, pero no mandar a la cárcel a los periodistas”.
CIDH ya emitió medida cautelar derivada de la penalización de delitos contra el honor
Se trata de la medida cautelar número 196-14 del 05 de noviembre de 2014, en el caso del periodista Julio Ernesto Alvarado(QDDG), quien fue condenado a un año y cuatro meses de prisión por permitir una denuncia contra tráfico de títulos en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, UNAH, en el año 2006.
En los análisis para emitir la medida cautelar de solicitar la suspensión de la ejecución de la pena al Estado de Honduras porque afecta dos dimensiones de derechos: El individual y el colectivo.
La CIDH señaló en el numeral 33 que “la ejecución de la condena impuesta al periodista Julio Ernesto Alvarado genera un daño irreparable a la libertad de expresión en dos dimensiones: En su dimensión individual significaría que el periodista no podría difundir en el futuro informaciones que afecten a funcionarios públicos y sería una medida de censura.
Agregó que en su dimensión colectiva “la ejecución de esta decisión produce un claro daño irreparable respecto a los periodistas y comunicadores y la sociedad hondureña en su conjunto. Produce un inevitable efecto silenciador respecto a todas las personas que estarán sometidas a una constante autocensura antes de informar sobre hechos que puedan considerarse ofensivos por funcionarios públicos y por consiguiente pueda resultar en la prohibición de expresarse sobre asuntos de interés público o la inhabilitación para ejercer el peridismo
Peticiones engavetadas en el Congreso Pasado
En octubre de 2019 Mauricio Oliva, presidente del Congreso Nacional de Honduras, ratificó ayer que la injuria, calumnia y difamación, serán despenalizados en cumplimiento a la petición que hizo el Colegio de Periodistas de Honduras (CPH).
El Colegio de Periodistas de Honduras, CPH presentó en diciembre de 2019 esta propuesta de decreto para despenalizar los delitos contra el honor, pero la misma fue engavetada por ese parlamento.
En marzo de 2020 se recolectaron firmas para presentar una iniciativa ciudadana con el mismo fin, pero tomando como base el caso del periodista David Romero Ellner, condenado y encarcelado por difamación y calumnia.
Periodistas perseguidos
Producto de la aplicación de la legislación de los delitos contra el honor hay un periodista que está siendo perseguido. Se trata de Carlos Ávila, quien ha llevado en sus espaldas acciones penales desde el 2007 cuando denunció acoso sexual en el un colegio de Choluteca, en el Sur del país.
Esta información la publico en el tiempo que era estudiantes de periodismo en los medios de comunicación El Heraldo y La Tribuna. El profesor al que denunció no ha cesado en su afán de llevarlo a prisión y cuenta con el aval de una juez de sentencia que le aplicó el nuevo Código Penal el cual no admite conmuta, sin contar con su decisión de aceptar o no este código o el anterior, tal como lo señala la Ley, que las legislaciones se aplican cuando favorecen a los condenados.
